LEY ESTATAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE DEL ESTADO DE NAYARIT

ULTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2002

Ley Publicada en la Tercera Sección del Periódico Oficial del Estado de Nayarit el Miércoles 25 de Abril del 2001.

C.P. ANTONIO ECHEVARRÍA DOMÍNGUEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nayarit a los habitantes del mismo, sabed:

Que el H. Congreso Local se ha servido dirigirme para su promulgación, el siguiente:

DECRETO NUMERO 8335

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, representado por su XXVI Legislatura

D E C R E T A :

LEY ESTATAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE NAYARIT



TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES


CAPÍTULO I

Normas Preliminares

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto propiciar el desarrollo sustentable del Estado de Nayarit, de acuerdo a las siguientes bases:

I.- Garantizar el derecho de toda persona, dentro del territorio del Estado de Nayarit, a vivir en un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, y establecer las acciones necesarias para exigir y conservar tal derecho;

II.- Asumir por medio de la presente Ley su competencia y atribuciones en la materia y delimitar las que correspondan a sus municipios; considerando los lineamientos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y la Ley General de Vida Silvestre;

III.- Establecer los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación;

IV.- Preservar, restaurar y mejorar el ambiente;

V.- Regular, bajo criterios de sustentabilidad, el acceso y aprovechamiento de los recursos naturales de competencia estatal;

VI.- Prevenir y controlar la contaminación del aire, el agua y suelo, en el territorio del Estado;

VII.- Establecer mecanismos para la restauración de los recursos naturales de forma que se asegure su aprovechamiento sustentable;

VIII.- Establecer el derecho de toda persona, física o moral, en forma individual o colectiva, para exigir el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y de aquellas que de ella deriven;

IX.- Asegurar la efectiva participación social de conformidad con lo dispuesto en este ordenamiento, para lo cual se regulará el acceso y uso de la información ambiental; y

X.- Establecer los mecanismos e instancias de coordinación, inducción y concertación, entre autoridades estatales y municipales, entre éstas y los sectores social y privado, así como con personas y grupos sociales, en materia ambiental.

La Ley de Protección Civil para el Estado de Nayarit y el Código Civil para el Estado de Nayarit, serán de aplicación supletoria de la presente Ley.

Artículo 2.- Se considera de utilidad pública:

I.- El ordenamiento ecológico regional y local en los casos previstos por ésta y las demás leyes aplicables;

II.- El establecimiento, protección y preservación de áreas naturales protegidas de competencia estatal y municipal, áreas de restauración ecológica y zonas críticas prioritarias;

III.- La formulación y ejecución de acciones para prevenir y controlar la contaminación del aire y suelo en el territorio del Estado y de aquellas aguas bajo su control;

IV.- La formulación y ejecución de acciones de protección y preservación de la biodiversidad ubicada en las zonas sobre las que el Estado ejerce su jurisdicción,

V.- El establecimiento de zonas intermedias de salvaguardia, con motivo de la presencia de actividades riesgosas que afecten o puedan afectar el equilibrio de los ecosistemas, la integridad de las personas o el ambiente del Estado;

VI.- El establecimiento de medidas que aseguren el mantenimiento e incremento de los recursos genéticos y de la vida silvestre en el ámbito de su competencia, frente al peligro de deterioro grave o extinción;

VII.- Las actividades vinculadas con la prestación del servicio público de suministro de agua potable y tratamiento de descargas a alcantarillado urbano; y

VIII.- La ejecución de programas destinados a fomentar la educación ambiental y a otorgar incentivos para la aplicación de tecnología ambiental.

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley se entenderá:

I.- Actividades riesgosas: Las actividades que puedan afectar negativamente al ambiente, en virtud de las características de los materiales que se generen o manejen en establecimientos industriales, comerciales o de servicios, considerando además, los volúmenes de manejo y la ubicación del establecimiento, señaladas en el acuerdo que al efecto emita el Instituto;

II.- Aguas residuales: Las aguas provenientes de actividades domésticas, industriales, comerciales, agrícolas, pecuarias o de cualquier otra actividad humana y que por el uso recibido se le hayan incorporado contaminantes;

III.- Ambiente: El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados;

IV.- Áreas naturales protegidas estatales: Las zonas del territorio del Estado de Nayarit, respecto de las cuales la entidad ejerza su jurisdicción, en las que los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad humana y que requieran ser preservadas o restauradas y estén sujetas al régimen previsto en la presente ley;

V.- Áreas verdes: Porción de territorio ocupado por vegetación natural o inducida, generalmente localizada en los espacios urbanos y utilizada como lugar de esparcimiento y recreo por los habitantes que las circundan;

VI.- Barrancas: Depresión geográfica que por sus condiciones topográficas y geológicas se presentan como hendiduras y sirven de refugio de vida silvestre, de cauce de los escurrimientos naturales de ríos, riachuelos y precipitaciones pluviales;

VII.- Centro de población: Las áreas constituidas por zonas urbanizadas, las que se reserven a su expansión y las que se consideren no urbanizables por causas de preservación ecológica, prevención de riesgos y mantenimiento de actividades productivas dentro de los límites marcados por los Planes de Desarrollo Urbano de dichos centros, así como las que por resolución de la autoridad competente se prevean para la fundación de los mismos;

VIII.- Contaminación: La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de cualquier combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico;

IX.- Contaminación visual: Alteración de las cualidades de la imagen de un paisaje natural o urbano, causada por cualquier elemento funcional o simbólico, que tenga carácter comercial, propagandístico o de servicios;

X.- Contaminante: Toda materia o energía en cualesquiera de sus estados físicos y formas, que al incorporarse y actuar en la atmósfera, aguas, suelos, flora, fauna o cualquier elemento natural, altere o modifique su composición y condición natural;

XI.- Contingencia ambiental: Situación de riesgo, derivada de actividades humanas o fenómenos naturales que puede poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas;

XII.- Control: Inspección, vigilancia y aplicación de las medidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en este ordenamiento;

XIII.- Daño ambiental: Toda pérdida, deterioro o menoscabo que se actualice en cualquiera de los elementos que conforman un ecosistema, un recurso biológico o natural, o en los que condicionan la salud o la calidad de vida de la población, como resultado de la actividad humana, en contravención a esta ley, su reglamento, normas oficiales y demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables;

XIV.- Desarrollo Sustentable: El proceso evaluable mediante criterios e indicadores de carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que se funda en medidas adecuadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras;

XV.- Desequilibrio Ecológico: La alteración de las relaciones de interdependencia entre los elementos naturales que conforman el ambiente, que afectan negativamente la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos;

XVI.- Día multa: Multa equivalente a un día de Salario mínimo general vigente en el Estado de Nayarit, al momento de aplicar la sanción correspondiente;

XVII.- Ecosistema: La unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y de éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados;

XVIII.- Equilibrio Ecológico: La relación de interdependencia entre los elementos naturales que conforman el ambiente, que hacen posible la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos;

XIX.- Educación ambiental: Proceso permanente, sistematizado e interdisciplinario de enseñanza-aprendizaje orientado a la formación de individuos que fortalezca valores, aclare conceptos y desarrolle actitudes y habilidades necesarias para una convivencia armónica en el ambiente;

XX.- Elemento natural: Los elementos físicos, químicos y biológicos que se presentan en un tiempo y espacio determinados sin la inducción del hombre;

XXI.- Emergencia ecológica: Situación derivada de actividades humanas o fenómenos naturales que al afectar severamente a elementos, pone en peligro a uno o varios ecosistemas;

XXII.- Estado: El Estado libre y soberano de Nayarit;

XXIII.- Estudio de Riesgo: Documento mediante el cual se da a conocer a partir del análisis de las acciones proyectadas para el desarrollo de una obra o actividad, los riesgos que éstas presentan para el equilibrio ecológico, la seguridad de las personas o el ambiente, así como las medidas técnicas preventivas, correctivas o de seguridad tendientes a evitar, mitigar, minimizar o controlar los efectos adversos al equilibrio ecológico en caso de un posible accidente, durante la ejecución u operación de la obra o actividad de que se trate;

XXIV.- Evaluación de impacto ambiental: Procedimiento a través del cual el Instituto analizará la procedencia ambiental de proyectos específicos, así como las condiciones a que se sujetarán los mismos para la realización de las obras, públicas o privadas, que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los limites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente, preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos;

XXV.- Fuentes fijas: Los establecimientos industriales, mercantiles y de servicio que emitan contaminantes al ambiente;

XXVI.- Fuentes móviles: Todo artefacto propulsado por un motor que se encuentre destinado al transporte terrestre o acuático de personas o de carga, o ambos, de uso privado o de servicio público que emitan o puedan emitir contaminantes al ambiente;

XXVII.- Germoplasma: Conjunto formado por el total del material hereditario o banco genético; que contiene todas las posibles variaciones que presentan una o varias especies, poblaciones y grupos;

XXVIII.- Hábitat: El sitio específico en un medio ambiente, físico, ocupado por un organismo, una población, una especie o comunidades de especies en un tiempo determinado;

XXIX.- Información ambiental: Cualquier información escrita, visual o en forma de base de datos, de que dispongan las autoridades ambientales en materia de agua, aire, suelo, vida silvestre y recursos naturales en general, así como sobre las actividades o medidas que les afecten o puedan afectarlos;

XXX.- Impacto ambiental: Modificación del ambiente, ocasionado por la acción del hombre o de la naturaleza;

XXXI.- Informe preventivo: El documento mediante el cual se da a conocer la información ambiental que establece esta Ley sobre una obra o actividad;

XXXII.- Instituto: El Instituto Nayarita para el Desarrollo Sustentable;

XXXIII.- Lago: Depósito natural de aguas nacionales delimitado por la cota de la creciente máxima ordinaria;

XXXIV.- Ley: Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente;

XXXV.- Manejo: Conjunto de actividades que incluyen, tratándose de recursos naturales, la extracción, utilización, explotación, aprovechamiento, administración, conservación, restauración, desarrollo, mantenimiento y vigilancia; o tratándose de materiales o residuos, el almacenamiento, la recolección, transporte, alojamiento, reuso, tratamiento, reciclaje, incineración y disposición final.

XXXVI.- Manifestación de impacto ambiental: El documento mediante el cual se da a conocer, con base en estudios, el impacto ambiental que generaría una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo;

XXXVII.- Material genético: Todo material de origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo, que contenga unidades funcionales de herencia;

XXXVIII.- Materiales peligrosos: Los elementos, substancias, compuestos o residuos y sus mezclas, que por sus características corrosivas, tóxicas, reactivas, explosivas, inflamables, o biológico infecciosas, representan un riesgo para el ambiente, de conformidad con las normas oficiales aplicables;

XXXIX.- Medidas de prevención: Conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente de una obra o actividad para evitar efectos previsibles del deterioro del ambiente;

XL.- Medidas de mitigación: Conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente de una obra o actividad para atenuar los impactos y restablecer o compensar las condiciones ambientales;

XLI.- Normas Oficiales: Las Normas Oficiales Mexicanas;

XLII.- Normas ambientales: Las Normas de carácter técnico expedidas por el Instituto;

XLIII.- Ordenamiento ecológico: El instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del ambiente, la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos;

XLIV.- Parques Estatales: Son aquellos que se constituirán tratándose de representaciones biogeográficas en el ámbito estatal de uno o más ecosistemas que se caractericen por su belleza escénica, su valor científico, educativo, de recreo, su valor histórico, por la existencia de flora y fauna, por su aptitud para el desarrollo del turismo sustentable o bien por otras razones análogas de interés general;

XLV.- Preservación: Conjunto de políticas y medidas para mantener las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los ecosistemas y hábitat naturales, así como conservar las poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y los componentes de la biodiversidad fuera de sus hábitats naturales;

XLVI.- Prevención: Conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el deterioro del ambiente;

XLVII.- Programa de Manejo: Documento rector y planificador de las áreas naturales protegidas que contiene la información básica y establece normas de uso de los recursos;

XLVIII.- Protección: Conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar su deterioro;

XLIX.- Reciclaje: Método de tratamiento que consiste en la transformación de los residuos con fines productivos y de reutilización;

L.- Recurso Natural: El elemento natural susceptible de ser aprovechado en beneficio del hombre;

LI.- Reservas Estatales: Las áreas donde existan uno o más ecosistemas que deban preservarse por ser de interés para la comunidad;

LII.- Residuo: Cualquier material que se genere en los procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento, cuya calidad no permita que pueda ser usado nuevamente y que requiera ser dispuesto finalmente, conforme a lo señalado por la presente ley;

LIII.- Residuos Domésticos: Aquellos que se generan en las casas habitación construcciones, demoliciones, parques, vía pública, oficinas, sitios de reunión, mercados, comercios, establecimientos de servicios e industrias y que no sean catalogados como industriales o peligrosos;

LIV.- Residuos industriales: Todos aquellos residuos que se generan en actividades industriales, que no sean catalogados como domésticos o como residuos peligrosos;

LV.- Restauración: Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales;

LVI.- SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

LVII.- Tratamiento: Acción de transformar las características de los residuos, a fin de que puedan incorporarse al ciclo económico o ser dispuestos con seguridad;

LVIII.- Vaso: El deposito natural de aguas, delimitando por la cota de la creciente máxima y ordinaria;

LIX.- Vida silvestre: Los organismos que subsisten sujetos a los procesos de evolución natural y que se desarrollan libremente en su hábitat, incluyendo sus poblaciones menores e individuos que se encuentran bajo el control del hombre, así como los federales; y

LX. Zonas criticas prioritarias: Las áreas o sitios que presenten grave problema de degradación que afecta la calidad de los recursos del aire, agua, suelo o biota y que representen peligro a largo plazo a la salud publica o al ambiente.


CAPÍTULO II

De las atribuciones del Estado, concurrencia del Gobierno de la Entidad y sus Municipios, y coordinación entre los tres niveles de Gobierno

Artículo 4.- Es competencia del Gobierno del Estado:

I.- Precisar y conducir la política ambiental del Estado, en congruencia con las que en su caso expida la Federación;

II.- Preservar y restaurar el equilibrio ecológico y la protección del ambiente en el territorio de la Entidad, salvo cuando se refiera a casos de competencia federal o municipal;

III.- Adoptar en coordinación con los Municipios, las medidas necesarias para prevenir y controlar emergencias ecológicas y contingencias ambientales, en forma independiente o participativa con la Federación, cuando la magnitud o gravedad de los desequilibrios ecológicos o daños al ambiente no rebasen el territorio del Estado o no hagan necesaria la acción exclusiva de la Federación o del Municipio;

IV.- Regular las actividades consideradas riesgosas en coordinación con los Municipios, cuando por los efectos que puedan generar, afecten o alteren los ecosistemas o el ambiente;

V.- Crear, declarar, administrar, vigilar, regular y custodiar las áreas naturales protegidas, de jurisdicción estatal;

VI.- Prevenir y controlar la contaminación de la atmósfera, generada en zonas o por fuentes emisoras de jurisdicción Estatal;

VII.- Establecer las medidas para hacer efectiva la prohibición de emisiones contaminantes, que rebasen los niveles máximos permisibles, por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, olores y otros factores perjudiciales al equilibrio ecológico o al ambiente;

VIII.- Regular el aprovechamiento racional, prevenir y controlar la contaminación de aguas de competencia estatal en congruencia con las disposiciones legales vigentes en la materia;

IX.- Prevenir la contaminación de las aguas federales que el Estado o los Municipios tengan asignadas o concesionadas para la prestación de servicios públicos y de las que se descarguen en las redes de drenaje y alcantarillado de los centros de población, sin perjuicio de las facultades de la Federación en materia de tratamiento, descarga, infiltración y reuso de aguas residuales, conforme a las leyes aplicables;

X.- Establecer los Ordenamientos Ecológicos Regionales o Locales, con la participación de los Municipios y en congruencia con el general formulado por la Federación y considerando la legislación federal correspondiente;

XI.- Regular en coordinación con los Municipios, con fines de preservación ambiental, el aprovechamiento de los minerales o sustancias no reservadas a la Federación, que constituyan depósitos de naturaleza semejante a los componentes de los suelos, tales como rocas, arcillas, arenas y calizas, o productos de su fragmentación que solo puedan utilizarse para la fabricación de materiales para la construcción u ornato;

XII.- Regular el manejo y disposición final de los residuos que no sean considerados peligrosos, conforme a la Ley General, esta Ley y sus disposiciones reglamentarias;

XIII.- Proteger las áreas de valor escénico, histórico, o la imagen del paisaje natural o urbano, contra la contaminación visual;

XIV.- Evaluar la manifestación del impacto ambiental previo a la realización de las obras o actividades de competencia estatal;

XV.- Atender los asuntos que pueden afectar negativamente el equilibrio ecológico de dos o más municipios de la Entidad;

XVI.- Concertar con los sectores social y privado, la realización de acciones en las materias de su competencia, para el cumplimiento de la presente Ley;

XVII.- Establecer y aplicar las sanciones administrativas por violaciones a la presente Ley y su Reglamento y demás disposiciones que de ella se deriven;

XVIII.- Celebrar convenios de coordinación técnico fiscales con los municipios, para la aplicación de la presente Ley;

XIX.- Asesorar a los Municipios en las materias que regula la presente Ley; y

XX. Las demás a que se refiere esta Ley y otros ordenamientos aplicables.

Artículo 5.- Corresponde a los Municipios de la Entidad:

I.- Formular y conducir la política ambiental, en el ámbito municipal, en congruencia con la que se expida para el Estado;

II.- Preservar y restaurar el equilibrio ecológico y la protección al ambiente en sus respectivas circunscripciones territoriales, salvo cuando se refieran a asuntos reservados a la Federación o al Estado;

III.- Prevenir y controlar emergencias ecológicas y contingencias ambientales en forma independiente o participativa con el Ejecutivo del Estado, cuando la magnitud o gravedad de los desequilibrios ecológicos o daños al ambiente no rebasen el territorio municipal o hagan necesaria la intervención del Gobierno del Estado o de la Federación;

IV.- Participar con el Estado, en la regulación de las actividades que no sean consideradas altamente riesgosas, realizadas en sus respectivas circunscripciones territoriales;

V.- Crear, administrar, regular y custodiar los parques urbanos y participar en el establecimiento y administración de las zonas sujetas a conservación ecológica, cuando éstas se localicen dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales;

VI.- Prevenir y controlar la contaminación de la atmósfera, generada por fuentes fijas y por fuentes móviles, de jurisdicción municipal;

VII.- Aplicar las medidas para hacer efectiva la prohibición de emisiones contaminantes que rebasen los niveles permisibles por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, olores y otros factores perjudiciales al equilibrio ecológico o al ambiente, dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales y que fueren generadas por fuentes emisoras de jurisdicción municipal;

VIII.- Prevenir y controlar la contaminación de las aguas federales que tengan asignadas para la prestación de los servicios públicos y de las que se descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población;

IX.- Programar el ordenamiento ecológico municipal, particularmente en los asentamientos humanos y participar en la programación del Ordenamiento Ecológico Regional, en lo relativo a su circunscripción territorial;

X.- Evaluar la manifestación del impacto ambiental o el tomar conocimiento del informe preventivo previo a la realización de las obras o actividades no reservadas a la Federación o al Estado.;

XI.- Participar con el Estado en la regulación del aprovechamiento de los minerales o sustancias no reservadas a la federación, que constituyan depósitos de naturaleza semejante a los componentes de los suelos, tales como rocas, arcillas, arenas, calizas o productos de su fragmentación que sólo pueden utilizarse para la fabricación de materiales para la construcción u ornato;

XII.- Preservar, vigilar y restaurar el equilibrio ecológico y la protección al ambiente en los centros de población, en relación con los efectos derivados de los servicios de alcantarillado, limpia, mercados, centrales de abasto, panteones, rastros, calles, tránsito y transporte municipal;

XIII.- Participar en la conservación y vigilancia de los recursos de flora y fauna en el ámbito de su competencia, en coordinación con las dependencias del sector;

XIV.- Administrar los sistemas de manejo y disposición final de los residuos domésticos e industriales;

XV.- Proteger la imagen de los centros de población contra la contaminación visual;

XVI.- Concertar con los Gobiernos Federal, del Estado y la Sociedad Civil en General, para la realización de acciones en las materias de su competencia, conforme a esta Ley;

XVII.- Aplicar las sanciones administrativas por violaciones a la presente Ley y su Reglamento, en las materias de su competencia; y

XVIII. Emitir el Reglamento respectivo en el ámbito de su competencia.


CAPÍTULO III

De la Gestión Ambiental.

Artículo 6.- El Ejecutivo del Estado, a través del Instituto, podrá celebrar acuerdos de coordinación con la Federación en las materias de esta Ley, para realizar actividades o ejercer facultades en bienes y zonas de jurisdicción federal.

Asimismo, podrá celebrar convenios con los gobiernos de otros Estados en materia ambiental, con la participación que corresponda a la Federación.

Artículo 7.- El Ejecutivo del Estado, por conducto de las dependencias competentes, podrá celebrar convenios de coordinación con los Municipios, para la realización de acciones conjuntas en las materias de esta Ley.

Los Municipios podrán celebrar convenios entre sí, cuando estas acciones impliquen medidas comunes de beneficio ambiental.

Artículo 8.- El Ejecutivo del Estado, a través del Instituto, procurará que en los acuerdos y convenios de coordinación celebrados con la Federación o los Municipios, se establezcan condiciones que faciliten la descentralización de facultades y recursos financieros para el mejor cumplimiento de esta Ley.


CAPÍTULO IV

Del Instituto

Artículo 9.- El Instituto Nayarita para el Desarrollo Sustentable, es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, encargado de instrumentar, conducir, promover, ejecutar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, fungiendo además, como instancia para promover la coordinación con los Municipios y la Federación, así como la concertación con la sociedad.

Corresponderá al Instituto, identificar las acciones para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y la protección al ambiente en la Entidad, proponer prioridades y programas para su atención, así como impulsar la participación en estas tareas, de los sectores público, social y privado y de la comunidad en general.

Artículo 10.- La integración, estructura, facultades específicas, y reglas de operación del Instituto serán precisadas en el decreto que al efecto expida el Ejecutivo del Estado, estableciéndose como mínimo, unidades administrativas en materia de:

A. Recursos Naturales:

1. Forestal y suelo;

2. Vida silvestre.

B. Planeación ambiental:

1. Coordinación de concurrencias;

2. Políticas de ordenamiento;

3. Sistemas de información Ambiental;

4. Sociedad y medio ambiente.

C. Monitoreo del Desarrollo:

1. Impacto y riesgo ambiental;

2. Riesgos de desastres naturales;

3. Emisiones a la atmósfera y aguas residuales;

4. Desechos sólidos.

D. Inspección y vigilancia ambiental y de recursos naturales.

En todo caso, los Municipios serán invitados a participar con el Instituto, cuando se trate de acciones ambientales que incidan en su ámbito territorial. Por acuerdo del Instituto también podrán ser invitados, miembros de los Sectores Social y Privado y de la Sociedad Civil en general, así como instituciones educativas y de investigación.

Artículo 11.- Cada Ayuntamiento promoverá la creación de un Comité Municipal de Ecología.


CAPÍTULO V

De la formulación y conducción de la política ambiental

Artículo 12.- Para la formulación y conducción de la política ambiental estatal y la aplicación de las medidas e instrumentos previstos en esta Ley, se observarán los siguientes principios:

I.- Los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad, y de su equilibrio dependen la vida y las posibilidades productivas del Estado y del País;

II.- Los ecosistemas y sus elementos deben ser aprovechados sustentablemente, de manera que se asegure una productividad óptima y sostenida, compatible con su equilibrio ecológico e integridad;

III.- Las autoridades del Estado, los Municipios, los particulares y demás actores de la sociedad, deben asumir la responsabilidad de la preservación, conservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente;

IV.- Quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar al ambiente está obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a asumir los costos que dicha afectación implique. Así mismo, deberá por el Estado y los Municipios incentivarse a quien proteja al ambiente y aproveche de manera sustentable los recursos naturales;

V.- La responsabilidad respecto al equilibrio ecológico, comprende tanto las condiciones presentes como las que determinarán la calidad de vida de las futuras generaciones;

VI.- La prevención de las causas que generan los desequilibrios ecológicos, es el medio más eficaz para evitarlos;

VII.- El aprovechamiento de los recursos naturales renovables, debe realizarse de manera que no ponga en peligro y asegure la permanencia de la diversidad y renovación de la flora y fauna;

VIII.- Los recursos naturales no renovables deben utilizarse de modo racional en tanto se encuentran alternativas para evitar el peligro de su agotamiento y la generación de efectos ecológicos adversos;

IX.- Los sujetos principales de la concertación son los individuos en lo particular, los grupos y las organizaciones sociales. El propósito de la concertación de acciones ecológicas, es reorientar la relación entre la sociedad y la naturaleza;

X.- La coordinación entre el Gobierno del Estado, sus Municipios, y la Federación, así como la concertación con la sociedad, son indispensables para la eficacia de las acciones ecológicas;

XI.- En el ejercicio de las atribuciones que las leyes confieren al Estado y a sus Municipios para regular, promover, restringir, prohibir, orientar y, en general, inducir las acciones de los particulares en los campos económico y social, se considerarán los criterios de preservación, conservación y restauración del equilibrio ecológico;

XII.- El control y la prevención de la contaminación ambiental, el adecuado aprovechamiento de los elementos naturales y el mejoramiento del entorno natural en los asentamientos humanos, son factores fundamentales para elevar la calidad de vida de la población;

XIII.- Las actividades que lleven a cabo dentro del territorio del Estado, no afectarán el equilibrio ecológico de otros Estados o zonas de jurisdicción federal;

XIV.- La erradicación de la pobreza es fundamental para alcanzar el desarrollo sustentable;

XV.- Las mujeres cumplen una importante función en la protección, preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y en el desarrollo. Su integral participación es esencial para lograr el desarrollo sustentable; y

XVI. Los procesos de creación e instrumentación de políticas ambientales se orientarán siempre por el principio precautorio.


CAPÍTULO VI

De los Instrumentos de la Política Ambiental


SECCIÓN I

De la Planeación Ambiental

Artículo 13.- En la planeación estatal del desarrollo, serán considerados la política ambiental y el ordenamiento ecológico que se establezcan de conformidad con esta Ley, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y las demás disposiciones aplicables en la materia.

Artículo 14.- El Ejecutivo Estatal formulará un programa estatal ambiental, de conformidad con los lineamientos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo y vigilará su aplicación y evaluación periódica.


SECCIÓN II

Del Ordenamiento Ecológico del Territorio

Artículo 15.- En la formulación del ordenamiento ecológico del territorio, se considerarán:

I.- La naturaleza y características de cada ecosistema, dentro del Estado de Nayarit, de conformidad y en complemento con el programa de ordenamiento ecológico general del territorio nacional;

II.- La vocación de cada zona o región del Estado, en función de sus recursos naturales, la distribución y densidad de la población y las actividades económicas predominantes;

III.- Los desequilibrios existentes en los ecosistemas por efecto de los asentamientos humanos, de las actividades económicas o de otras actividades humanas o fenómenos naturales;

IV.- El equilibrio que debe existir entre los asentamientos humanos y sus condiciones ambientales;

V.- El impacto ambiental de nuevos asentamientos humanos, obras o actividades;

VI.- Las relaciones ancestrales, étnicas y culturales de las comunidades con su entorno ecológico;

VII.- Las prácticas sustentables y no sustentables, de aprovechamiento de los recursos naturales y sus repercusiones en los ecosistemas; y

VIII.- El carácter especial o prioritario de una región.

Artículo 16.- Los programas de ordenamiento ecológico tendrán por objeto determinar:

I.- La regionalización ecológica del territorio estatal de las zonas sobre las que el Estado ejerce soberanía y jurisdicción, a partir del diagnóstico de las características, disponibilidad y demanda de los recursos naturales, así como de las actividades productivas que en ellas se desarrollen y de la ubicación y situación de los asentamientos humanos existentes; y

II. Los lineamientos y estrategias ecológicas para la conservación, preservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, así como para la localización y planeación de actividades productivas y de los asentamientos humanos.

Artículo 17.- El ordenamiento ecológico será considerado para la regulación del aprovechamiento de los recursos naturales, en la localización de las actividades productivas secundarias y en los asentamientos humanos, conforme a las siguientes bases:

I.- El aprovechamiento de los recursos naturales, será considerado en:

A) La realización de obras públicas, federales, estatales y municipales.

B) Las autorizaciones relativas al uso del suelo en actividades agropecuarias, forestales, y primarias en general, que puedan causar desequilibrios ecológicos.

C) El otorgamiento de asignaciones, concesiones, autorizaciones o permisos para el uso, explotación y aprovechamiento de aguas de propiedad nacional y de jurisdicción del Estado.

D) El otorgamiento de permisos o autorizaciones de aprovechamiento forestal.

E) El otorgamiento de autorizaciones o permisos para el aprovechamiento de los minerales o sustancias no reservadas a la Federación, que constituyan depósitos de naturaleza semejante a los componentes de los terrenos o productos de su descomposición que sólo pueden utilizarse para la fabricación de materiales para la construcción u ornato.

F) El otorgamiento de concesiones, permisos y autorizaciones para el aprovechamiento de especies de flora y fauna silvestre y acuáticas.

G) El financiamiento a las actividades agropecuarias forestales y primarias en general, para inducir su adecuada localización, y

H) El otorgamiento de autorizaciones o permisos para actividades, proyectos y desarrollos turísticos de cualquier índole.

II.- En la localización de la actividad industrial y de los servicios, serán considerados:

A) La realización de obras y actividades federales, estatales y municipales, públicas y privadas.

B) Las autorizaciones para la construcción y operación de establecimientos industriales, comerciales o de servicios.

C) El otorgamiento de estímulos fiscales orientados a promover la adecuada localización de las actividades productivas, y

D) Financiamiento a las actividades económicas para inducir su adecuada localización y en su caso su reubicación.

III.- En lo que se refiere a los asentamientos humanos, serán considerados:

A) Los planes y programas de desarrollo urbano, del territorio del Estado.

B) La fundación de nuevos centros de población.

C) La creación de reservas territoriales y la determinación de los usos, provisiones y destinos del suelo.

D) La ordenación urbana del territorio de la Entidad y los programas de los gobiernos estatales y municipales para infraestructura, equipamiento urbano y vivienda.

E) Los financiamientos para infraestructura, equipamiento urbano y vivienda otorgados por las Instituciones de crédito público, privado y otras entidades, y

F) Los apoyos que otorguen los Gobiernos Estatales y de los municipios para orientar los usos del suelo.

ARTÍCULO 18.- En el ordenamiento ecológico se tomarán en cuenta:

I.- La programación del uso del suelo y el manejo de los recursos naturales;

II.- Las Normas Oficiales Mexicanas, criterios ecológicos y las normas ambientales que al efecto expida el instituto;

III.- Las declaratorias de áreas naturales protegidas incluidas en el Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas y el Sistema Estatal de Areas Naturales Protegidas;

IV.- Las declaratorias de usos, destinos y reservas que tengan fundamento en la Ley Forestal; y

V. Las declaratorias de usos, destinos y reservas que se hagan con fundamento en la Legislación del Estado.

Artículo 19.- El ordenamiento ecológico se llevará a cabo a través de:

I.- El programa de ordenamiento ecológico local;

II.- Los programas de ordenamiento ecológico regionales;

III.- Los programas de ordenamiento ecológico municipales;

IV.- Los programas de ordenamiento ecológico comunitarios; y

V.- Las declaratorias de ordenamiento ecológico correspondientes a los programas señalados en las fracciones anteriores de este artículo.

Artículo 20.- Una vez elaborados por el Instituto, los programas de ordenamiento ecológico que le competan, el titular del Ejecutivo del Estado emitirá la Declaratoria correspondiente, en un término no mayor a seis meses.

Artículo 21.- En la formulación, ejecución, evaluación, vigilancia y modificación de programas de ordenamiento ecológico, el Instituto y los ayuntamientos convocarán públicamente a toda persona interesada, grupos y organizaciones sociales y empresariales, instituciones académicas y de investigación para su participación.

Artículo 22.- El Estado participará con la Federación, entidades federativas o municipios vecinos, en la formulación de los programas regionales correspondientes cuando la región ecológica respectiva comprenda territorios que no sean de su exclusiva competencia del Estado.

Artículo 23.- El programa de ordenamiento ecológico local abarcará el total del territorio del Estado, por su parte, los programas de ordenamiento ecológico regionales abarcarán una fracción del territorio del Estado.

Los programas de ordenamiento ecológico local y regional a que se refiere este Artículo, deberán contener por lo menos:

a) La determinación del área o región a ordenar, describiendo sus atributos físicos, bióticos y socioeconómicos, así como el diagnóstico de sus condiciones ambientales y las tecnologías utilizadas por los habitantes del área.

b) La determinación de los criterios de regulación ecológica para la conservación, preservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que se localicen en la región de que se trate, así como para la realización de actividades productivas y la ubicación de asentamientos humanos, y

c) Los lineamientos para su ejecución, evaluación, seguimiento y modificación.

Artículo 24.- Los programas de ordenamiento ecológico municipal serán expedidos por las autoridades municipales. Los ordenamientos ecológicos comunitarios serán expedidos por el instituto o la autoridad municipal de conformidad por lo dispuesto por la presente Ley y su Reglamento que tendrán por objeto:

I.- Determinar las distintas áreas ecológicas que se localicen en la zona ó región de que se trate, describiendo sus atributos físicos, bióticos y socioeconómicos, así como el diagnóstico de sus condiciones ambientales, y de las tecnologías utilizadas por los habitantes del área de que se trate;

II.- Regular, fuera de los centros de población, los usos del suelo con el propósito de proteger el ambiente y preservar, restaurar y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales respectivos, fundamentalmente en la realización de actividades productivas y la localización de asentamientos humanos; y

III. Establecer los criterios de regulación ecológica para la protección, conservación, preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales dentro de los centros de población, a fin de que sean considerados en los planes o programas de desarrollo urbano correspondientes.

Artículo 25.- Los procedimientos bajo los cuales serán formulados, aprobados, expedidos, evaluados y modificados los programas de ordenamiento ecológico, son determinados en la presente Ley y su Reglamento conforme a las siguientes bases:

I.- Los programas de ordenamiento ecológico local, serán congruentes con los programas ecológicos marinos, en su caso, y con el ordenamiento general o regional del territorio;

II.- Los programas de ordenamiento ecológico cubrirán una extensión geográfica cuyas dimensiones permitan regular el uso del suelo, de conformidad con lo previsto en esta Ley;

III.- Las previsiones contenidas en los programas de ordenamiento ecológico del territorio, mediante las cuales se regulen los usos del suelo, se referirán únicamente a las áreas localizadas fuera de los límites de los centros de población. Cuando en dichas áreas se pretenda la ampliación de un centro de población ó la realización de proyectos de desarrollo urbano, se estará a lo que establezca el programa de ordenamiento ecológico respectivo, el cual sólo podrá modificarse mediante el procedimiento que establece la presente Ley y su Reglamento;

IV.- El ordenamiento ecológico local y la ordenación y regulación de los asentamientos humanos, deberán ser compatibles.

Asimismo, los programas de ordenamiento ecológico preverán los mecanismos de coordinación, entre las distintas autoridades involucradas en la formulación y ejecución de los programas;

V.- Cuando un programa de ordenamiento ecológico incluya un área natural protegida, el programa será elaborado y aprobado en forma conjunta por el Instituto y los municipios, según corresponda;

VI.- Los programas de ordenamiento ecológico regularán los usos del suelo, incluyendo a ejidos, comunidades y pequeñas propiedades, expresando las motivaciones que lo justifiquen; y

VII. Para la elaboración de los programas de ordenamiento ecológico, se deberá garantizar la participación de los particulares, los grupos y organizaciones sociales, instituciones académicas y de investigación, empresariales y demás interesados. Dichos mecanismos incluirán por lo menos procedimientos de difusión y consulta pública de los programas respectivos;

Artículo 26.- La formulación y adecuaciones de los programas de ordenamiento ecológico local y regionales, estarán a cargo del Instituto en coordinación con los municipios.

El ordenamiento ecológico local se formulará en congruencia con el ordenamiento ecológico que establezca la Federación y particularizará en aquellos aspectos que contribuyen a establecer y preservar el equilibrio ecológico en el territorio de la Entidad.

Artículo 27.- Una vez elaborados los programas de ordenamiento ecológico, se someterán a consulta popular. Una vez efectuada la consulta popular, con las modificaciones que en su caso hubiese, los programas de ordenamiento ecológico local y regionales, se someterán a la aprobación del Gobernador del Estado.

En el caso de los programas de ordenamiento ecológico municipales y comunitarios, la aprobación de los mismos corresponderá a los ayuntamientos.

Otorgada la aprobación por el Ejecutivo y en su caso por los ayuntamientos, se publicará en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Artículo 28.- Una vez publicados los programas y las declaratorias a que se refiere el Artículo anterior, estos ordenamientos serán obligatorios.

El Instituto promoverá ante el Ejecutivo del Estado la coordinación con los gobiernos federal y municipales, para la ejecución de las acciones contenidas en estos instrumentos.


SECCIÓN III

De los Instrumentos Económicos.

Artículo 29.- Los Gobiernos Estatal y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, diseñarán, desarrollarán y aplicarán instrumentos económicos que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental y mediante los cuales se buscará:

I.- Promover un cambio en la conducta de las personas que realicen actividades industriales, comerciales, agropecuarias, forestales, pesqueras y de servicios, de tal manera que sus intereses sean compatibles con los de la colectividad en materia de protección al ambiente y desarrollo sustentable;

II.- Fomentar la incorporación de información confiable y suficiente sobre las consecuencias, beneficios y costos ambientales al sistema estatal y salarios en materia económica;

III.- Otorgar incentivos a quienes realicen acciones para la conservación, protección, preservación o restauración del equilibrio ecológico;

IV.- Promover una mayor equidad social en la distribución de costos y beneficios asociados a los objetivos de la política ambiental; y

V. Procurar su utilización conjunta con otros instrumentos de la política ambiental, en especial cuando se trate de observar umbrales o límites en la utilización de ecosistemas, de tal manera que se garantice su integridad y equilibrio, en la salud y el bienestar de la población.

Artículo 30.- Se consideran instrumentos económicos, los mecanismos normativos y administrativos de carácter fiscal, financiero o de mercado, mediante los cuales las personas asumen los beneficios y costos ambientales que generen sus actividades económicas, incentivándolas a realizar acciones que favorezcan al ambiente.

Se consideran instrumentos económicos de carácter fiscal los estímulos fiscales que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental. En ningún caso, estos instrumentos se establecerán con fines exclusivamente recaudatorios.

Son instrumentos financieros los créditos, las fianzas, los seguros de responsabilidad civil, los fondos y los fideicomisos, cuando sus objetivos estén dirigidos a la conservación, preservación, protección, restauración o aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el ambiente, así como el financiamiento de programas, proyectos o estudios de investigación científica y tecnológica destinados para la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.

Son instrumentos de mercado las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos que corresponden a volúmenes preestablecidos de emisiones de contaminantes en el aire, agua o suelo, o bien, que establecen los límites de aprovechamiento de recursos naturales, o de construcción en áreas naturales protegidas o en zonas cuya conservación, preservación y protección se considere relevante desde el punto de vista ambiental.

Las prerrogativas derivadas de los instrumentos económicos de mercado serán transferibles, no gravables y quedarán sujetas al interés público y al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Artículo 31.- Se considerarán prioritarias para efectos del otorgamiento de los estímulos fiscales que se establezcan conforme a la ley respectiva, las actividades relacionadas con:

I.- La investigación, incorporación o utilización de mecanismos, equipos y tecnologías que tengan por objeto evitar, reducir o controlar la contaminación o deterioro ambiental, así como el uso eficiente de los recursos naturales y la energía;

II.- El ahorro y aprovechamiento sustentable y la prevención de la contaminación del agua;

III.- La ubicación y reubicación de instalaciones industriales, comerciales y de servicios en áreas ambientalmente adecuadas ó idóneas para su funcionamiento;

IV.- El establecimiento, manejo y vigilancia de áreas naturales protegidas; y

V. En general aquellas actividades relacionadas con la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.


SECCIÓN IV

De la Regulación Ambiental de los Asentamientos Humanos

ARTÍCULO 32.- La regulación ambiental de los asentamientos humanos que lleven a cabo los Gobiernos Estatal y Municipales, consiste en el conjunto de normas, disposiciones y medidas de desarrollo urbano y vivienda para mantener, mejorar y restaurar el equilibrio de los asentamientos humanos con los ecosistemas naturales y asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

ARTÍCULO 33.- Para la regulación de los asentamientos humanos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y los Municipios considerarán los siguientes criterios:

I.- La planeación de los asentamientos humanos requiere de una estrecha vinculación con las políticas y criterios ambientales, por lo tanto, los Planes o Programas de Desarrollo Urbano del territorio Estatal deberán tomar en cuenta los lineamientos y estrategias contenidas en los Programas de ordenamiento ecológico del territorio Estatal;

II.- La política ambiental de planeación de asentamientos humanos deberá buscar la corrección de los desequilibrios que deterioren la calidad de vida de la población, y a la vez, prever las tendencias de crecimiento del asentamiento humano, orientándolo hacia zonas aptas, para mantener una relación suficiente entre la base de recursos y la población, y cuidar de los factores ambientales, en correspondencia con los ordenamientos ecológicos previstos;

III.- En el proceso de creación, modificación y mejoramiento del ambiente construido por el hombre, es indispensable fortalecer las previsiones de carácter ambiental, para proteger y mejorar la calidad de vida;

IV.- En la determinación de las áreas para el crecimiento de los centros de población, se fomentará la mezcla de los usos habitacionales con los productivos que no representen riesgos o daños a la salud de la población y se evitará que se afecten áreas con alto valor ambiental;

V.- Se deberá privilegiar el establecimiento de sistemas de transporte colectivo y otros medios de alta eficiencia energética y ambiental;

VI.- Se establecerán y manejarán en forma prioritaria las áreas naturales protegidas en torno a los asentamientos humanos;

VII.- Las autoridades estatales y de los Municipios, en la esfera de su competencia, promoverán la utilización de instrumentos económicos, fiscales y financieros de política urbana y ambiental, para inducir conductas compatibles con la protección y restauración del medio ambiente y con un desarrollo urbano sustentable; y

VIII. El aprovechamiento del agua para usos urbanos deberá incorporar de manera equitativa los costos de su tratamiento, considerando la afectación a la calidad del recurso y la cantidad que se utilice.

Artículo 34.- Los criterios de regulación de los asentamientos humanos serán considerados en la formulación y aplicación de las políticas, planes y programas estatales y municipales de desarrollo urbano y vivienda, y aquellos que de estos se deriven.

Artículo 35.- En la formulación de los instrumentos de desarrollo urbano a que se refiere el Artículo anterior, se deberán incorporar los siguientes elementos:

I.- Las disposiciones que establece la presente Ley en materia de conservación, preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente;

II.- El ordenamiento ecológico general y local;

III.- El cuidado de la proporción que debe existir entre las áreas verdes y las edificaciones destinadas a la habitación, los servicios y en general otras actividades;

IV.- La integración de inmuebles de alto valor histórico y cultural, con áreas verdes y zonas de convivencia social;

V.- La conservación de las áreas verdes existentes, evitando ocuparlas con obras o instalaciones contrarias a su función;

VI.- Las previsiones para el establecimiento de zonas destinadas a actividades consideradas como altamente riesgosas por la Federación;

VII.- La separación que debe existir entre los asentamientos humanos y las áreas industriales, tomando en consideración las tendencias de expansión del asentamiento humano y los impactos que tendría la industria sobre éste;

VIII.- La conservación de las áreas agrícolas fértiles, evitando su fraccionamiento para fines de desarrollo urbano; y

IX. La protección de los asentamientos humanos contra riesgos por fenómenos naturales.

ARTÍCULO 36.- Los programas y acciones de vivienda que ejecute o financie el Gobierno del Estado, promoverán:

I.- Que la vivienda que se construya en las zonas de expansión de los asentamientos humanos, guarde una relación adecuada con los elementos naturales de dichas zonas y se consideren áreas verdes suficientes para la convivencia social, de acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas y los criterios y normas técnicas aplicables;

II.- El empleo de dispositivos y sistemas de ahorro de agua potable, así como de captación, almacenamiento y utilización de aguas pluviales;

III.- Las previsiones para las descargas de aguas residuales domiciliarias a los sistemas de drenaje y alcantarillado o de cualquier sistema de tratamiento de aguas residuales;

IV.- Las previsiones para el almacenamiento temporal y recolección de residuos domésticos;

V.- El aprovechamiento óptimo de la energía solar, tanto para la iluminación como para el calentamiento;

VI.- Los diseños que faciliten la ventilación natural; y

VII. El uso de materiales y tecnologías de construcción apropiados al medio ambiente y las tradiciones regionales.


SECCIÓN V

Evaluación del Impacto Ambiental

Artículo 37.- La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la autoridad evalúa los efectos que sobre el ambiente y los recursos naturales pueden generar la realización de programas, obras públicas y privadas y actividades de desarrollo dentro del territorio del Estado de Nayarit, a fin de evitar o reducir al mínimo impactos negativos sobre el ambiente, prevenir futuros daños al ambiente y propiciar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Artículo 38.- El procedimiento de evaluación del impacto ambiental se inicia mediante la presentación del documento denominado manifestación de impacto ambiental ante el instituto y concluye con la resolución que este último emita. La elaboración de la manifestación de impacto ambiental y de riesgo, se sujetará a lo que establezca la norma ambiental que al efecto se expida.

Artículo 39.- Las personas físicas o morales interesadas en la realización de obras o actividades públicas o privadas que impliquen o puedan implicar afectación del medio ambiente o generación de riesgos, requieren autorización de impacto ambiental y, en su caso de riesgo, previo a la realización de las mismas. Las obras y actividades que requieren autorización por encontrarse en el supuesto anterior, son las siguientes:

I.- Los programas que en general promuevan cambios de uso en el suelo, de conservación o actividades económicas o prevean el aprovechamiento de los recursos naturales del Estado de Nayarit, exceptuando los terrenos forestales o de aptitud preferentemente forestal;

II.- Obras y actividades, o las solicitudes de cambio de uso del suelo que en los casos procedentes, pretendan realizarse en suelos de conservación;

III.- Obras y actividades que pretendan realizarse en áreas naturales protegidas, o en terrenos colindantes, de competencia del Estado de Nayarit;

IV.- Obras y actividades para la explotación de minas y yacimientos de arena, cantera, tepetate, piedra, arcilla, y en general cualquier yacimiento pétreo;

V.- Obras y actividades que afecten la vegetación y los suelos de escurrimientos superficiales, barrancas, cauces, canales y cuerpos de agua del Estado, y en general cualquier obra o actividad para la explotación de la capa vegetal;

VI.- Las obras y actividades que se establezcan en el programa de ordenamiento ecológico del territorio;

VII.- Las obras y actividades de carácter público o privado, destinadas a la prestación de un servicio público;

VIII.- Vías de comunicación de competencia del Estado;

IX.- Zonas y parques industriales, centrales de abasto y comerciales;

X.- Conjuntos habitacionales y nuevos centros de población;

XI.- Actividades consideradas riesgosas en los términos de esta Ley;

XII.- Las instalaciones para el manejo de residuos domésticos, industriales y agrícolas no peligrosos, en los términos de la presente Ley;

XIII.- Aquellas obras y actividades que estando reservadas a la Federación, se descentralicen a favor del Estado de Nayarit;

XIV.- Obras de más de 10 mil metros cuadrados de construcción u obras nuevas en predios de más de cinco mil metros cuadrados para uso distinto al habitacional, para obras distintas a las mencionadas anteriormente que tengan por objeto la subdivisión de predios y ampliaciones de construcciones que en su conjunto rebasen los parámetros señalados;

XV.- Construcción de estaciones de gas y gasolina; y

XVI.- Aquellas obras y actividades que no estando expresamente reservadas a la Federación en los términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, causen o puedan causar desequilibrios ecológicos, rebasen los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas referidas a la conservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.

En el reglamento que al efecto se expida se determinarán aquellas obras o actividades que requerirán la presentación del informe preventivo, así como el procedimiento y los criterios a seguir por parte de la autoridad competente.

Artículo 40.- Una vez recibida la solicitud, el instituto emitirá la resolución procedente dentro de los veinte días hábiles siguientes, en cuyo defecto operará la negativa ficta.

Artículo 41.- El Instituto evaluará y en su caso expedirá la autorización de impacto ambiental en asuntos no reservados a la Federación, sujetándose a esta Ley, al ordenamiento ecológico, a las normas oficiales y, en su caso, al programa de manejo del área natural protegida respectiva.


SECCIÓN VI

Del procedimiento de evaluación de Impacto ambiental

Artículo 42.- Para obtener autorización en materia de impacto ambiental, los interesados, previo al inicio de cualquier obra o actividad, deberán presentar ante el Instituto, una manifestación de impacto ambiental de conformidad con la norma ambiental respectiva y en todo caso deberá contener, por lo menos:

I.- Nombre, denominación o razón social, nacionalidad, domicilio y dirección de quien pretenda llevar a cabo la obra o actividad objeto de la manifestación;

II.- Descripción de la obra o actividad proyectada, desde la etapa de selección del sitio para la ejecución de la obra en el desarrollo de la actividad; la superficie de terreno requerido; el programa de construcción, montaje de instalaciones y operación correspondiente; el tipo de actividad, volúmenes de producción previstos, e inversiones necesarias; la clase y cantidad de recursos naturales que habrán de aprovecharse, tanto en la etapa de construcción como en la operación de la obra o el desarrollo de la actividad; el programa para el manejo de residuos, tanto en la construcción y montaje como durante la operación o desarrollo de la actividad; y el programa para el abandono de las obras o el cese de las actividades;

III.- Aspectos generales del medio natural y socioeconómico del área donde pretenda desarrollarse la obra o actividad;

IV.- Corroborar con las normas y regulaciones sobre uso del suelo en el área correspondiente; identificación y descripción de los impactos ambientales que ocasionaría la ejecución del proyecto o actividad, en sus distintas etapas; y

V.- Medidas de prevención y mitigación para los impactos ambientales identificados en cada una de las etapas. Cuando se trate de actividades consideradas riesgosas en los términos de esta Ley, la manifestación deberá incluir el estudio de riesgo correspondiente, el cual será considerado al evaluarse el impacto ambiental.

Si después de la presentación de una manifestación de impacto ambiental se realizan modificaciones al proyecto de los planes y programas, obras o actividades respectivas, los interesados deberán hacerlas del conocimiento del Instituto, a fin de que ésta, les notifique si es necesaria la presentación de información adicional para evaluar los efectos al ambiente que pudiesen ocasionar tales modificaciones, en los términos de lo dispuesto en esta Ley.

Artículo 43.- En las áreas naturales protegidas se requerirá de una manifestación de impacto ambiental en su modalidad específica para toda actividad, obra y operación pública o privada que se pretenda desarrollar.

Artículo 44.- Una vez que el instituto reciba una manifestación de impacto ambiental integrará, dentro de los diez días hábiles siguientes, el expediente respectivo que pondrá a disposición del público, con el fin de que pueda ser consultado por cualquier persona.

Los promoventes de la obra o actividad podrán requerir que se mantenga en reserva la información que haya sido integrada al expediente, y que, de hacerse pública, pudiera afectar derechos de propiedad industrial, y la confidencialidad de la información comercial que aporte el interesado.

Artículo 45.- El instituto, podrá llevar a cabo una consulta pública, conforme a las bases establecidas en el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 46.- El promovente deberá publicar, a su costa, en un diario de circulación nacional o en uno de los periódicos de mayor circulación estatal, según defina el Instituto el impacto del proyecto, un resumen del proyecto dentro de los dos días siguientes a la integración del expediente. Las personas que participen en la consulta pública, podrán presentar al Instituto por escrito sus observaciones o comentarios, dentro de los quince días hábiles siguientes a la publicación del resumen.

Una vez presentados las observaciones y comentarios, el Instituto los ponderará y los considerará al momento de resolver sobre la autorización en materia de impacto ambiental.

En su caso, el Instituto deberá responder por escrito a los interesados las razones fundadas por las cuales los comentarios a que se refiere el párrafo primero de este artículo no fueron tomados en consideración dentro de la resolución correspondiente, pudiendo los afectados interponer los recursos a su alcance en contra de la resolución que afecte sus derechos.

Artículo 47.- Al realizar la evaluación del impacto ambiental, el instituto se ajustará, entre otros aspectos, a los programas de ordenamiento ecológico del territorio, a los programas de desarrollo urbano, a las declaratorias de áreas naturales protegidas, sus programas de manejo, a las normas aplicables y las demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables.

Artículo 48.- Una vez evaluada la manifestación de impacto ambiental, la autoridad competente emitirá, debidamente fundada y motivada, la resolución correspondiente, en la que podrá:

I.- Autorizar la instrumentación de los planes y programas, así como la realización de la obra o actividad de que se trate, en los términos solicitados;

II.- Autorizar de manera condicionada la instrumentación de los planes y programas, así como la realización de la obra o actividad de que se trate; y

III.- Negar la autorización solicitada, cuando:

a) Se contraponga con lo establecido en esta Ley, su reglamento, las normas oficiales mexicanas, las normas ambientales del Estado de Nayarit, los planes y programas de ordenamiento ecológico y de desarrollo urbano y demás disposiciones legales aplicables;

b) La obra o actividad que afecte a la población en su salud o una o más especies en peligro de extinción, amenazadas o sujetas a protección especial, o a las zonas intermedias de salvaguarda y elementos que contribuyen al ciclo Hidrológico o algún o algunos ecosistemas en particular; y

c) Exista falsedad en la información proporcionada por los promoventes, respecto de los impactos ambientales de la obra o actividad de que se trate.

El instituto podrá exigir el otorgamiento de garantías respecto del cumplimiento de las condicionantes establecidas en la autorización, en aquellos casos expresamente señalados en el reglamento de la Ley, cuando durante la realización de las obras puedan producirse daños graves a los ecosistemas o al ambiente.

Dicha autoridad deberá emitir la resolución correspondiente en un plazo de cuarenta días hábiles, a partir de que se integre el expediente. Transcurrido este plazo sin que la autoridad emita la resolución se entenderá que la manifestación de impacto ambiental presentada para la realización de la obra o actividad no ha sido autorizada.

En todos los casos donde se autorice una manifestación de impacto ambiental, el instituto deberá establecer e implementar un seguimiento al cumplimiento de dicha autorización y las condicionantes que en su caso se hubieran propuesto u ordenado.

Artículo 49.- Las personas físicas o morales que suscriban los informes preventivos, de evaluación del impacto ambiental y estudios de riesgo serán responsables ante el instituto, de los informes preventivos, manifestaciones de impacto ambiental y estudios de riesgo que elaboren. Los prestadores de servicios declararán bajo protesta de decir verdad la autenticidad de la información, el haber utilizado las mejores técnicas y metodologías existentes, y la propuesta de las medidas de prevención y mitigación más efectivas. En caso de que en el procedimiento de inspección o vigilancia se detecte que existe falsedad en la información proporcionada, el prestador de servicios será acreedor a alguna de las sanciones que se establecen en la presente Ley, sin perjuicio de las sanciones penales que correspondan.

Artículo 50.- El informe preventivo deberá contener:

I.- Datos generales de quien pretenda realizar la obra o actividad proyectada, o en su caso, de quien hubiere ejecutado los proyectos o estudios previos correspondientes;

II.- Documentos que determinen el uso de suelo autorizado para el predio;

III.- Descripción de la obra o actividad proyectada; y

IV. Descripción de los materiales o productos que vayan a emplearse en la ejecución de la obra o actividad proyectada, y los que en su caso vayan a obtenerse como resultado de dicha obra o actividad, incluyendo emisiones a la atmósfera, descargas de aguas residuales, tipo de residuos y procedimientos para su disposición final.

Artículo 51.- Una vez recibido el informe preventivo, el Instituto contará con cinco días hábiles para integrar el expediente. Integrado el expediente, dicha autoridad en un plazo no mayor a treinta días hábiles, les comunicará a los interesados si es procedente o en su caso si es necesaria la presentación de una manifestación de impacto ambiental, así como la modalidad y plazo para hacerlo. Transcurrido el plazo señalado, sin que el instituto emita la comunicación correspondiente, se entenderá que no es necesaria la presentación de una manifestación de impacto ambiental.

En aquellos casos en que se ingrese el informe preventivo, pretendiendo se aplique la afirmativa ficta, se trate de actividades u obras que expresamente esta Ley o su Reglamento, señalen que requieren de una manifestación ambiental se resolverá en términos del artículo 48 fracción III-C de esta Ley, independientemente de las sanciones aplicables.

Artículo 52.- Las autorizaciones, licencias o permisos otorgados en contravención a lo dispuesto en esta Ley, serán nulos de pleno derecho y los servidores públicos que los hayan otorgado serán sancionados de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Nayarit, para cuyo efecto se informará el hecho de inmediato a el instituto, lo anterior sin perjuicio de otras sanciones que pudieran aplicarse.

Artículo 53.- La persona que construya una obra nueva, amplíe una existente, o explote recursos naturales sin contar previamente con la autorización de impacto ambiental respectiva o que contando con ésta incumpla los requisitos y condiciones establecidos en la misma o en esta Ley, estará obligada a reparar los daños ambientales que con tal motivo hubiere causado a los recursos naturales o al ambiente, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones respectivas.


SECCIÓN VII

Autorregulación y Auditorias Ambientales

ARTÍCULO 54.- Los productores, empresas u organizaciones empresariales podrán desarrollar procesos de autorregulación ambiental, a través de los cuales mejoren su desempeño ambiental, respetando la legislación y normatividad vigentes en la materia, comprometiéndose a superar o cumplir mayores niveles, metas o beneficios en materia de protección ambiental.

El Instituto y los municipios, en el ámbito de su competencia, inducirán o concertarán:

I.- El desarrollo de procesos productivos adecuados y compatibles con la preservación del ambiente, así como sistemas de protección y restauración en la materia, convenidos con cámaras de industria, comercio y otras actividades productivas, organizaciones de productores, organizaciones representativas de una zona o región, instituciones de investigación científica y tecnológica y otras organizaciones interesadas;

II.- El cumplimiento de normas mexicanas o especificaciones técnicas en materia ambiental que sean más estrictas que las Normas Oficiales Mexicanas o que se refieran a aspectos no previstas por éstas, las cuales serán establecidas de común acuerdo con particulares o con asociaciones u organizaciones que los representen. Para los efectos precisados en esta fracción, el Instituto podrá promover la creación de normas técnicas ambientales;

III.- El establecimiento de sistemas de certificación de procesos o productos para inducir patrones de consumo que sean compatibles o que preserven, mejoren o restauren el medio ambiente, debiendo considerar, en su caso, las disposiciones aplicables de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, las Normas Oficiales Mexicanas, normas y criterios ambientales estatales; y

IV. Las demás acciones que induzcan a las empresas a alcanzar los objetivos de la política ambiental, superiores a las previstas en la normatividad ambiental establecida.

Artículo 55.- Los responsables del funcionamiento de una empresa podrán en forma voluntaria, a través de la auditoría ambiental, realizar el examen metodológico de sus operaciones, respecto de la contaminación y el riesgo que en su caso podría generar, así como el grado de cumplimiento de la normatividad ambiental y de los parámetros internacionales y de buenas prácticas de operaciones e ingeniería aplicables, con el objeto de definir las medidas preventivas y correctivas necesarias para proteger el medio ambiente.

El Instituto desarrollará un programa dirigido a fomentar la realización de auditorías ambientales, y podrá supervisar su ejecución. Para tal efecto:

I.- Elaborará los términos de referencia que establezcan la metodología para la realización de las auditorías ambientales;

II.- Establecerá un sistema de aprobación y acreditamiento de peritos y auditores ambientales, determinando los procedimientos y requisitos que deberán cumplir los interesados para incorporarse a dicho sistema, debiendo, en su caso, considerar lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización;

III.- Desarrollará programas de capacitación en materia de peritajes y auditorías ambientales;

IV.- Instrumentará un sistema de reconocimientos y estímulos que permita identificar a las industrias que cumplan oportunamente los compromisos adquiridos en las auditorías ambientales;

V.- Promoverá la creación de centros regionales de apoyo a la mediana y pequeña empresa, para facilitar la realización de auditorías; y

VI. Eximirá, en su caso, a los productores y empresas de la obligación de verificación obligatoria a que se refiere la presente Ley.

Artículo 56.- El Instituto garantizará el derecho a la información de los interesados, poniendo a su disposición los programas preventivos y correctivos derivados de las auditorías ambientales practicadas, en términos de lo dispuesto por la presente Ley. En todo caso, deberán observarse las disposiciones legales relativas a la confidencialidad de la información industrial y comercial.


SECCIÓN VIII

Criterios y Normas Técnicas Ambientales

Artículo 57.- Los criterios y normas técnicas ambientales determinarán los requisitos y los límites permitidos para asegurar la protección al ambiente así como la conservación y aprovechamiento sustentable de los elementos naturales de esta entidad.

Artículo 58.- Para la expedición de los criterios y normas técnicas ambientales estatales, se creará el Comité Estatal de Normalización Ambiental, el cual tendrá sus funciones en términos de su reglamento.


SECCIÓN IX

De la Educación, la Formación y la Investigación Ambiental

Artículo 59.- El Instituto en coordinación con la Federación, con la Secretaría de Educación Pública, las demás dependencias competentes de la Administración Pública Estatal, de instituciones educativas y de investigación, así como con los gobiernos locales promoverán la incorporación de la educación ambiental para el desarrollo sustentable, como parte fundamental de los procesos educativos, en todos los diferentes ámbitos y niveles, sean estos escolarizados o no formales, a través de un proceso continuo y permanente. Promoverá asimismo la investigación y la generación de métodos y técnicas que permitan un uso sustentable de los recursos naturales, así como la prevención y la restauración ambiental de los ecosistemas deteriorados.

Para lo anterior considerarán:

I.- Que dada la magnitud de los cambios hacia un modelo más adecuado de gestión del medio ambiente por parte las sociedades que producen su hábitat y obtienen su manutención de los recursos de la naturaleza, se deberá facilitar el acceso a la educación ambiental para el desarrollo sustentable, a todos los sectores de la población desde las edades más tempranas;

II.- Que en las opciones de formación profesional y estudios de postgrado se promoverá el análisis de las causas de los principales problemas ambientales y la construcción de alternativas de desarrollo basadas en un contexto local, recurriendo para ello a las pruebas científicas de mejor calidad que se disponga y a otras fuentes apropiadas de conocimientos, haciendo especial hincapié en el perfeccionamiento de la capacitación de los encargados de adoptar decisiones en todos los ámbitos;

III.- Que dada la necesidad de una reorientación social hacia la sustentabilidad del desarrollo, promoverá las reformas en los sectores educativos, productivos y de servicios, así como en su legislación respectiva;

IV.- La necesidad de formar al personal docente en todos los niveles y en todas las áreas en materia de educación ambiental, en la utilización de metodologías participativas y en la vinculación de las escuelas con su entorno inmediato, entre otras actividades;

V.- La obligación de definir y apoyar la aplicación de un Programa Estatal de Educación y Formación Ambiental en coordinación y con participación de las instituciones públicas educativas, las que se relacionan con la gestión ambiental y de los recursos naturales, así como con organizaciones civiles y sociales, considerando la evaluación anual del mismo y su eventual perfeccionamiento;

VI.- La asignación de un porcentaje bien definido para financiar el Programa Estatal de Educación y Formación Ambiental, por parte de las dependencias estatales del sector educativo y de aquellas relacionadas con la gestión ambiental de los recursos naturales, la protección civil y el desarrollo que cuenten con programas de capacitación. Asimismo se buscará la aplicación de instrumentos económicos como impuestos, subsidios, fideicomisos, etcétera para apoyar las actividades y proyectos de educación ambiental;

VII.- Propiciar el reconocimiento, la divulgación, y el uso de métodos y prácticas culturales, indígenas y campesinas apropiadas para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del Estado;

VIII.- Promoverá el desarrollo de tecnologías orientadas hacia la producción agro ecológica, en procesos productivos agrícolas y primarios;

IX.- Promoverá el reuso y el reciclaje de los residuos domésticos e industriales;

X.- Fomentar e impulsar la utilización de los medios de comunicación masiva, para sensibilizar a la sociedad sobre los problemas ambientales que afectan su entorno, propiciando la participación activa y fortaleciendo la formación de valores y actitudes de protección del ambiente;

XI.- Diseñar, editar y producir materiales de difusión, divulgación, información, enseñanza y capacitación para la educación ambiental, tales como: libros, manuales, folletos, trípticos, carteles, juegos, videos y medios informáticos entre otros; y

XII. Promover la coordinación entre las diferentes instancias oficiales y no gubernamentales, involucradas con el quehacer ambiental y educativo en la entidad, con la finalidad de optimizar recursos humanos, materiales y económicos, para así estar en posibilidad de lograr en un menor tiempo la concientización de la sociedad sobre los problemas ambientales y su participación en las posibles alternativas de solución.

Artículo 60.- El Instituto en coordinación con la Secretaría de Educación Pública promoverán que las Instituciones de Educación Superior y los organismos dedicados a la investigación científica y tecnológica, desarrollen planes y programas en la formación de profesionales e investigadores que estudien las causas y los efectos de deterioro ambiental y sus alternativas de solución, además:

I.- Promoverá el desarrollo de la investigación, la capacitación, el adiestramiento y la formación en materia ambiental en coordinación con la Secretaría de Gobierno y aquellas dependencias o instituciones del sector social y privado cuyos programas incidan en el aprovechamiento de los recursos naturales, el desarrollo y la prevención de riesgos que puedan afectar la calidad del medio ambiente;

II.- Incluirá programas de educación ambiental que fomenten la participación comunitaria en la formulación, implementación y seguimiento de los planes de manejo de las áreas naturales protegidas de jurisdicción estatal y las federales asignadas por convenios celebrados con la Federación; y

III. Propiciará la creación de un programa de becas para apoyar la formación y capacitación de recursos humanos, en áreas relacionadas con el manejo sustentable de los recursos naturales y la protección ambiental, considerando a todos los niveles de enseñanza técnica, la capacitación para el trabajo y la formación profesional.

ARTÍCULO 61.- El Instituto desarrollará programas para la capacitación en materia de educación y capacitación ambiental para el desarrollo sustentable, dichos programas serán tendientes a:

I.- Apoyar a todas las dependencias y municipios nayaritas en la promoción de actividades ambientales, así como en el fortalecimiento de las capacidades en materia ambiental de los servidores públicos y las autoridades estatales y municipales;

II.- Capacitar y formar docentes y estudiantes de todos los niveles educativos en aspectos de educación y capacitación ambiental;

III.- Capacitar a los miembros de sindicatos, organizaciones y comunidades campesinas, propietarios privados y sectores sociales estratégicos, en materia de prevención de problemas ambientales, conservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales;

IV.- Participar en la modificación, adecuación y elaboración de planes educativos y currícula escolares para la promoción de la educación ambiental en los mismos, y contribuir a la formación de valores ambientales en los educandos;

V.- Coordinar esfuerzos con instituciones educativas de todos los niveles, crear y poner en marcha cursos, talleres, conferencias, seminarios, especialidades, diplomados, maestrías o doctorados en materia de educación ambiental;

VI.- La creación de una biblioteca y videoteca especializadas en el área de la educación ambiental, que sirva de apoyo a las actividades del Instituto y proporcione servicio al público en general;

VII.- Diseñar, editar y producir materiales educativos en materia de educación ambiental; y

VIII. Establecer mecanismos de coordinación con los medios de comunicación para el uso de tiempos y espacios concedidos por la Ley al gobierno estatal, para la promoción y difusión de las actividades del Instituto, así como de otras instituciones civiles o de gobierno en materia de educación y formación ambiental.


TÍTULO SEGUNDO

DE LA PROTECCION, RESTAURACION Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES


CAPÍTULO I

Áreas naturales protegidas


SECCIÓN I

Disposiciones Generales

Artículo 62.- Los espacios naturales a que se refiere el presente Título serán objeto de protección, preservación y restauración, y son aquellos en los que los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieran ser preservados o restaurados.

Los propietarios, poseedores o titulares de otros derechos sobre tierras, aguas y bosques comprendidos dentro de áreas naturales protegidas deberán sujetarse a las modalidades que de conformidad con las declaratorias y demás instrumentos legales por los que se constituyan dichas áreas, así como a las demás previsiones contenidas en el programa de manejo y en los programas de ordenamiento ecológico que correspondan.

Artículo 63.- Es obligación de las autoridades estatales y municipales y derecho de las personas, organizaciones sociales o privadas y comunidades, actuar para la preservación, restauración y protección de los espacios naturales y sus ecosistemas dentro del territorio del Estado.

Lo anterior legitima a los miembros de las comunidades afectadas a interponer su reclamo ante las autoridades administrativas y judiciales, invocando este derecho, exigiendo el cumplimiento de la presente Ley.

Artículo 64.- Las declaratorias de áreas naturales protegidas tiene como propósito:

I.- Preservar e interconectar los ambientes naturales representativos de los diferentes ecosistemas naturales que contengan porciones significativas o estratégicas de biodiversidad para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos;

II.- Salvaguardar la diversidad genética de la vida silvestre y aquellas con potencial agrícola, pecuario y biotecnológico, o que se encuentren en peligro de extinción, amenazadas o sujetas a protección especial o de las que dependa la continuidad evolutiva;

III.- Asegurar el manejo sustentable de los ecosistemas y sus elementos;

IV.- Preservar y restaurar el equilibrio ecológico en los ecosistemas urbanos, o en aquellos que presenten procesos de degradación o desertificación o desequilibrios ecológicos;

V.- Preservar en el ámbito regional, en los centros de población y en las zonas circunvecinas a los asentamientos humanos, los elementos naturales indispensables para el equilibrio ecológico, y un medio ambiente adecuado;

VI.- Proporcionar un campo propicio para la investigación científica, el estudio de los ecosistemas y su equilibrio, así como para la educación, el ecoturismo, la capacitación y la experimentación de sistemas de manejo sustentables;

VII.- Generar, rescatar y divulgar conocimientos prácticos y técnicas tradicionales o nuevas, que permitan la preservación, manejo y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio estatal;

VIII.- Proteger poblados, vías de comunicación, instalaciones industriales y aprovechamientos agropecuarios y forestales mediante el ordenamiento y manejo de zonas forestales en montañas donde se originen torrentes; el ciclo hidrológico de cuencas, así como las demás que tiendan a la protección de los elementos circundantes con los que se relacione ecológicamente el área;

IX.- Proteger los entornos naturales así como zonas turísticas, y otras áreas de importancia para la recreación, la cultura e identidad Estatal y de los pueblos indígenas;

X.- Regenerar los recursos naturales;

XI.- Asegurar la sustentabilidad integral de las actividades turísticas que se lleven a cabo; y

XII. Establecer jardines de preservación o regeneración de germoplasma de especies nativas de una región.


SECCIÓN II

Áreas Naturales Protegidas

ARTÍCULO 65.- Se consideran áreas naturales protegidas:

I.- Reservas de la biosfera estatales;

II.- Parques estatales;

III.- Corredores biológicos multifuncionales y riparios;

IV.- Parques urbanos, ecológicos y escénicos; y

V. Áreas de restauración.

Artículo 66.- Las reservas de la biosfera se constituirán en áreas biogeográficas relevantes en el ámbito estatal, representativas de uno o más ecosistemas no alterados significativamente por la acción del ser humano o que requieran ser preservados o restaurados, en los cuales habiten especies representativas de la biodiversidad estatal; incluyendo las que se encuentren en peligro de extinción, amenazadas y sujetas a protección especial.

En tales reservas podrá determinarse la existencia de la superficie o superficies mejor conservadas, o no alteradas, que alojen ecosistemas, fenómenos naturales de especial importancia, o especies de flora y fauna que requieran protección especial, y que serán conceptuadas como zonas núcleo. En ellas podrá autorizarse la realización de actividades de preservación de los ecosistemas y sus elementos, investigación científica y educación ecológica, y limitarse o prohibirse aprovechamientos que alteren los ecosistemas.

En estas reservas deberá determinarse la superficie o las superficies que protejan la zona núcleo del impacto exterior, que serán conceptuadas como las zonas de amortiguamiento, en donde sólo podrán realizarse actividades productivas licitas emprendidas por las comunidades que ahí habiten al momento de la expedición de la declaratoria respectiva o con su participación, que sean estrictamente compatibles con los objetivos, criterios y reglamentos, programas de aprovechamiento sustentable en los términos de la declaratoria respectiva y del programa de manejo que se formule y expida considerando las previsiones de los programas de ordenamiento ecológico que resulten aplicables.

Artículo 67.- En las zonas núcleo de las áreas naturales protegidas quedará expresamente prohibido:

I.- Verter o descargar contaminantes en el suelo, subsuelo y cualquier clase de cause, vaso o acuífero, incluyendo las zonas costeras, así como desarrollar cualquier actividad contaminante;

II.- Interrumpir, rellenar, desecar o desviar los flujos hidrológicos;

III.- Realizar actividades cinegéticas o de explotación y aprovechamiento de especies de flora y fauna silvestre terrestre y acuáticas que no estén fundamentadas en un programa técnico de aprovechamiento sustentable técnicamente fundado, y autorizado por las autoridades correspondientes; y

IV. Ejecutar acciones que contravengan lo dispuesto por esta Ley, la declaratoria respectiva y las demás disposiciones que de ellas se deriven.

Artículo 68.- Los parques estatales se constituirán tratándose de representaciones biogeográficas en el ámbito estatal de uno o más ecosistemas que se caractericen por su belleza escénica, su valor científico, educativo, de recreo, su valor histórico, por la existencia de flora y fauna, por su aptitud para el desarrollo del turismo sustentable o bien por otras razones análogas de interés general. El reglamento de la presente Ley determinará en detalle las actividades y usos permitidos o permisibles en el ámbito de los parques estatales así como los planes de manejo elaborados para ser aplicados a los mismos y la creación de un órgano ejecutivo encargado de la administración directa de los citados parques.

Artículo 69.- Los corredores biológicos multifuncionales son franjas o áreas de terreno en las que se deberán respetar todos aquellos elementos o porciones remanentes de vegetación nativa, o en su caso establecerlos para que permitan o favorezcan el movimiento de organismos de la fauna y flora nativas del ecosistema o tipo de vegetación original que había en la zona.

Estos corredores son porciones de terreno que atraviesan o no áreas o zonas dedicadas a la explotación agrícola, pecuaria o forestal bajo algún régimen o tipo de tenencia de la tierra.

Los corredores riparios son franjas de vegetación preferentemente nativa con un mínimo de alteración humana, que debe conservarse a lo largo de los ríos de aguas permanentes, lagos, lagunas, arroyos y riachuelos permanentes o temporales, con el objeto de permitir:

1.- El movimiento de organismos de flora y fauna,

2.- Mantener los cuerpos de agua,

3.- Favorecer la Protección Civil, y

4.- Favorecer el manejo integral de plagas.

Las actividades que se pretendan llevar a cabo en estas zonas estarán sujetas a lo dispuesto en el Programa de Manejo que al efecto se expida y demás normatividad aplicable.

Artículo 70.- Parques urbanos, tanto ecológicos como escénicos, así como otras áreas verdes ubicadas en los centros de población son las áreas de uso público constituidas en los centros de población, para obtener y preservar el equilibrio ecológico de los ecosistemas urbanos, industriales, entre las construcciones, equipamientos e instalaciones respectivas y los elementos de la naturaleza, de manera que se propicie un ambiente adecuado, y se promueva el esparcimiento de la población y los valores artísticos e históricos y de belleza natural que se signifiquen en la localidad.

Artículo 71.- Áreas de restauración son aquéllas que presentan procesos de degradación o desertificación, o graves desequilibrios ecológicos, que requieren de acciones temporales para su recuperación y restablecimiento de las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los procesos naturales que en ella se desarrollaban.


SECCIÓN III

De las Competencias

Artículo 72.- Para los efectos de esta Ley, son de competencia estatal las áreas naturales protegidas que se enuncian a continuación:

I.- Reservas ecológicas;

II.- Parques Estatales;

III.- Corredores biológicos multifuncionales y riparios; y

IV. Zonas de Restauración.

Artículo 73.- Son competencia municipal en materia de áreas naturales protegidas, los parques ecológicos, escénicos y urbanos.

Artículo 74.- El Estado y los Municipios, participarán en las actividades y medidas de conservación, administración, desarrollo y vigilancia de las áreas naturales protegidas, celebrando, para tal efecto, convenios de coordinación con la federación, a fin de regular las materias que se estimen necesarias, como son enunciativamente:

I.- La forma en que el Estado y los Municipios, participarán en la administración de las áreas naturales protegidas;

II.- La coordinación de las políticas federales con las del Estado y los Municipios, y la elaboración del programa de manejo de las áreas naturales protegidas, con la formulación de compromisos para su ejecución;

III.- El origen y destino de los recursos financieros para la administración de las áreas naturales protegidas;

IV.- Los tipos y formas como se llevará a cabo la investigación y la experimentación en las áreas naturales protegidas; y

V. Las formas y esquemas de concertación con la comunidad, grupos sociales, científicos y académicos.


SECCIÓN IV

Areas Privadas y Sociales de Preservación

Artículo 75.- Los pequeños propietarios, ejidos y comuneros interesados podrán voluntariamente destinar los predios que les pertenezcan a acciones de preservación, y restauración de los ecosistemas y su biodiversidad representados en el Estado mediante el uso de herramientas legales al alcance de ellos.

Artículo 76.- Las áreas privadas y sociales de preservación tendrán como propósito:

I.- Coadyuvar con el Gobierno del Estado en preservar los ambientes naturales representativos de los diferentes ecosistemas, para asegurar la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos;

II.- Salvaguardar la diversidad genética de las especies en peligro de extinción, amenazadas o sujetas a protección especial;

III.- Preservar y restaurar el equilibrio ecológico en los ecosistemas urbanos;

IV.- Preservar en zonas circunvecinas a los asentamientos humanos, los elementos naturales indispensables para el equilibrio ecológico y el bienestar general;

V.- Proporcionar un campo propicio para la investigación científica, el estudio de los ecosistemas y su equilibrio;

VI.- Proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios históricos, arqueológicos y artísticos de importancia para la cultura e identidad del Estado; y

VII. Regenerar los recursos naturales.

ARTÍCULO 77.- Se consideran áreas privadas y sociales de preservación:

I.- Las Reservas Privadas de Preservación;

II.- Las Reservas Campesinas;

III.- Los Jardines de preservación o regeneración de germoplasma de especies nativas de una región; y

IV. Las tierras sujetas a contratos de preservación.

Artículo 78.- Para el establecimiento de un área privada y social de preservación se deberá contar con el reconocimiento respectivo por parte del Instituto, el cual deberá contener el nombre del promovente, la denominación del área respectiva, su ubicación, superficie y colindancias, la categoría de preservación conforme al artículo anterior y, el plazo de vigencia, el cual no podrá ser menor a cinco años.

Asimismo, el Instituto, llevará un sistema de áreas privadas y sociales de preservación como parte integrante del Registro Estatal de Espacios Naturales Protegidos, en el que se consignen los datos antes señalados y en su caso los de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.

Artículo 79.- Las Reservas Privadas de Preservación son terrenos de propiedad privada que por sus condiciones biológicas o por la existencia de ambientes originales no alterados significativamente por la acción del hombre se sujetan a un régimen voluntario de protección y se destinan a preservar los elementos naturales indispensables al equilibrio ecológico y al bienestar general.

Artículo 80.- Las Reservas Campesinas, son terrenos ejidales o comunales que por sus condiciones biológicas o por la existencia de ambientes originales no alterados significativamente por la acción del hombre se sujetan a un régimen voluntario de manejo que implica la preservación y protección de tierras de uso común.

Artículo 81.- Los jardines privados de preservación o regeneración de especies, son las áreas de propiedad privada que se destinen a la preservación o regeneración de germoplasma de variedades nativas de una región.

Artículo 82.- Se consideran contratos de preservación aquellos acuerdos de voluntades que limiten los derechos de uso, sobre tierras de propiedad privada o social y/o constituyan cargas de carácter real con el objeto de conservar, preservar, proteger y restaurar los atributos ecológicos o naturales en favor de terceros.


SECCIÓN V

Del Fomento de la Participación Privada y
Social en la Conservación, Preservación y Restauración
de los Ecosistemas y su Biodiversidad

Artículo 83.- El gobierno del Estado y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias:

I.- Promoverán las inversiones públicas y privadas para el establecimiento y manejo de áreas privadas y sociales de conservación;

II.- Establecerán o en su caso promoverán la utilización de mecanismos para captar recursos y financiar o apoyar el manejo de áreas naturales protegidas; y

III. Establecerán los incentivos económicos y los estímulos fiscales para quienes destinen sus predios a acciones de preservación, conservación y restauración de los ecosistemas y su biodiversidad en términos de la presente Ley.


SECCIÓN VI

Declaratorias para el Establecimiento, Conservación, Administración,
Desarrollo y Vigilancia de las Áreas
Naturales Protegidas

Artículo 84.- Las áreas naturales protegidas se establecerán de conformidad con esta Ley y demás disposiciones aplicables, mediante declaratorias que expidan: el Ejecutivo del Estado, con la participación de los municipios respectivos, en los casos previstos en esta Ley.

Artículo 85.- El Instituto propondrá al Ejecutivo, previa consulta ciudadana, la expedición de declaratorias para el establecimiento de áreas naturales protegidas de interés del Estado. Así mismo podrá proponer a los Ayuntamientos las declaratorias para el establecimiento de parques ecológicos y urbanos.

Artículo 86.- Las declaratorias para el establecimiento, conservación, administración, desarrollo y vigilancia de las áreas naturales protegidas, sin perjuicio de lo dispuesto por otras leyes, contendrán:

I.- La delimitación precisa del área, señalando la superficie, ubicación, deslinde y en su caso, la zonificación correspondiente;

II.- Las modalidades a que se sujetará el uso o aprovechamiento de los recursos naturales en general, o específicamente de aquellos sujetos a protección;

III.- La descripción de actividades que podrán llevarse a cabo en el área correspondiente y las limitaciones a que se sujetarán;

IV.- Cuando se trate de expropiación, la causa que la fundamente, siempre que se requiera dicha medida, observándose lo dispuesto en la Ley de la materia; y

V. Los lineamientos para la elaboración del programa de manejo del área, previa consulta ciudadana, y atendiendo a lo previsto en la presente Ley.

Artículo 87.- Las declaratorias deberán publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno Estado, y se notificarán previamente a los propietarios o poseedores de los predios afectados, en forma personal cuando se conocieran sus domicilios y en caso contrario, mediante publicación en el periódico de mayor circulación en la región. Las declaratorias se inscribirán en el Registro Público de la Propiedad.

El Instituto y los Ayuntamientos, informarán a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sobre Declaratorias que se expidan de áreas naturales protegidas de jurisdicción local.

Artículo 88.- En el otorgamiento o expedición de permisos, licencias, concesiones, o en general de autorizaciones a que se sujetarán la exploración, explotación o aprovechamiento de recursos en áreas naturales protegidas, se observarán las disposiciones de la presente Ley y de las leyes en que se fundamenten las declaratorias, así como las prevenciones contenidas en las mismas.

El solicitante deberá demostrar ante el instituto, su capacidad técnica y económica para llevar a cabo la exploración, explotación o aprovechamiento de que se trate sin causar deterioro al equilibrio ecológico.

El Instituto y las Secretarías competentes, prestarán la asesoría técnica necesaria para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior.

El Instituto, tomando como base los estudios técnicos y socioeconómicos practicados, podrá solicitar la cancelación o revocación del permiso, licencia, concesión o autorización correspondiente, cuando la exploración o explotación o aprovechamiento de recursos ocasione o pueda causar deterioro en el equilibrio ecológico, hará lo propio cuando sea ella quien lo haya otorgado.

Artículo 89.- Los programas de manejo para áreas naturales protegidas estatales, serán elaborados por el Instituto a través de un proceso amplio de consulta y con la participación efectiva e integral de las demás dependencias competentes, autoridades municipales, instituciones de educación superior, centros de investigación, habitantes de la zona, mujeres y grupos indígenas, en un plazo no mayor a un año a partir de la fecha de expedición de la declaratoria correspondiente. Cuando sean parques urbanos esta obligación corresponderá a el Ayuntamiento de que se trate.

En un plazo no mayor a treinta días después de la expedición de la declaratoria, el Gobernador a propuesta del Instituto designará un coordinador del área natural protegida de que se trate, quien deberá contar con una reconocida competencia ética y profesional. En el Consejo Estatal de Protección al Ambiente, se integrará también por un representante del Consejo Consultivo Regional para el Desarrollo Sustentable. A partir de la fecha de la declaratoria. El Instituto deberá en todos los casos informar detalladamente de los avances en la elaboración de los programas de manejo al Consejo Estatal de Protección al Ambiente, quien supervisará y emitirá recomendaciones específicas vinculantes.

Artículo 90.- Todos los actos jurídicos, relativos a la propiedad, posesión o cualquier derecho relacionado con bienes inmuebles ubicados en áreas naturales protegidas, deberán contener referencia de la declaratoria correspondiente y de sus datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad.

Los Notarios y cualesquiera otros fedatarios públicos, solo podrán autorizar las escrituras públicas, actos, convenios o contratos en los que intervengan, cuando se cumpla con lo dispuesto en el presente Artículo.

Artículo 91.- Cuando el establecimiento de un área natural implique la imposición de modalidades a la propiedad, se estará a lo dispuesto por el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 92.- Los ingresos que el Estado perciba por concepto del otorgamiento de permisos, autorizaciones, concesiones, licencias, multas, derechos de admisión u otros ingresos en materia de áreas naturales protegidas, conforme lo determinen los ordenamientos aplicables, se destinarán a la realización de acciones de preservación y restauración de la biodiversidad en dichas áreas.

Artículo 93.- El Instituto buscará los mecanismos para que se establezca la transferencia administrativa y la asignación de recursos al Estado de Nayarit para el mantenimiento eficaz de las áreas naturales protegidas de jurisdicción federal que se transfieran al Estado.

Artículo 94.- Declarada un área natural protegida, solo podrá modificarse su extensión y los usos del suelo permitidos, por la autoridad que la haya establecido, previo estudios que al efecto se realicen y consultando siempre a la sociedad civil, la academia, institutos de investigación y demás organizaciones civiles de acuerdo a las disposiciones contenidas en esta Ley y su Reglamento.

Artículo 95.- El Estado de Nayarit podrá promover ante la Autoridad Federal competente el establecimiento y declaratoria, en terrenos localizados en su superficie, de Áreas Naturales Protegidas de carácter federal.


SECCIÓN VII

Registro Estatal de Espacios Naturales Protegidos

Artículo 96.- El Registro Estatal de Espacios Naturales Protegidos estará conformado por el Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas y el Sistema Estatal de Áreas Privadas y Sociales de Preservación.

Artículo 97.- El Instituto y el Consejo Estatal de Protección al Ambiente constituirán un Consejo Estatal de Espacios Naturales Protegidos, que estará integrado por representantes del mismo Instituto y del Consejo, de otras dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, representantes de las áreas privadas y sociales de conservación, así como de instituciones académicas y centros de investigación, agrupaciones de productores y empresarios, organizaciones no gubernamentales y de otros organismos de carácter social y privado, así como personas físicas, con reconocido prestigio en la materia.

El Consejo Estatal de Espacios Naturales Protegidos fungirá como órgano de consulta y apoyo del Instituto en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación, según sea el caso, de la política para el establecimiento, manejo y vigilancia de las áreas naturales protegidas de su competencia, así como de las Areas Privadas y Sociales de Preservación.

Las opiniones y recomendaciones que formule este Consejo, deberán ser considerados por el Instituto en el ejercicio de las facultades que en materia de Espacios Naturales Protegidos le corresponden conforme a éste y otros ordenamientos jurídicos aplicables.

El Consejo Estatal de Espacios Naturales Protegidos podrá invitar a sus sesiones a representantes de la Administración Pública Federal, los gobiernos de otros Estados, organismos ambientales no gubernamentales, representantes de áreas privadas de conservación y de los municipios, cuando se traten de asuntos relacionados con espacios naturales protegidos de su competencia. Asimismo, podrá invitar a representantes de ejidos, comunidades, propietarios, poseedores y en general a cualquier persona u organización cuya participación sea necesaria conforme al asunto que en cada caso se trate.


SECCIÓN VIII

Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas

Artículo 98.- Las áreas naturales protegidas a las que se refiere el artículo 65 constituyen en su conjunto el Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas.

Artículo 99.- El Instituto llevará el registro de las áreas integrantes del Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas, en el que se consignen los datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad.

Artículo 100.- Con el propósito de preservar el patrimonio natural del Estado, y de acuerdo a las bases de coordinación que al efecto se establezcan, las dependencias competentes de la Administración Pública Estatal, incorporarán en el manejo de las áreas naturales protegidas cuya administración les competa, las reglas que determine El Instituto, para proveer eficazmente la adopción de las bases de manejo que regulan la preservación, administración, desarrollo y vigilancia de áreas naturales en el Sistema Estatal.

Artículo 101.- Para coadyuvar en la preservación, administración, desarrollo y vigilancia de las áreas naturales protegidas integradas al sistema, las autoridades estatales o municipales, podrán promover la celebración de acuerdos de concertación, para que participen las autoridades federales, así como el sector social y privado.


SECCIÓN IX

Sistema Estatal de Áreas Privadas y Sociales de Preservación

Artículo 102.- Las áreas privadas y sociales de preservación a que se refiere el artículo 77 de esta Ley, constituyen en su conjunto el Sistema Estatal de Areas Privadas y Sociales de Preservación.

Artículo 103.- El Instituto llevará el registro de las áreas integrantes del Sistema Estatal de Áreas Privadas y Sociales de Preservación, en el que se consignen los datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, así como la vigencia y demás datos relativos al Certificado de Reconocimiento que al efecto expida el Instituto.


CAPÍTULO II

Áreas de Restauración

Artículo 104.- En aquellas áreas que presenten procesos de degradación o desertificación, o graves desequilibrios ecológicos, el Instituto deberá formular y ejecutar programas de restauración ecológica, con el propósito de que se lleven a cabo las acciones necesarias para la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los procesos naturales que en ella se desarrollaban.

En la formulación, ejecución y seguimiento de dichos programas, el Instituto deberá promover la participación de los propietarios, poseedores, organizaciones sociales, instituciones académicas y centros de investigación, públicas o privadas, pueblos indígenas, gobiernos municipales, y demás personas interesadas.

Artículo 105.- En aquéllos casos en que se estén produciendo procesos acelerados de desertificación o degradación que impliquen la pérdida de recursos de muy difícil regeneración, recuperación o restablecimiento, o afectaciones irreversibles a los ecosistemas o sus elementos, el Instituto, promoverá ante el Ejecutivo Estatal la expedición de declaratorias para el establecimiento de áreas de restauración ecológica. Para tal efecto, elaborará previamente, los estudios que las justifiquen. Las declaratorias deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado, y serán inscritas en el Registro Público de la Propiedad correspondiente.

Las declaratorias podrán comprender, de manera parcial o total, predios sujetos a cualquier régimen de propiedad y expresarán:

I.- La delimitación del área sujeta a restauración ecológica, precisando superficie, ubicación y deslinde;

II.- Las acciones necesarias para regenerar, recuperar o restablecer las condiciones naturales del área;

III.- Las condiciones a que se sujetarán, dentro del área, los usos del suelo, el aprovechamiento de los recursos naturales, la flora y la fauna, así como la realización de cualquier tipo de obra o actividad;

IV.- Los lineamientos para la elaboración y ejecución del programa de restauración ecológica correspondiente, así como para la participación en dichas actividades de propietarios, poseedores, organizaciones sociales, públicas o privadas, pueblos indígenas, gobiernos municipales y demás personas interesadas; y

V.- Los plazos para la ejecución del programa de restauración ecológica respectivo.

Artículo 106.- Todos los actos y convenios relativos a la propiedad, posesión o cualquier otro derecho relacionado con bienes inmuebles ubicados en las áreas que fueren materia de las declaratorias a que se refiere la presente Ley, quedarán sujetos a la aplicación de las modalidades previstas en las propias declaratorias.

Los notarios y cualesquiera otros fedatarios públicos harán constar tal circunstancia al autorizar las escrituras públicas, actos, convenios o contratos en los que intervengan.

Será nulo todo acto, convenio o contrato que contravenga lo establecido en la mencionada declaratoria.


CAPÍTULO III

Flora y Fauna Silvestres

Artículo 107.- El Instituto, en el ámbito de su competencia estatal, en coordinación con las autoridades federales competentes, y en su caso de otros Estados, promoverá y realizará las acciones que le correspondan para la conservación, repoblamiento y aprovechamiento sustentable de la flora y fauna silvestres. A tales efectos al Instituto le corresponderá:

a) La regulación para el manejo, control y remediación de los problemas asociados a ejemplares y poblaciones federales, así como la aplicación de las disposiciones en la materia dentro de su ámbito territorial;

b) La compilación de la información sobre los usos y formas de aprovechamiento de ejemplares, partes y derivados de la vida silvestre con fines de subsistencia por parte de las comunidades rurales y la promoción de la organización de los distintos grupos y su integración a los procesos de desarrollo sustentable; y

c) La conducción de la política estatal de información y difusión en materia de vida silvestre; la integración y seguimiento y actualización del Sistema Estatal de información sobre la vida silvestre en compatibilidad e interrelación con el subsistema nacional de información sobre la vida silvestre en el ámbito de su jurisdicción territorial;

d) La creación y administración del Registro Estatal de las organizaciones relacionadas con la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre;

e) La creación y administración del Registro Estatal de los prestadores de servicios vinculados a la transformación, tratamiento, preparación, aprovechamiento y comercialización de ejemplares, partes y derivados de la vida silvestre, así como la supervisión de sus actividades;

f) La creación y administración del padrón estatal de mascotas, de especies silvestres y aves de presa; y

g) La emisión de recomendaciones a las autoridades competentes en materia de vida silvestre con el propósito de promover el cumplimiento de la legislación en materia de conservación y aprovechamiento sustentable.

Artículo 108.- Queda prohibido en el Estado el tráfico de especies y subespecies silvestres de flora o fauna, terrestres o acuáticas, de conformidad con las Convenciones Internacionales en la materia ratificadas por el Senado de la República, las Normas Oficiales Mexicanas aplicables con criterios y normas técnicas ambientales estatales.

Artículo 109.- Corresponde a los Municipios la regulación sobre el trato digno que debe darse a los animales.

Artículo 110.- Los Municipios elaborarán los programas en la materia, así como llevarán a cabo las acciones derivadas de la regulación sobre el trato digno que debe darse a los animales.

Artículo 111.- Para la protección y preservación de la flora y fauna existente en el Estado, se ajustarán a las especificaciones de esta Ley y demás disposiciones aplicables, y contemplará los siguientes aspectos:

I.- Fomentar el establecimiento de viveros, jardines botánicos, criaderos y refugios de fauna silvestre;

II.- Promoción del uso del suelo considerando a las especies nativas en los programas de fomento forestal, restauración y conservación;

III.- El Estado y los municipios participarán ante las autoridades competentes el establecimiento de vedas de la flora y fauna, y la modificación o levantamiento de las mismas, con el fin de proteger, preservar o restaurar los ecosistemas naturales de los mismos;

IV.- El Estado como responsable de su política ambiental, deberá formular de manera coordinada anualmente un Programa de Reforestación Estatal, donde contemple la restauración de áreas degradadas, la repoblación natural, el fomentar el uso de especies nativas y las acciones de reforestación con fines comerciales, entre otros aspectos a efecto de lograr un desarrollo sustentable;

V.- Los municipios, en el ámbito de sus competencias, se encargarán de la protección y preservación de los árboles y otras especies de flora, que se encuentren en áreas verdes de propiedad pública o privada, dentro de la zona urbana; y

VI.- El Estado se encargará del fomento y desarrollo de la investigación de la fauna y flora silvestre, y de los materiales genéticos, con el objeto de conocer su valor científico, ambiental, económico y estratégico para el Estado.

Artículo 112.- El Instituto coordinará con la Federación las acciones sobre vedas, aprovechamiento, posesión, comercialización, colecta, importación, repoblamiento y propagación de flora y fauna silvestres, efectuadas por personas físicas o morales en el territorio del Estado.

Artículo 113.- El aprovechamiento de los recursos naturales en áreas que sean el hábitat de especies de flora y fauna silvestres especialmente de las endémicas, amenazadas o en peligro de extinción, debe hacerse de manera que no se alteren las condiciones necesarias para subsistencia de desarrollo y evolución de dichas especies.

El Instituto deberá promover y apoyar el manejo de la flora y fauna silvestres, con base en el conocimiento biológico tradicional, información técnica, científica y económica, con el propósito de lograr un aprovechamiento sustentable de las especies.


TÍTULO TERCERO

APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS ELEMENTOS NATURALES


CAPÍTULO I

Aprovechamiento Sustentable del Agua y los Ecosistemas Acuáticos

Artículo 114.- El Instituto en coordinación con los municipios realizará las acciones siguientes en materia de aguas estatales:

I.- El inventario de los cuerpos, disponibilidad y aprovechamiento de las aguas estatales; y

II.- Ejecutar acciones de carácter técnico y administrativo en la explotación, uso o aprovechamiento de aguas estatales.

Artículo 115.- El Instituto promoverá el uso eficiente del agua a través de las siguientes acciones:

I.- Participará en coordinación con la federación en la actualización del inventario de aprovechamientos hidráulicos, así como de embalses naturales y en las obras hidráulicas, públicas y privadas;

II.- Establecerá en coordinación con la federación y con los municipios la ejecución de acciones reguladoras de carácter técnico y administrativo en la explotación, uso y aprovechamiento del agua;

III.- Promover ante la federación, la formulación y actualización de los balances hidráulicos para determinar la disponibilidad del agua;

IV.- Promover ante la federación la publicación de la disponibilidad de las aguas, tanto en cantidad como en calidad;

V.- Promoverá ante la federación la creación de los consejos de cuenca, con la participación de la sociedad y de los sectores inherentes; y

VI. Promoverá ante los Ayuntamientos, que se realicen los trámites correspondientes ante la federación para la asignación de zonas federales de cuerpos de aguas localizados dentro de zonas urbanas.


CAPÍTULO II

Aprovechamiento de Minerales o Sustancias No Reservadas a la Federación

Artículo 116.- Para el aprovechamiento de los minerales o sustancias no reservadas a la Federación, que constituyan depósitos de naturaleza semejante a los componentes de los terrenos, tales como rocas o productos de su descomposición que solo pueden utilizarse para la fabricación de materiales para la construcción u ornamento, corresponde al Instituto:

I.- Su regulación a través de las Normas Oficiales Mexicanas que expida la Federación, criterios y normas técnicas estatales;

II.- Otorgar la autorización para realizar las actividades de exploración, explotación, procesamiento y aprovechamiento de estos recursos. La autorización sólo se otorgará con la opinión del Municipio donde se realice la actividad; y

III.- Vigilar que dichas actividades se lleven a cabo, sin causar daños al equilibrio ecológico y al medio ambiente, procurando que:

A) El aprovechamiento sea sustentable.

B) Se eviten daños o afectaciones al bienestar de las personas.

C) La protección de los suelos, flora y fauna silvestres.

D) Se eviten graves alteraciones topográficas y del paisaje, y

E) Evitar la contaminación de las aguas que en su caso sean utilizadas, así como de la atmósfera respecto de los humos y polvos.

Artículo 117.- Corresponde a los Ayuntamientos:

I.- Opinar respecto de la autorización a que se refiere la fracción II del artículo anterior; y

II.- Participar con el Estado en la vigilancia de las actividades de exploración, explotación, procesamiento y aprovechamiento de estos recursos.

Artículo 118.- Quienes realicen actividades de exploración, explotación, procesamiento y aprovechamiento de los minerales o sustancias no reservadas a la Federación están obligados a controlar.

I.- La emisión o el desprendimiento de polvos, humos o gases que puedan afectar al equilibrio ecológico; y

II. Sus residuos, evitando su propagación fuera de los terrenos en los que lleven a cabo sus actividades.


CAPÍTULO III

De las Licencias o Permisos para la Utilización del Suelo

Artículo 119.- En las licencias o permisos que se expidan para la utilización del suelo, se aplicarán los criterios para prevenir y controlar la contaminación, respetando según sea el caso lo ordenado en esta Ley, así como de las disposiciones que de ella emanen.


TÍTULO CUARTO

PROTECCIÓN AL AMBIENTE


CAPÍTULO I

Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera

Artículo 120.- El Instituto promoverá la participación efectiva de la sociedad en los programas y medidas destinadas a la prevención y control de la contaminación atmosférica, y garantizará así mismo el derecho a la información ambiental en materia de emisiones contaminantes de fuentes fijas y móviles, niveles y resultados de monitoreos de la calidad del aire.

Artículo 121.- Deberá regularse la emisión de contaminantes a la atmósfera que ocasione o pueda ocasionar desequilibrios a los ecosistemas o daños al ambiente. No deberán emitirse contaminantes a la atmósfera tales como: olores, gases o partículas sólidas y líquidas que puedan ocasionar desequilibrios ecológicos o daños al ambiente. En todas las emisiones a la atmósfera deberán ser observadas las previsiones de esta Ley y de las disposiciones reglamentarias que de ella emanen.

Artículo 122.- Para la prevención y control de la contaminación de la atmósfera se considerarán los siguientes criterios:

I.- La calidad del aire debe ser satisfactoria en los asentamientos humanos y, en general, en todo el territorio del Estado; y

II.- La emisión de contaminantes a la atmósfera, sean de fuentes naturales o artificiales, fijas o móviles, debe ser reducida y controlada para asegurar una calidad del aire satisfactoria para el bienestar de la población y el equilibrio ecológico.

Artículo 123.- El Instituto establecerá y aplicará las medidas de prevención y control de la contaminación atmosférica originada por humos, polvos, vapores, gases y olores que puedan causar alteraciones significativas al ambiente o daños en la salud en los términos señalados por las normas técnicas ambientales o criterios ecológicos aplicables, en términos de su reglamento y observando los principios de política ambiental de la presente Ley.

Artículo 124.- En materia de prevención y control de la contaminación atmosférica producida por fuentes fijas y móviles, el Instituto, en el ámbito de su competencia:

I.- Establecerá medidas preventivas y correctivas para reducir las emisiones contaminantes de la atmósfera;

II.- Aplicará los criterios generales para la protección de la atmósfera en las declaratorias de usos, destinos, reservas y provisiones del suelo, definiendo las zonas en que sea permitida la instalación de industrias;

III.- En caso de considerarlo necesario, requerirá la instalación de equipos o sistemas de control de emisiones contaminantes;

IV.- Vigilará el cumplimiento de los criterios ecológicos en los planes de desarrollo urbano estatal y municipales, para el mejoramiento de la calidad del aire;

V.- Integrará y mantendrá actualizado el inventario estatal de fuentes fijas de contaminación de la atmósfera;

VI.- Establecerá y operará el programa estatal de verificación de emisiones de fuentes móviles en circulación que sean de jurisdicción local;

VII.- Establecerá y operará sistemas de monitoreo de la calidad del aire con el fin de integrar los reportes locales de los Sistemas Estatal y Nacional de Información Ambiental;

VIII.- Tomará las medidas preventivas necesarias para evitar contingencias ambientales por la contaminación atmosférica;

IX.- Elaborará los informes sobre el Estado del ambiente en la entidad o municipios correspondientes;

X.- Impondrá sanciones y medidas por infracciones a las leyes de la materia, y los reglamentos correspondientes;

XI.- Formulará y aplicará programas de gestión de calidad del aire, con base en las Normas Oficiales Mexicanas y los criterios y normas técnicas estatales para establecer la calidad ambiental en el territorio estatal;

XII.- Promoverá ante los responsables de la operación de fuentes contaminantes, la aplicación de nuevas tecnologías con el propósito de reducir sus emisiones a la atmósfera; y

XIII.- Ejercerá las demás facultades que les confieren las disposiciones legales reglamentarias aplicables.

Artículo 125.- El Instituto establecerá requisitos y procedimientos para regular las emisiones del transporte público local, conforme a las Normas Oficiales Mexicanas y normas técnicas y criterios ecológicos.

Artículo 126.- En las zonas que se hubieran determinado como aptas para uso industrial, próximas a áreas habitacionales, las autoridades estatales y municipales, promoverán la utilización de tecnologías y combustibles que generen menor contaminación.

Artículo 127.- El Instituto promoverá que en la determinación de usos de suelo que definan los programas de desarrollo regional, se consideren las condiciones topográficas, climatológicas y meteorológicas para asegurar la adecuada dispersión de contaminantes.

Artículo 128.- La certificación o comprobación de los niveles de emisión de contaminantes de fuentes emisoras, se efectuará de acuerdo a lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas y los criterios y normas técnicas estatales que se formulen al respecto.

Artículo 129.- Quienes realicen actividades que contaminen a la atmósfera deberán:

I.- Instalar y operar equipos o sistemas para el control de sus emisiones, que garanticen el cumplimiento de lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas; y

II.- Proporcionar toda la información que las autoridades les requieran a efecto de integrar y mantener actualizado el inventario de fuentes fijas de contaminación a la atmósfera.

Artículo 130.- Para el otorgamiento de estímulos fiscales, las autoridades competentes considerarán a quienes:

I.- Adquieran, instalen u operen equipo para la eliminación de emisiones contaminantes a la atmósfera;

II.- Fabriquen, instalen o proporcionen mantenimiento a equipo de filtrado, combustión, control y en general de tratamiento de emisiones que contaminen la atmósfera;

III.- Realicen investigaciones de tecnología y apliquen ésta, para disminuir la generación de emisiones contaminantes; y

IV. Reubiquen sus instalaciones para evitar emisiones contaminantes en zonas urbanas.


SECCIÓN I

Emisión de Contaminantes Generados por Fuentes Fijas

Artículo 131.- Las personas físicas o morales que operen sistemas de producción industrial, comercial, agropecuaria o de servicios, que tengan fuentes emisoras de contaminantes, deberán:

I.- Instalar equipos o sistemas de control de emisiones para cumplir con los niveles permisibles de contaminantes;

II.- Sujetarse a la verificación periódica del Instituto o realizar su autorregulación y auditoría ambiental en forma voluntaria conforme lo establecido en la Ley y en el Reglamento respectivo; y

III.- Informar al Instituto los resultados de la medición mediante el registro de los mismos y serán publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Artículo 132.- Las emisiones de contaminantes tales como: gases, partículas sólidas y líquidas que se generen por fuentes fijas, no deberán exceder los niveles máximos permisibles de emisiones e inmisiones por contaminantes y por fuentes de contaminación, que se establezcan en las Normas Oficiales Mexicanas.

Artículo 133.- Sin perjuicio de las autorizaciones expedidas por otras autoridades competentes, las fuentes fijas de competencia estatal que emitan o puedan emitir gases, partículas contaminantes sólidas o líquidas a la atmósfera, requerirán licencia ambiental de funcionamiento expedida por el Instituto.

Artículo 134.- Para obtener la Licencia Ambiental de Funcionamiento a que se refiere el artículo anterior, los responsables de las fuentes fijas deberán presentar ante el Instituto solicitud por escrito acompañada por la información y documentación que señalen las disposiciones de observancia general que deriven de la presente Ley.

Artículo 135.- Una vez recibida la información a que se refiere el artículo que antecede, el Instituto otorgará o negará la Licencia Ambiental de Funcionamiento correspondiente, dentro de un plazo de 60 días naturales contados a partir de la fecha en que se presente toda la información requerida.

De otorgarse la Licencia, este Instituto determinará que acciones habrán de desarrollar los responsables de las fuentes fijas, para prevenir y controlar la contaminación de la atmósfera, las cuales, en todos los casos se deberán de especificar en la señalada licencia.

Artículo 136.- Las acciones a que se refiere el artículo anterior podrán ser las siguientes:

I.- Emplear equipos y sistemas que controlen las emisiones contaminantes a la atmósfera, para que éstas no rebasen los niveles máximos permisibles, conforme a lo que establece el Reglamento de esta Ley y las Normas Oficiales Mexicanas y normas técnicas ambientales y criterios ecológicos;

II.- Integrar un inventario de sus emisiones contaminantes a la atmósfera, en el formato que determine el Instituto, y remitir el mismo a estas autoridades con la periodicidad que se establezca para cada caso;

III.- Instalar plataformas y puertos de muestreo;

IV.- Medir las emisiones de contaminantes a la atmósfera de acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas, en los períodos que determine el Instituto, registrar los resultados en el formato que esta autoridad determine y emitir los registros relativos cuando así se le solicite;

V.- Efectuar el monitoreo perimetral de las emisiones contaminantes a la atmósfera en los periodos que determine el Instituto, cuando la fuente de que se trate se localice en las zonas urbanas, cuando colinde con Areas Naturales Protegidas, o cuando por sus características de operación o por sus materias primas, productos o subproductos puedan causar grave deterioro al ambiente;

VI.- Llevar una bitácora de operación y mantenimiento de los equipos de proceso y de control;

VII.- Dar aviso anticipado al Instituto del inicio de operaciones de sus procesos, en el caso de paros programados, y de inmediato en el caso de que éstos sean circunstanciales, si ellos pueden provocar contaminación;

VIII.- Avisar de inmediato al Instituto en el caso de falla del equipo de control para que éstos determinen lo conducente;

IX.- Realizar las medidas y acciones que deberán efectuarse en caso de contingencias;

X.- Reciclar los residuos que se generen o, en su defecto, darles tratamiento o disponer de ellos en los términos establecidos por esta ley o las Normas Oficiales Mexicanas, normas técnicas y criterios ecológicos;

XI.- Elaborar y someter su programa de prevención y minimización, reciclamiento, tratamiento y disposición de contaminantes o residuos generados, de conformidad con los criterios ecológicos establecidos;

XII.- Establecer una franja perimetral de amortiguamiento de la contaminación generada, de a acuerdo a las medidas de mitigación consideradas en el estudio de impacto ambiental; y

XIII.- Las demás que establezca esta Ley, las disposiciones que de ella se deriven o determine el Instituto.

Artículo 137.- El Instituto podrá convenir con los responsables de las fuentes fijas de competencia estatal los términos o plazos en los cuáles deberá darse cumplimiento a las obligaciones señaladas en el artículo anterior, o bien requerir a los mismos para que las lleven a cabo, en forma obligatoria.


SECCIÓN II

Emisión de Contaminantes Generados por Fuentes Móviles

Artículo 138.- Los propietarios de fuentes móviles deberán:

I.- Realizar el mantenimiento regular de las unidades, a efecto de conservar el funcionamiento del vehículo dentro de los límites permitidos de emisiones señalados en la normatividad aplicable;

II.- Verificar periódicamente las emisiones de contaminantes a la atmósfera, de acuerdo con los programas, mecanismos y disposiciones establecidos; y

III.- Observar las medidas y restricciones que las autoridades competentes dicten para prevenir y controlar emergencias y contingencias ambientales, así como para mejorar la vialidad.

Artículo 139.- Las autoridades competentes podrán establecer medidas de tránsito y vialidad para reducir los índices de contaminación a la atmósfera de los vehículos automotores y en su caso, ordenar la suspensión de la circulación, en las zonas que representen casos graves de contaminación.

Artículo 140.- Las emisiones de contaminantes generadas por fuentes móviles, que circulen en el territorio estatal, no deberán rebasar los límites máximos permisibles señalados en las Normas Oficiales Mexicanas o normas técnicas ambientales.

Artículo 141.- La omisión de la verificación de las emisiones contaminantes generadas por fuentes móviles, o la falta de cumplimiento de las medidas que para el control de emisiones se establezcan, será objeto de sanciones en los términos que prevengan esta Ley y otras disposiciones jurídicas.

Artículo 142.- En materia de prevención y control de la contaminación atmosférica producida por fuentes móviles de competencia estatal, el Instituto:

I.- Establecerá las medidas preventivas y correctivas para reducir la emisión de contaminantes a la atmósfera;

II.- Establecerá el programa de verificación vehicular obligatoria;

III.- Autorizará y concesionará el establecimiento y operación de centros de verificación para fuentes móviles;

IV.- Regulará el establecimiento, autorización y operación de sistemas de verificación de emisiones de fuentes móviles en circulación;

V.- Determinará las tarifas para los servicios de verificación vehicular obligatoria en los centros que autorice;

VI.- Autorizará a los centros de verificación, la expedición de certificados a los vehículos que se hubieren sometido al procedimiento de verificación obligatoria aprobando la misma;

VII.- Inspeccionará, supervisará y evaluará la operación de los centros y sistemas de verificación vehicular obligatoria que autorice;

VIII.- Integrará un registro de los centros de verificación vehicular que autorice;

IX.- Integrará y mantendrá actualizado un informe de los resultados obtenidos de la medición de las emisiones contaminantes en los centros de verificación;

X.- Exigirá a los propietarios o poseedores de fuentes móviles el cumplimiento de las medidas de control dispuestas y en su caso, retirará de la circulación a aquellas que no acaten la normatividad;

XI.- Recomendará las medidas necesarias para el mejoramiento de la vialidad y transporte colectivo, con el fin de evitar la concentración de emisiones contaminantes, y en caso necesario se coordinará para lograrlo con otras dependencias y entidades federales, estatales y municipales;

XII.- Ordenará, en coordinación con las Direcciones Tránsito y Transporte y la Dirección de Protección Civil, la suspensión parcial o total de la circulación vehicular, en las zonas que presenten casos graves de contaminación atmosférica que sobrepasen los límites establecidos por las Normas Oficiales Mexicanas aplicables;

XIII.- Promoverá el mejoramiento de los sistemas de transporte, y solicitará toda clase de medidas en sus vialidades para disminuir las emisiones contaminantes;

XIV.- El Instituto y la sociedad civil, promoverán acciones orientadas hacia la prevención de la contaminación atmosférica; y

XV.- Realizará en coordinación con las autoridades correspondientes actos de inspección y vigilancia en materia de contaminación atmosférica para verificar la debida observancia de las Normas Oficiales Mexicanas y las demás disposiciones aplicables, e imponer las sanciones administrativas que correspondan.

Artículo 143.- Para efectos del ejercicio de las facultades que corresponden a los municipios del Estado, en materia de prevención y control de la contaminación atmosférica, se consideran fuentes fijas y móviles de jurisdicción municipal:

I.- Los hornos o mecanismos de incineración de residuos derivados de los servicios de limpia, siempre y cuando no sean de naturaleza tal que su regulación corresponda a la Federación;

II.- Los hornos o mecanismos de incineración de residuos producidos en mercados públicos, tiendas de autoservicio, centrales de abasto y los propios residuos producidos en dichas establecimientos;

III.- Las emisiones que se verifiquen por los trabajos de pavimentación y asfaltado de calles o en la realización de obras públicas y privadas de competencia municipal;

IV.- Los baños y balnearios, instalaciones o clubes deportivos, públicos o privados;

V.- Los hoteles y establecimientos que presten servicios similares o conexos;

VI.- Los restaurantes, panaderías, tortillerías, molinos de nixtamal y, en general, toda clase de establecimientos fijos o móviles que expendan o comercialicen de cualquier manera, al mayoreo o menudeo, alimentos o bebidas al público, directa o indirectamente;

VII.- Los criaderos de todo tipo, sean de aves o de ganado;

VIII.- Los talleres mecánicos automotrices, de hojalatería y pintura, vulcanizadoras y demás similares o conexos;

IX.- Los fuegos artificiales en fiestas y celebraciones públicas, autorizadas por el municipio correspondiente;

X.- Los espectáculos públicos culturales, artísticos o deportivos de cualquier clase; y

XI.- Las instalaciones y establecimientos de cualquier clase en ferias populares;

Artículo 144.- El Instituto y las autoridades municipales correspondientes, en materia de contaminación atmosférica, en el ámbito de su competencia, tendrán las siguientes atribuciones:

I.- Llevarán a cabo las acciones de prevención y control de la contaminación del aire en bienes y zonas de su jurisdicción, respecto de las fuentes fijas y móviles que les correspondan;

II.- Aplicará los criterios generales para la protección a la atmósfera, en los planes de desarrollo urbano de su competencia, definiendo las zonas en que sea permitida la instalación de industrias contaminantes;

III.- Requerirán a los responsables de la operación de fuentes fijas de su competencia, el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de contaminación atmosférica, de conformidad con lo establecido por las disposiciones jurídicas que resulten aplicables y en las Normas Oficiales Mexicanas y en criterios ecológicos y normas técnicas ambientales;

IV.- Integrarán y mantendrán actualizado el inventario de fuentes de contaminación atmosférica;

V.- Establecerán y operarán, con el apoyo técnico, en su caso, del Instituto, sistemas de monitoreo de la calidad del aire; y remitirán los reportes locales de monitoreo atmosférico a dicha dependencia federal para integrarlos al Sistema Nacional de Información Ambiental;

VI.- Establecerán en coordinación con las autoridades competentes, requisitos y procedimientos para regular las emisiones del transporte público dentro del ámbito de sus respectivas competencias; y, en su caso, la suspensión de la circulación de vehículos automotores, en casos de contingencia ambiental en las fases de grave contaminación;

VII.- Tomarán las medidas preventivas necesarias para evitar contingencias ambientales por contaminación atmosférica;

VIII.- Impondrán las sanciones y medidas correctivas de su competencia por infracciones a esta ley, sus reglamentos y los bandos municipales respectivos;

IX.- Formularán y aplicarán, con base en las Normas Oficiales Mexicanas y estatales emitidas para establecer la calidad ambiental en el territorio nacional, programas de gestión de calidad del aire; y

X.- Ejercerán las demás facultades que les confieren las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Artículo 145.- En el ámbito de competencia del Instituto, tanto para las fuentes fijas o móviles de contaminación atmosférica, será obligatoria la verificación, de acuerdo con los criterios que así se establezcan en el reglamento correspondiente, determinando el número de verificaciones anuales dependiendo el grado de riesgo de las actividades industriales o de servicios de que se trate, las cuales nunca podrán ser inferiores de una al año.

Asimismo, el Instituto llevará un padrón de empresas cuyas actividades se consideren como contaminantes, a efecto de dar cumplimiento a lo previsto en el párrafo anterior.


CAPÍTULO II

Prevención y Control de la Contaminación del Agua y de los Ecosistemas Acuáticos

Artículo 146.- Para la prevención y control de la contaminación del agua se considerarán los siguientes criterios:

I.- La prevención y control de la contaminación del agua, es fundamental para evitar que se reduzca su disponibilidad y para proteger los ecosistemas acuáticos y costeros del Estado;

II.- Corresponde al Estado y la sociedad prevenir y controlar la contaminación de aguas de jurisdicción estatal y aquellas que tenga concesionadas o asignadas por la Federación;

III.- El aprovechamiento del agua en actividades productivas susceptibles de producir su contaminación, conlleva la responsabilidad del tratamiento previo de las descargas, a fin de reintegrarla en condiciones adecuadas para su utilización en otras actividades y mantener el equilibrio de los ecosistemas;

IV.- Las aguas residuales de origen urbano deben de recibir tratamiento previo a su descarga en ríos, cuencas, vasos, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua, incluyendo las del subsuelo;

V.- La participación y corresponsabilidad de la sociedad es condición indispensable para evitar la contaminación del agua;

VI.- El Estado promoverá ante la federación la protección de los ecosistemas acuáticos y el equilibrio de sus elementos naturales;

VII.- El aprovechamiento de los recursos naturales que comprenden los ecosistemas acuáticos, deben realizarse de una manera sustentable para no alterar el equilibrio ecológico; y

VIII.- Para mantener la integridad y el equilibrio de los elementos naturales que intervienen en el ciclo hidrológico, se deberá considerar la protección de suelos, áreas boscosas, selváticas, el mantenimiento de caudales básicos de las corrientes de agua y la capacidad de los acuíferos.

Artículo 147.- Los criterios para el aprovechamiento sustentable y la prevención y control de la contaminación del agua serán considerados en:

I.- La formulación e integración del programa estatal hidrológico;

II.- El otorgamiento de concesiones, permisos y en general, toda clase de autorizaciones para el aprovechamiento de recursos naturales o la realización de actividades que afecten o puedan afectar el ciclo hidrológico;

III.- La clasificación de cuerpos receptores de descarga de aguas residuales, de acuerdo con su capacidad de asimilación o dilución y la carga contaminante que estos puedan recibir;

IV.- Las autorizaciones o permisos que se otorguen para descargar aguas en los alcantarillados de las poblaciones;

V.- El establecimiento de criterios y normas técnicas ambientales para el uso, tratamiento y disposición de aguas residuales, para evitar riesgos y daños a los ecosistemas y a la salud pública, en conformidad con lo establecida por las Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones aplicables; y

VI.- Los convenios que se celebren con la Federación para entrega de agua en bloque a los sistemas usuarios o a usuarios, especialmente en lo que se refiere a la determinación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales que deban instalarse.

Artículo 148.- Para garantizar el uso sustentable de las aguas de jurisdicción estatal o que se tengan asignadas por la Federación en los términos de la Ley y de los convenios o acuerdos de coordinación que se celebren; quedan sujetas a regulación estatal las actividades de nueva creación descritas en la presente Ley.

Artículo 149.- Corresponde al Instituto:

I.- Regular el aprovechamiento sustentable y prevenir y controlar la contaminación de las aguas que el Estado tenga asignadas por la Federación para la prestación de servicios públicos;

II.- Apoyar a los Municipios en sus acciones de prevención y control de la contaminación del agua; y

III.- Llevar a cabo las actividades indicadas en las fracciones III, IV y V del Artículo siguiente, en los términos de los convenios que al efecto celebre el Estado y con los Municipios.

Artículo 150.- Corresponde a los Municipios:

I.- Aplicar las reglas que expida el Estado para regular el aprovechamiento sustentable de las aguas de jurisdicción estatal;

II.- Prevenir y controlar la contaminación de las aguas de jurisdicción federal o estatal que tengan asignadas para la prestación de los servicios públicos;

III.- Prevenir y controlar la contaminación de las aguas residuales que se descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población;

IV.- Requerir la instalación de sistemas de tratamiento, a quienes generen descargas de origen industrial, municipal o de cualquier otra naturaleza a los sistemas de drenaje y alcantarillado y no satisfagan las Normas Oficiales Mexicanas que se expidan;

V.- Llevar y actualizar el registro de las descargas a las redes de drenaje y alcantarillado que administren, el que será integrado al inventario estatal de descargas a cargo de la Comisión Estatal del Agua; y

VI.- Llevar y actualizar el registro de descargas a las redes de drenaje y alcantarillado que administren, el que será integrado al Registro Nacional de Descargas a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

Artículo 151.- Con el propósito de asegurar la disponibilidad del agua y abatir los niveles de dispendio, las autoridades competentes promoverán el ahorro y uso eficiente del agua, el tratamiento de aguas residuales y su aprovechamiento. Para tal efecto el Instituto deberá:

I.- Participar en coordinación con la federación en la actualización del inventario nacional de descargas de aguas residuales y sus plantas de tratamiento respectivas;

II.- Canalizar y gestionar ante la federación la regularización de todos aquellos usuarios de hecho, que exploten, usen o aprovechen el agua y sus bienes inherentes;

III.- Participar en coordinación con la federación en la clasificación de corrientes superficiales y embalses naturales para determinar el índice de la calidad del agua;

IV.- Promover ante la federación y participar en estudios para determinar el deterioro ecológico de cuerpos de agua;

V.- Mediante convenio con la federación, evaluar y dictaminar los proyectos de sistemas de tratamiento de aguas residuales de todo tipo;

VI.- Promover ante la federación la realización de estudios y dictámenes técnicos para la conservación del caudal mínimo considerado como gasto ecológico en corrientes superficiales, así como el volumen ecológico mínimo de embalses;

VII.- Prevenir y controlar la contaminación de las aguas de jurisdicción estatal; y

VIII.- Apoyar a los municipios en sus acciones de prevención y control de la contaminación del agua.

Artículo 152.- No podrán descargarse en los sistemas de drenaje y alcantarillado, aguas residuales, con excepción de las de origen doméstico, que contengan contaminantes, sin previo tratamiento o autorización de la autoridad respectiva en el que se justifique la necesidad de la misma.

Artículo 153.- El otorgamiento de asignaciones, concesiones o permisos para la explotación, uso o aprovechamiento en actividades económicas de aguas de jurisdicción estatal, o de aguas de jurisdicción federal asignadas al Estado o a los Municipios, estará condicionado al tratamiento previo a las descargas de las aguas residuales que se produzcan.

Artículo 154.- Cuando se determine el monto de los derechos correspondientes a la prestación de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, se considerará el costo del tratamiento que resulte necesario.

Artículo 155.- Todas las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, deberán satisfacer los requisitos y condiciones señalados en el reglamento, Normas Oficiales Mexicanas, Normas Técnicas Ambientales y criterios ecológicos correspondientes, así como los que se señalen en las condiciones particulares de descarga que fijen las autoridades federales, o el Instituto, según sea el caso.

Estas aguas en todo caso, deberán reunir las condiciones necesarias para prevenir:

I.- Contaminación de los cuerpos receptores;

II.- Interferencias en los procesos de depuración de las aguas; y

III.- Trastornos, impedimentos o alteraciones en los correctos aprovechamientos, o en el funcionamiento adecuado de los sistemas de drenaje y alcantarillado.

Artículo 156.- Cuando las aguas que se descarguen en las redes de drenaje y alcantarillado de los centros de población, afecten o puedan afectar fuentes de abastecimiento de agua, se dará aviso de inmediato a la autoridad sanitaria más próxima, en estos casos se promoverá o llevará a cabo la revocación del permiso o autorización de descarga correspondiente, así como la suspensión del suministro.

Artículo 157.- Los Ayuntamientos y el Estado en su caso, observarán las condiciones generales de descarga que les fije la Federación y las Normas Oficiales Mexicanas respecto de las aguas que sean vertidas directamente por los sistemas de drenaje y alcantarillado a cuerpos y corrientes de agua de jurisdicción federal.

Artículo 158.- El Gobierno del Estado y los Municipios, observarán los reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas para el diseño, operación o administración de sus equipos y sistemas de tratamiento de aguas residuales de origen urbano.

Artículo 159.- Para la construcción de obras e instalaciones de tratamiento o purificación de aguas residuales de procedencia industrial, que deriven de aguas de jurisdicción federal asignadas para la prestación de servicios públicos, el Gobierno del Estado o los Ayuntamientos, en sus respectivos ámbitos de competencia, requerirán la presentación del dictamen u opinión que respecto de los proyectos correspondientes formule la Federación.

Artículo 160.- Las aguas residuales derivadas de aguas federales asignadas al Estado o a los Municipios para la prestación de servicios públicos, podrán reusarse si se someten al tratamiento que cumpla con las Normas Oficiales Mexicanas y demás aplicables.

El reuso de dichas aguas se hará mediante el pago de las cuotas de derechos que fijen las disposiciones locales correspondientes y podrá llevarse a cabo hasta antes de la descarga final en bloque de las aguas residuales y en los cauces de propiedad Federal.

Artículo 161.- Los responsables de las descargas de aguas residuales objeto de esta Ley, podrán convenir con el Estado o con los Municipios para que estos tomen a su cargo el tratamiento de dichas aguas, previo el pago de las cuotas o derechos que al efecto se fijen.

Artículo 162.- El Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, se coordinarán con las autoridades Federales competentes, para realizar un sistemático y permanente monitoreo de la calidad de las aguas dentro del territorio del Estado, para detectar la presencia de contaminantes o exceso de desechos orgánicos y aplicar las medidas que procedan o, en su caso promover su ejecución.

La información que se recabe deberá ser incorporada al Sistema Nacional de Información Ambiental establecido por la Federación, en los términos de los acuerdos de coordinación respectivos.


CAPÍTULO III

Prevención y Control de la Contaminación Visual y de la Generada por Ruido, Vibraciones, Energía Térmica, Energía Lumínica y Olores

Artículo 163.- Se prohíbe la emisión de ruidos, vibraciones, energía térmica o lumínica y olores, en cantidades que excedan los límites máximos permisibles contenidos en las Normas Oficiales Mexicanas, así como en contravención a lo establecido en el reglamento de esta Ley, criterios y normas técnicas ambientales que para tales efectos expida el Instituto.

En la construcción de obras o instalaciones que generen energía térmica, lumínica, ruido o vibraciones, así como la operación o funcionamiento de las existentes deberán llevarse a cabo acciones preventivas y correctivas para evitar los efectos nocivos de dichos contaminantes en el equilibrio ecológico y el ambiente.

Artículo 164.- El Instituto, con la participación de la sociedad civil según lo establecido en la presente Ley, determinará las zonas en la Entidad que tengan un valor escénico o de paisaje y regulará y autorizará los tipos de obras o actividades que se pueden realizar con el propósito de evitar su deterioro.

Los municipios deberán expedir disposiciones que regulen obras, actividades y anuncios publicitarios, con el fin de evitar la contaminación visual en los centros de población.

Artículo 165.- Corresponde al Estado y los Ayuntamientos, en su ámbito de competencia establecer las disposiciones y medidas necesarias para evitar la generación de contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, energía lumínica, olores y contaminación visual, generadas en industrias de competencia Estatal, así como establecimientos mercantiles y de servicios de competencia del ayuntamiento. Para este efecto llevarán a cabo los actos necesarios de inspección, vigilancia y aplicación de medidas a fin de exigir el cumplimiento de las disposiciones en la materia.

Artículo 166.- El Instituto asesorará y apoyará a los Municipios en el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este Capítulo.


CAPÍTULO IV

De la Prevención y Control de la Contaminación del Suelo

Artículo 167.- Para la prevención y control de la contaminación del suelo, se considerarán los siguientes criterios:

I.- Corresponde al Estado de Nayarit, a sus municipios y a la sociedad en general, prevenir la contaminación de los suelos;

II.- Todos los residuos deben ser controlados, en tanto que constituyen la principal fuente de contaminación de los suelos; y

III.- Es necesario prevenir y reducir la generación de residuos domésticos e industriales; incorporar técnicas y procedimientos para su reuso y reciclaje, así como para regular su manejo y disposición final eficientes.

Artículo 168.- Los criterios establecidos en el artículo anterior, se considerarán, en el ámbito de competencia estatal y municipal, en los casos siguientes:

I.- La ordenación y regulación del desarrollo urbano;

II.- La operación de los sistemas de limpia y de disposición final de residuos domésticos e industriales, en rellenos sanitarios; y

III.- La generación, manejo y disposición de residuos domésticos e industriales, así como en las autorizaciones y permisos que al efecto se otorguen.

Artículo 169.- Los residuos que se acumulen, o puedan acumularse, y se depositen o infiltren en los suelos, reunirán las condiciones necesarias para prevenir o evitar:

I.- La contaminación del suelo;

II.- Las alteraciones nocivas en el proceso biológico de los suelos y de aquellas que afecten su aprovechamiento, uso o explotación; y

III.- Los riesgos, directos e indirectos, a la salud.

Artículo 170.- El Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos municipales podrán celebrar acuerdos de asesoría y coordinación para implementar y obtener financiamiento en:

I.- La formulación de programas de reutilización de residuos domésticos e industriales;

II.- La elaboración de inventarios de residuos domésticos e industriales y sus fuentes generadoras;

III.- La implantación, evaluación y mejoramiento de sistemas de manejo y disposición final de residuos domésticos e industriales; y

IV.- La identificación de alternativas de reutilización y disposición final de residuos domésticos e industriales.

Artículo 171.- Toda descarga, depósito o infiltración de materiales contaminantes en los suelos, dentro de la circunscripción territorial del Estado de Nayarit, se sujetará a lo que disponga esta Ley y las normas oficiales mexicanas aplicables.

Artículo 172.- La generación, manejo y disposición final de los residuos de lenta degradación deberá sujetarse a lo que dispongan las normas aplicables.


CAPÍTULO V

De las Actividades Riesgosas

Artículo 173.- El Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos regularán la realización de actividades riesgosas, cuando éstas afecten el equilibrio ecológico de los ecosistemas o al ambiente de la entidad en general o del municipio correspondiente.

Artículo 174.- El Instituto establecerá mediante Acuerdo que será publicado en el Periódico Oficial del Estado, la clasificación de las actividades que deban considerarse riesgosas.

Dicha clasificación estará determinada por las características de peligrosidad de los materiales que involucren, considerando además los volúmenes de manejo de acuerdo a la cantidad de reporte.

Artículo 175.- El Instituto promoverá que en la determinación de los usos de suelo se especifiquen las zonas en las que se permita el establecimiento de industrias, comercios o servicios considerados riesgosos por la gravedad de los efectos que puedan generar en los ecosistemas o en el ambiente tomándose en consideración:

I.- Las condiciones topográficas, meteorológicas, climatológicas, geológicas y sísmicas de la zona;

II.- La proximidad a centros de población, previendo la creación de nuevos asentamientos humanos o la expansión de los ya existentes;

III.- La compatibilidad con otras actividades de la zona;

IV.- La infraestructura existente y necesaria para la atención de contingencias ambientales o emergencias ecológicas; y

V.- Los impactos que tendría un posible evento extraordinario en la población y recursos naturales.

Artículo 176.- Quienes pretendan realizar actividades riesgosas, requerirán previamente de una autorización por parte del Instituto. Para obtener la autorización a la que se refiere el presente artículo, los interesados deberán presentar ante el Instituto un estudio de riesgo, el cual deberá contener como mínimo:

I.- Los datos generales del interesado y del proyecto;

II.- La descripción de la actividad;

III.- La descripción de los escenarios resultantes de la identificación, análisis y evaluación de los riesgos ambientales, así como las medidas técnicas de seguridad, preventivas y correctivas, tendientes a evitar, mitigar o controlar los efectos adversos al equilibrio ecológico en caso de una emergencia ecológica o contingencia ambiental, durante la ejecución u operación normal de la obra o actividad de que se trate; y

IV.- Descripción de las zonas de protección en torno a las instalaciones.

Artículo 177.- En adición al cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y de las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, quienes realicen actividades riesgosas en el Estado, deberán:

I.- Elaborar, implementar y mantener actualizado un plan de contingencias, con base en los escenarios identificados en el estudio de riesgo; y

II. Incorporar equipos de seguridad.


CAPÍTULO VI

Del Manejo y Disposición Final de los Residuos Domésticos e Industriales

Artículo 178.- Corresponden al Instituto las siguientes facultades en materia de manejo y disposición de residuos domésticos e industriales:

I.- Formular las disposiciones que regulen las actividades en las que se generen, manejen y dispongan finalmente residuos domésticos e industriales;

II.- La promoción de medidas técnicas y administrativas para prevenir y reducir la generación de residuos domésticos e industriales;

III.- Brindar asesoría y apoyo a los municipios en la materia; y

IV.- Ejercer las demás atribuciones que les otorga la presente Ley.

Artículo 179.- Corresponden a los Ayuntamientos las siguientes facultades en materia de manejo y disposición de residuos domésticos e industriales:

I.- La evaluación de sitios para el establecimiento de rellenos sanitarios de residuos domésticos e industriales y, en su caso, la expedición de las autorizaciones correspondientes;

II.- La evaluación y, en su caso, autorización de los sistemas de recolección, transporte, almacenamiento y tratamiento de residuos domésticos e industriales;

III.- La administración y operación de sistemas de manejo y disposición final de residuos domésticos e industriales cuando sean propiedad municipal o bien, la vigilancia y supervisión al concesionario de estos;

IV.- La vigilancia y supervisión de las instalaciones y operación de sitios de almacenamiento, tratamiento y disposición final de residuos domésticos e industriales; y

V.- Ejercer las demás atribuciones que esta Ley les confiera en la materia.

Artículo 180.- Para el manejo y disposición final de residuos domésticos e industriales, los municipios podrán coordinarse o asociarse en la creación de organismos operadores, sentando ellos mismos los lineamientos para su funcionamiento y administración que conlleven a la mejor prestación de sus servicios públicos en la materia.

Artículo 181.- El Instituto y los Ayuntamientos promoverán la fabricación y utilización de empaques y envases para todo tipo de productos, cuyos materiales permitan reducir la generación de residuos domésticos e industriales.

Artículo 182.- Toda persona que realice actividades por las que se generen, almacenen, recolecten, transporten, traten, usen, reusen, reciclen o dispongan de residuos, deberá obtener autorización del municipio que corresponda y sujetarse a lo dispuesto por esta ley y elaborar un programa de minimización de los residuos que genere, el cual deberá de ser presentado ante el Instituto para su aprobación.

Artículo 183.- Los residuos que se generen en los procesos industriales de producción que puedan tener un valor en el mercado, no podrán ser almacenados por un periodo mayor a 60 días naturales, sin que se les dé un reuso, reciclaje, tratamiento o puedan ser comercializados como subproductos.

Artículo 184.- El Instituto y los Ayuntamientos llevarán el inventario de rellenos sanitarios o depósitos de residuos domésticos e industriales, así como de las fuentes generadoras.

Artículo 185.- Los Ayuntamientos informarán al Instituto respecto de los sitios de depósito de residuos domésticos e industriales o en los que se ubiquen los rellenos sanitarios, fuentes generación y volúmenes generados, con la finalidad de que éste integre dicha información al Sistema de Información Ambiental del Estado.


CAPÍTULO VII

De la Prevención y Control de Contingencias Ambientales y Emergencias Ecológicas

Artículo 186.- La adopción de medidas necesarias para prevenir y controlar contingencias ambientales y emergencias ecológicas corresponde al Estado en coordinación con dependencias federales y estatales, cuando la magnitud o gravedad de los desequilibrios ecológicos o daños ambientales no rebasen el territorio de la Entidad o no hagan necesaria la acción exclusiva de la Federación o de un municipio.

La competencia de los municipios en esta materia se circunscribirá a los casos en que la magnitud o gravedad de los desequilibrios ecológicos o daños al ambiente no rebasen su ámbito territorial.


TÍTULO QUINTO

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DERECHO A LA INFORMACIÓN AMBIENTAL


CAPÍTULO I

Mecanismos de Participación Social

Artículo 187.- El Gobierno del Estado, a través del Instituto, promoverá la participación y corresponsabilidad de la sociedad en los procesos de formulación y aplicación de la política ambiental y sus instrumentos, en acciones de información y vigilancia, y en general, en las acciones ecológicas que emprenda.

Artículo 188.- Para los efectos del Artículo anterior, el Instituto:

I.- Convocará a representantes de las organizaciones obreras, empresariales, pesqueras, campesinos y productores agropecuarios, de las comunidades, de instituciones educativas, académicas y de investigación, pueblos indígenas, de instituciones privadas no lucrativas, discapacitados, grupos minoritarios y de otros representantes de la sociedad, para que manifiesten su opinión y propuestas;

II.- Celebrará convenios de concertación con:

A). Las organizaciones creadas para la protección del ambiente en los lugares de trabajo y en unidades habitacionales.

B). Las organizaciones campesinas, las comunidades rurales y los grupos indígenas, para el establecimiento, administración y manejo de áreas naturales protegidas de jurisdicción estatal, y para brindarles asesoría ecológica en las actividades relacionadas con el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

C). Las organizaciones empresariales, en los casos previstos en esta Ley para la protección del ambiente.

D). Las instituciones educativas, académicas y de investigación para la realización y fomento de estudios e investigaciones en la materia.

E). Las organizaciones civiles e instituciones privadas no lucrativas, para emprender acciones ecológicas conjuntas.

F). Los representantes sociales y con particulares interesados en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.

III.- Promoverá la celebración de convenios con los diversos medios de comunicación masiva, para la difusión, información y promoción de acciones ecológicas, para estos efectos se buscará la participación de artistas, intelectuales, científicos y en general de personalidades cuyos conocimientos y ejemplo contribuyan a formar y orientar a la opinión pública;

IV.- Promoverá el establecimiento de reconocimiento a los esfuerzos más destacados de la sociedad para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger el ambiente;

V.- Impulsará el fortalecimiento de la conciencia ecológica a través de la realización de acciones conjuntas con la comunidad para la conservación y el mejoramiento del ambiente, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el correcto manejo de desechos. Para ello, podrá en forma coordinada con los municipios, celebrar convenios, de concertación con comunidades urbanas, rurales e indígenas, así como con diversas organizaciones sociales; y

VI.- Propondrá a las Comisiones Municipales de Ecología, mecanismos adecuados para intensificar la participación de representantes de los sectores de la sociedad, así como de organizaciones e instituciones.


CAPÍTULO II

Consejo Estatal de Protección al Ambiente

Artículo 189.- El Consejo Estatal de Protección al Ambiente, es un órgano de consulta y opinión que realizará además, tareas de concertación entre los sectores de la sociedad y el gobierno y que participará en la evaluación de la política ambiental estatal en los términos que dispongan esta Ley y las demás leyes aplicables.

Artículo 190.- El Consejo Estatal de Protección al Ambiente se integrará por:

I.- Un Presidente, que será un ciudadano de reconocida trayectoria profesional en la materia designado por el Congreso del Estado y que durará en su encargo tres años;

II.- Un Secretario Técnico, que será un ciudadano de reconocidos méritos científicos, técnicos, académicos o sociales en la materia, designado por el Presidente del Consejo Estatal de Protección al Ambiente;

III.- Los Consejeros serán:

A) Titulares de dependencias o entidades del Gobierno de Estado cuyas atribuciones se relacionen directamente con la protección ambiental;

B) Representantes de instituciones educativas, de investigación, de organizaciones sociales y especialistas en la materia;

C) Delegados de dependencias y entidades federales;

D) Autoridades municipales ambientales del Estado;

E) Presidente de la Comisión de Ecología del Congreso del Estado.

Los Consejeros se integrarán al Consejo Estatal de Protección al Ambiente, a invitación expresa de su Presidente.

La organización y funcionamiento del Consejo Estatal de Protección al Ambiente se sujetará a lo dispuesto en su Reglamento.


CAPÍTULO III

Comisiones Municipales de Ecología

Artículo 191.- En cada Municipio, se integrará una Comisión Municipal de Ecología, que estará presidida por el Presidente Municipal y como Secretario Técnico fungirá el regidor encargado de la comisión de ecología o en su caso un ciudadano destacado en el área ambiental que no sea servidor público. Los Vocales podrán ser servidores públicos de dependencias y organismos auxiliares del gobierno; representantes de instituciones educativas y de investigación; representantes de organizaciones sociales; delegados de dependencias y entidades federales, y especialistas en la materia.

Corresponderá a las Comisiones Municipales de Ecología, identificar las acciones para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y la protección al ambiente en el Municipio, proponer prioridades y programas para su atención, así como impulsar la participación en estas tareas, de los sectores público, social y privado.

El funcionamiento de las Comisiones Municipales de Ecología, se sujetará al Reglamento Interior que para las mismas, expidan los Ayuntamientos, considerando los lineamientos del Consejo Estatal de Protección al Ambiente.


CAPÍTULO IV

Derecho a la Información Ambiental

Artículo 192.- El Instituto desarrollará un Sistema Estatal de Información Ambiental y de Recursos Naturales, que tendrá por objeto registrar, organizar, actualizar y difundir la información ambiental estatal, que estará disponible para su consulta y que se coordinará y complementará, en lo posible, con el Sistema de Cuentas Nacionales a cargo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

En dicho sistema, el Instituto deberá integrar, entre otros aspectos, información relativa a los inventarios de recursos naturales existentes en el territorio estatal, a los mecanismos y resultados obtenidos del monitoreo de la calidad del aire, del agua y del suelo, a las rutas ecoturísticas y turismo de aventura, al riesgo industrial, al ordenamiento ecológico y urbano del territorio, así como la información relativa al Registro Estatal de Espacios Naturales Protegidos, incluyendo los programas de manejo, y la correspondiente a los registros, programas y acciones que se realicen para la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.

El Instituto reunirá informes y documentos relevantes que resulten de las actividades científicas, académicas, trabajos técnicos o de cualquier otra índole en materia ambiental y de preservación de recursos naturales, realizados en el Estado de Nayarit, y en general en todo el país, por personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, los que serán remitidos al Sistema de Información Ambiental del Estado.

Artículo 193.- El Instituto deberá elaborar y publicar en un período que no podrá exceder los dos años, un informe detallado de la situación general existente en el Estado en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente.

Artículo 194.- El Instituto editará trimestralmente, una gaceta en la que se publicarán las disposiciones jurídicas, Normas Oficiales Mexicanas, normas técnicas, criterios ambientales, decretos, reglamentos, acuerdos y demás actos administrativos, así como información de interés general en materia ambiental, que se publiquen por el gobierno federal o estatal, así como los documentos internacionales en materia ambiental de interés para México, independientemente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, Periódico Oficial del Estado o en otros órganos de difusión. Igualmente en dicha gaceta se publicará información oficial relacionada con espacios naturales protegidos y la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Artículo 195.- Toda persona tendrá derecho a que el Instituto y los municipios pongan a su disposición la información ambiental que les soliciten, en los términos previstos por esta Ley. En su caso, los gastos que se generen, correrán por cuenta del solicitante.

Para los efectos de lo dispuesto en el presente ordenamiento, se considera información ambiental, cualquier información escrita, visual o en forma de base de datos, de que dispongan las autoridades ambientales en materia de agua, aire, suelo, flora, fauna y recursos naturales en general, así como sobre las actividades o medidas que les afectan o puedan afectarlos.

Toda petición de información ambiental deberá presentarse por escrito, especificando claramente la información que se solicita y los motivos de la petición. Los solicitantes deberán identificarse indicando su nombre o razón social y domicilio.

Artículo 196.- Las autoridades a que se refiere el Artículo anterior, podrán negar la entrega de información cuando:

I.- Se considere por disposición legal que la información es confidencial o que por su propia naturaleza su difusión afecta la seguridad municipal, estatal o nacional;

II.- Se trate de información relativa a asuntos que son materia de procedimientos judiciales o de inspección y vigilancia, pendientes de resolución;

III.- Se trate de información aportada por terceros cuando los mismos no estén obligados por disposición legal a proporcionarla, y

IV.- Se trate de información sobre inventarios e insumos y tecnologías de proceso, incluyendo la descripción del mismo.

Artículo 197.- El instituto deberá sin excepción responder por escrito a los solicitantes de información ambiental en un plazo no mayor a quince días hábiles a partir de la recepción de la petición respectiva. En caso de que la autoridad conteste negativamente la solicitud, deberá señalar las razones que motivaron su determinación.

El instituto, dentro de los diez días hábiles siguientes a la solicitud de información, deberá notificar al generador o propietario de la misma de la recepción de la solicitud.

Los afectados por actos del Instituto regulados en este Capítulo, podrán ser impugnados mediante la interposición del recurso de revisión, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley.

Artículo 198.- Quien reciba información ambiental de las autoridades competentes, en los términos del presente Capítulo, será responsable de su adecuada utilización y deberá responder por los daños y perjuicios que se ocasionen por su indebido manejo.


TÍTULO SEXTO

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO


CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 199.- Las disposiciones de este Título son aplicables a la actuación de los particulares ante las instancias y dependencias competentes en las materias que regula la presente ley, así como a los actos a través de los cuales se desenvuelve la función administrativa de las mismas.

Artículo 200.- La actuación administrativa en el procedimiento se desarrollará con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe.

Artículo 201.- El procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición de parte interesada.

Artículo 202.- Las autoridades competentes en materia ambiental no podrán exigir más formalidades que las expresamente previstas en la ley.

Las promociones deberán hacerse por escrito en el que se precisará el nombre, denominación o razón social de quién o quiénes promuevan, en su caso de su representante legal, domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas, la petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición, el órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de su emisión. El escrito deberá estar firmado por el interesado o su representante legal a menos que no sepa o no pueda firmar, caso en el cual, se imprimirá su huella digital.

El promovente deberá adjuntar a su escrito los documentos que acrediten su personalidad, así como los que en cada caso sean requeridos en los ordenamientos respectivos.

Artículo 203.- Las Autoridades estatales y municipales competentes en materia ambiental, en sus relaciones con los particulares, tendrán las siguientes obligaciones:

I.- Solicitar la comparecencia de éstos, sólo cuando así esté previsto en la ley, previa citación en la que se hará constar expresamente el lugar, fecha, hora y objeto de la comparecencia, así como los efectos de no atenderla;

II.- Requerir informes, documentos y otros datos durante la realización de visitas de verificación, sólo en aquellos casos previstos en ésta u otras leyes;

III.- Hacer del conocimiento de éstos, en cualquier momento, del estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan interés jurídico, y a proporcionar copia de los documentos contenidos en ellos;

IV.- Hacer constar en las copias de los documentos que se presenten junto con los originales, la presentación de los mismos;

V.- Admitir las pruebas permitidas por la ley y recibir alegatos, los que deberán ser tomados en cuenta por el órgano competente al dictar resolución;

VI.- Abstenerse de requerir documentos o solicitar información que no sean exigidos por las normas aplicables al procedimiento, o que ya se encuentren en el expediente que se está tramitando;

VII.- Proporcionar información y orientar acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones legales vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar;

VIII.- Permitir el acceso a sus registros y archivos en los términos previstos en ésta u otras leyes;

IX.- Tratar con respeto a los particulares y a facilitar el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones; y

X.- Dictar resolución expresa sobre cuantas peticiones le formulen; así como en los procedimientos iniciados de oficio, cuya instrucción y resolución afecte a terceros; debiendo dictarla dentro del plazo fijado por la ley.

Artículo 204.- Salvo que en las disposiciones específicas se establezca otro plazo, no podrá exceder de cuatro meses el tiempo para que la autoridad administrativa resuelva lo que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en las disposiciones específicas aplicables se prevea lo contrario. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia, dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante la autoridad que deba resolver; igual constancia deberá expedirse cuando las disposiciones específicas prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido positivo. De no expedirse la constancia mencionada dentro del plazo citado, se fincará la responsabilidad que resulte aplicable.

En el caso de que se recurra la negativa por falta de resolución, y ésta a su vez no se resuelva dentro del mismo término, se entenderá confirmada en sentido negativo.

Artículo 205.- Cuando el escrito inicial no contenga los datos o no cumpla con los requisitos previstos en las disposiciones aplicables, la autoridad deberá prevenir al interesado, por escrito y por una sola vez, para que dentro del término de cinco días hábiles subsane la omisión. Salvo que en las disposiciones específicas se establezca otro plazo, dicha prevención deberá hacerse a más tardar dentro del primer tercio del plazo de respuesta de la autoridad y, cuando éste no sea expreso, dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación del escrito inicial.

Notificada la prevención, se suspenderá el plazo para que la autoridad administrativa, resuelva y se reanudará a partir del día hábil inmediato siguiente a aquél en que el interesado conteste. En el supuesto de que no se desahogue la prevención en el término señalado, la autoridad desechará el escrito inicial.

Si la autoridad no hace el requerimiento de información dentro del plazo correspondiente, no podrá rechazar el escrito inicial por incompleto.

Artículo 206.- Salvo disposición expresa en contrario, los plazos para que la autoridad conteste empezarán a correr al día hábil inmediato siguiente a la presentación del escrito correspondiente.

Artículo 207.- El procedimiento administrativo continuará de oficio, sin perjuicio del impulso que puedan darle los interesados. En caso de corresponderles a estos últimos y no lo hicieren, operará la caducidad en los términos previstos en esta Ley.


CAPÍTULO II

De los Interesados

Artículo 208.- Los promoventes con capacidad de ejercicio podrán actuar por sí o por medio de representante o apoderado.

La representación de las personas físicas o morales ante las autoridades ambientales para formular solicitudes, participar en el procedimiento administrativo, interponer recursos, desistirse y renunciar a derechos, deberá acreditarse mediante instrumento público, y en caso de personas físicas, también mediante carta poder firmada ante los testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante las propias autoridades o fedatario público, o declaración en comparecencia personal del interesado.

Sin perjuicio de lo anterior, el interesado o su representante legal mediante escrito firmado podrá autorizar a la persona o personas que estime pertinente para oír y recibir notificaciones, realizar trámites, gestiones y comparecencias que fueren necesarios para la tramitación de tal procedimiento, incluyendo la interposición de recursos administrativos.

Artículo 209.- Cuando en una solicitud, escrito o comunicación fungieren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán con el representante común o interesado que expresamente hayan señalado y, en su defecto, con el que figure en primer término.


CAPÍTULO III

De los Términos y Plazos

Artículo 210.- Las actuaciones y diligencias administrativas se practicarán en días y horas hábiles.

En los plazos fijados en días no se contarán los inhábiles, salvo disposición en contrario. No se considerarán días hábiles: los sábados, los domingos, el 1o. de enero; 5 de febrero; 21 de marzo; 1o. de mayo; 1o. y 16 de septiembre; 20 de noviembre; 1o. de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, y el 25 de diciembre, así como los días en que tengan vacaciones generales las autoridades competentes o aquellos en que se suspendan las labores, los que se harán del conocimiento público mediante acuerdo del titular de la Dependencia respectiva, que se publicará en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit.

Los términos podrán suspenderse por causa de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente fundada y motivada por la autoridad competente.

La autoridad podrá, de oficio o a petición de parte interesada, habilitar días inhábiles, cuando así lo requiera el asunto.

Artículo 211.- En los plazos establecidos por periodos se computarán todos los días; cuando se fijen por mes o por año se entenderá que el plazo concluye el mismo número de día del mes o año de calendario que corresponda, respectivamente; cuando no exista el mismo número de día en el mes de calendario correspondiente, el término será el primer día hábil del siguiente mes de calendario.

Si el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado hasta el día siguiente hábil.

Artículo 212.- Las diligencias o actuaciones del procedimiento administrativo se efectuarán conforme a los horarios, que cada dependencia o entidad en materia ambiental previamente establezca y publique en el Periódico Oficial del Estado, y en su defecto, las comprendidas entre las 8:00 y las 18:00 horas. Una diligencia iniciada en horas hábiles podrá concluirse en hora inhábil sin afectar su validez.

Las autoridades ambientales, en caso de urgencia o de existir causa justificada, podrán habilitar horas inhábiles cuando la persona con quien se vaya a practicar la diligencia realice actividades objeto de investigación en tales horas.

Artículo 213.- Sin perjuicio de lo establecido en otras leyes administrativas, las autoridades ambientales, de oficio o a petición de parte interesada, podrá ampliar los términos y plazos establecidos, sin que dicha ampliación exceda en ningún caso de la mitad del plazo previsto originalmente, cuando así lo exija el asunto y no se perjudiquen los derechos de los interesados o de terceros.


CAPÍTULO IV

De las Notificaciones

Artículo 214.- Las notificaciones, podrán realizarse:

I.- Personalmente con quien deba entenderse la diligencia, en el domicilio del interesado;

II.- Mediante oficio entregado por mensajero o correo certificado, con acuse de recibo, telefax o cualquier otro medio por el que se pueda comprobar fehacientemente la recepción de los mismos;

III.- Por edicto, cuando se desconozca el domicilio del interesado o en su caso de que la persona a quien deba notificarse haya desaparecido, se ignore su domicilio o se encuentre en el extranjero sin haber dejado representante legal; y

IV.- Por listas fijadas en estrados o rotulones.

Tratándose de actos distintos a requerimientos de informes, citaciones o notificación de resoluciones administrativas, las notificaciones podrán realizarse por correo ordinario, mensajería, telegrama o, previa solicitud por escrito del interesado, a través de telefax.

La resolución administrativa definitiva podrá notificarse al interesado por medio de correo certificado o mensajería, en ambos casos con acuse de recibo, siempre y cuando los solicitantes hubieran manifestado su consentimiento y hayan adjuntado al promover el trámite el comprobante de pago del servicio respectivo.

Artículo 215.- Las notificaciones personales, se harán en el domicilio del interesado o en el último domicilio que la persona a quien se deba notificar haya señalado ante los órganos administrativos en el procedimiento administrativo de que se trate. En todo caso, el notificador deberá cerciorarse del domicilio del interesado y deberá entregar copia del acto que se notifique y señalar la fecha y hora en que la notificación se efectúa, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega, se hará constar en el acta de notificación, sin que ello afecte su validez.

Las notificaciones personales, se entenderán con la persona que deba ser notificada o su representante legal; a falta de ambos, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que el interesado espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si el domicilio se encontrare cerrado, el citatorio se dejará con el vecino más inmediato.

Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse ésta a recibirla o en su caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio.

De las diligencias en que conste la notificación, el notificador tomará razón por escrito.

Cuando las leyes respectivas así lo determinen, y se desconozca el domicilio de los titulares de los derechos afectados, tendrá efectos de notificación personal la segunda publicación del acto respectivo en el Periódico Oficial del Estado.

Artículo 216.- Las notificaciones por edictos se realizarán haciendo publicaciones que contendrán un resumen de las resoluciones por notificar. Dichas publicaciones deberán efectuarse por tres días consecutivos en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en el territorio del Estado.

Artículo 217.- Las notificaciones personales surtirán sus efectos el día en que hubieren sido realizadas. Los plazos empezarán a correr a partir del día siguiente a aquél en que haya surtido efectos la notificación.

Se tendrá como fecha de notificación por correo certificado la que conste en el acuse de recibo.

En las notificaciones por edictos se tendrá como fecha de notificación la de la última publicación en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en el territorio del Estado.

Artículo 218.- Toda notificación deberá efectuarse en el plazo máximo de diez días, a partir de la emisión de la resolución o acto que se notifique, y deberá contener el texto integro del acto, así como el fundamento legal en que se apoye con la indicación si es o no definitivo en la vía administrativa, y en su caso, la expresión del recurso administrativo que contra la misma proceda, órgano ante el cual hubiera de presentarse y plazo para su interposición.


CAPÍTULO V

De la Iniciación

Artículo 219.- Los escritos dirigidos a las autoridades ambientales deberán presentarse directamente en sus oficinas autorizadas para tales efectos, en las oficinas de correos, mediante mensajería o telefax, salvo el caso del escrito inicial de impugnación, el cual deberá presentarse precisamente en las oficinas administrativas correspondientes.

Los escritos recibidos por correo certificado con acuse de recibo se considerarán presentados en las fechas que indique el sello fechador de la oficina de correos, excepto en los casos en que hubieren sido dirigidos a una autoridad que resulte incompetente. Para tal efecto, se agregará al expediente el sobre sin destruir en donde aparezca el sello fechador, y cuando así proceda se estará a lo dispuesto en el párrafo anterior.

Artículo 220.- En ningún caso se podrán rechazar los escritos en las unidades de recepción de documentos.

Cuando en cualquier estado se considere que alguno de los actos no reúne los requisitos necesarios, el órgano administrativo lo pondrá en conocimiento de la parte interesada, concediéndole un plazo de cinco días para su cumplimiento, Los interesados que no cumplan con lo dispuesto en este artículo, se les podrá declarar la caducidad del ejercicio de su derecho, en los términos previstos en la presente Ley.

Artículo 221.- Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo podrá adoptar las medidas provisionales establecidas en la presente ley para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existieren suficientes elementos de juicio para ello.

Artículo 222.- Las autoridades correspondientes ante quienes se inicie o se tramite cualquier procedimiento administrativo, de oficio o a petición de parte interesada, podrán disponer su acumulación. Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno.


CAPÍTULO VI

De la Tramitación

Artículo 223.- En el despacho de los expedientes se guardará y respetará el orden riguroso de tramitación en los asuntos de la misma naturaleza; la alteración del orden sólo podrá realizarse cuando exista causa debidamente motivada de la que quede constancia.

El incumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, será causa de responsabilidad del servidor público infractor.

Artículo 224.- Las cuestiones incidentales que se susciten durante el procedimiento no suspenderán la tramitación del mismo, incluyendo la recusación, en la inteligencia que de existir un procedimiento incidental de recusación, éste deberá resolverse antes de dictarse resolución definitiva o en la misma resolución.

Artículo 225.- Los incidentes se tramitarán por escrito dentro de los cinco días siguientes a la notificación del acto que lo motive, en el que expresará lo que a su derecho conviniere, así como las pruebas que estime pertinentes fijando los puntos sobre los que versen; una vez desahogadas, en su caso, las pruebas que hubiere ofrecido, en el término que se fije y que no excederá de diez días, el órgano administrativo resolverá el incidente planteado.

Artículo 226.- Los actos necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse resolución, se realizarán de oficio por el órgano que tramite el procedimiento.

Artículo 227.- En los procedimientos administrativos se admitirán toda clase de pruebas, excepto la confesional de las autoridades. No se considerará comprendida en esta prohibición la petición de informes a las autoridades administrativas, respecto de hechos que consten en su expediente o de documentos agregados a ellos.

La autoridad podrá allegarse de los medios de prueba que considere necesarios, sin más limitación que las establecidas en la ley.

La autoridad ante quien se tramite un procedimiento administrativo ambiental, acordará sobre la admisibilidad de las pruebas ofrecidas. Sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando no fuesen ofrecidas conforme a derecho, no tengan relación con el fondo del asunto, sean improcedentes e innecesarias o contrarias a la moral y al derecho. Tal resolución deberá estar debidamente fundada y motivada.

Artículo 228.- El desahogo de las pruebas ofrecidas y admitidas se realizará dentro de un plazo no menor a tres ni mayor de quince días, contado a partir de su admisión.

Si se ofreciesen pruebas que ameriten ulterior desahogo, se concederá al interesado un plazo no menor de ocho ni mayor de quince días para tal efecto.

Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya emitido la resolución definitiva.

Artículo 229.- El órgano administrativo notificará a los interesados, con una anticipación de tres días, el inicio de las actuaciones necesarias para el desahogo de las pruebas que hayan sido admitidas.

Artículo 230.- Cuando las disposiciones legales así lo establezcan o se juzgue necesario, se solicitarán los informes u opiniones necesarios para resolver el asunto, citándose el precepto que lo exija o motivando, en su caso, la conveniencia de solicitarlos.

Artículo 231.- Los informes u opiniones solicitados a otros órganos administrativos podrán ser obligatorios o facultativos, vinculares o no. Salvo disposición legal en contrario, los informes y opiniones serán facultativos y no vinculantes al órgano que los solicitó y deberán incorporarse al expediente.

Artículo 232.- A quien se le solicite un informe u opinión, deberá emitirlo dentro del plazo de quince días, salvo disposición que establezca otro plazo.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, no se recibiese el informe u opinión, cuando se trate de informes u opiniones obligatorios o vinculantes, se entenderá que no existe objeción a las pretensiones del interesado.

Artículo 233.- Concluida la tramitación del procedimiento administrativo y antes de dictar resolución se pondrán las actuaciones a disposición de los interesados, para que en su caso, formulen alegatos, los que serán tomados en cuenta por el órgano competente al dictar la resolución.

Los interesados en un plazo no inferior a cinco días ni superior a diez podrán presentar por escrito sus alegatos.

Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifestaran su decisión de no presentar alegados, se tendrá por concluido el trámite.


CAPÍTULO VII

De la Terminación

Artículo 234.- Ponen fin al procedimiento administrativo:

I.- La resolución del mismo;

II.- El desistimiento;

III.- La renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico;

IV.- La declaración de caducidad;

V.- La imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas; y

VI.- El convenio de las partes, siempre y cuando no sea contrario al ordenamiento jurídico ni verse sobre materias que no sean susceptibles de transacción, y tengan por objeto satisfacer el interés público.

Artículo 235.- Todo interesado podrá desistirse de su solicitud o renunciar a sus derechos, cuando éstos no sean de orden e interés públicos. Si el escrito de iniciación se hubiere formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia sólo afectará a aquél que lo hubiese formulado.

Artículo 236.- La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y de oficio las derivadas del mismo; en su caso, el órgano administrativo competente podrá decidir sobre las mismas, poniéndolo, previamente, en conocimiento de los interesados por un plazo no superior de diez días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y aporten las pruebas que estimen convenientes.

En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado la resolución será congruente con las peticiones formuladas por éste, sin perjuicio de la potestad de las autoridades ambientales de iniciar de oficio un nuevo procedimiento.

Artículo 237.- En los procedimientos iniciados a instancia del interesado, cuando se produzca su paralización por causas imputables al mismo, la autoridad le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del mismo. Expirado dicho plazo sin que el interesado requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la autoridad acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado. Contra la resolución que declare la caducidad procederá el recurso previsto en la presente Ley.

La caducidad no producirá por sí misma la prescripción de las acciones del particular, de las autoridades ambientales, pero los procedimientos caducados no interrumpen ni suspenden el plazo de prescripción.

Cuando se trate de procedimientos iniciados de oficio se entenderán caducados, y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de parte interesada o de oficio, en el plazo de 30 días contados a partir de la expiración del plazo para dictar resolución.

Artículo 238.- En aquellos casos en que medie una situación de emergencia o urgencia, debidamente fundada y motivada, la autoridad competente podrá emitir el acto administrativo sin sujetarse a los requisitos y formalidades del procedimiento administrativo previstos en esta Ley, respetando en todo caso las garantías individuales.


TÍTULO SÉPTIMO

INSPECCION Y VIGILANCIA

Disposiciones Generales

Artículo 239.- Las disposiciones de este título se aplicarán en la realización de actos de inspección y vigilancia, ejecución de medidas de seguridad, determinación de infracciones administrativas, procedimientos y recursos administrativos, cuando se trate de asuntos de competencia estatal o municipal regulados por esta Ley.

En las materias anteriormente señaladas, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nayarit y las normas de derecho común.

Artículo 240.- La autoridad ambiental realizará los actos de inspección y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento, así como de las que del mismo se deriven.

Artículo 241.- Las autoridades competentes podrán realizar, por conducto de personal debidamente autorizado, visitas de inspección, sin perjuicio de otras medidas previstas en las leyes que puedan llevar a cabo para verificar el cumplimiento de este ordenamiento.

Dicho personal, al realizar las visitas de inspección, deberá contar con el documento oficial que los acredite y autorice a practicar la inspección o verificación, así como la orden escrita debidamente fundada y motivada, expedida por autoridad competente en la que se precisará el lugar o zona que habrá de inspeccionarse, el objeto de la diligencia y el alcance de ésta.

Artículo 242.- En la práctica de actos de inspección a vehículos, será suficiente que en la orden de inspección se establezca:

A) La autoridad que la expide;

B) El motivo y fundamento que le dé origen;

C) El lugar, zona o región en donde se practique la inspección; y

D) El objeto y alcance de la diligencia.

Artículo 243.- El personal autorizado, al iniciar la inspección se identificará debidamente con la persona con quien se entienda la diligencia, exhibirá la orden respectiva y le entregará copia de la misma con firma autógrafa, requiriéndola para que en el acto designe dos testigos.

En caso de negativa o de que los designados no acepten fungir como testigos, el personal autorizado podrá designarlos, haciendo constar esta situación en el acta administrativa que al efecto se levante, sin que esta circunstancia invalide los efectos de la inspección.

Artículo 244.- En toda visita de inspección se levantará acta, en la que se harán constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen presentado durante la diligencia, circunstanciando además el cumplimiento de las formalidades legales y constitucionales correspondientes.

Concluida la inspección, se dará oportunidad a la persona con la que se entendió la diligencia para que en el mismo acto formule observaciones en relación con los hechos u omisiones asentados en el acta respectiva, y para que ofrezca las pruebas que considere convenientes o haga uso de ese derecho en el término de cinco días siguientes a la fecha en que la diligencia se hubiere practicado.

A continuación se procederá a firmar el acta por la persona con quien se entendió la diligencia, por los testigos y por el personal autorizado, quien entregará copia del acta al interesado.

Si la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos, se negaren a firmar el acta, o el interesado se negare a aceptar copia de la misma, dichas circunstancias se asentarán en ella, sin que esto afecte su validez y valor probatorio.

Artículo 245.- La persona con quien se entienda la diligencia estará obligada a permitir al personal autorizado el acceso al lugar o lugares sujetos a inspección en los términos previstos en la orden escrita a que se hace referencia en esta Ley, así como a proporcionar toda clase de información que conduzca a la verificación del cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones aplicables, con excepción de lo relativo a derechos de propiedad industrial que sean confidenciales conforme a la Ley. La información deberá mantenerse por la autoridad en absoluta reserva, si así lo solicita el interesado, salvo en caso de requerimiento judicial.

Artículo 246.- La autoridad competente podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para efectuar la visita de inspección, cuando alguna o algunas personas obstaculicen o se opongan a la práctica de la diligencia, independientemente de las sanciones a que haya lugar.

Artículo 247.- Recibida el acta de inspección por la autoridad ordenadora, requerirá al interesado, mediante notificación personal o por correo certificado con acuse de recibo, para que adopte de inmediato las medidas correctivas o de urgente aplicación necesarias para cumplir con las disposiciones jurídicas aplicables, así como con los permisos, licencias, autorizaciones o concesiones respectivas, fundando y motivando el requerimiento, señalando el plazo que corresponda, y para que dentro del término de quince días exponga lo que a su derecho convenga y, en su caso, aporte las pruebas que considere procedentes, en relación con la actuación de la autoridad.

Admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas por el interesado, o habiendo transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, sin que haya hecho uso de ese derecho, se pondrán a su disposición las actuaciones, para que en un plazo tres días hábiles, presente por escrito sus alegatos.

Artículo 248.- Una vez recibidos los alegatos o transcurrido el término para presentarlos, la autoridad correspondiente procederá, dentro de los veinte días siguientes, a dictar por escrito la resolución respectiva, misma que se notificará al interesado, personalmente o por correo certificado con acuse de recibo.

Artículo 249.- Recibida el acta de inspección, dictará resolución administrativa dentro de los diez días siguientes a la fecha de su recepción cuando:

I. El presunto infractor reconozca la falta administrativa en la que incurrió.

II. Se trate de ejemplares o bienes que se hubieran encontrado abandonados, o

III. El infractor demuestre que ha cumplido con las obligaciones materia de la infracción.

Artículo 250.- En la resolución administrativa correspondiente, se señalarán o, en su caso, adicionarán, las medidas que deberán llevarse a cabo para corregir las deficiencias o irregularidades observadas, el plazo otorgado al infractor para satisfacerlas y las sanciones a que se hubiere hecho acreedor conforme a las disposiciones aplicables.

Dentro de los cinco días hábiles que sigan al vencimiento del plazo otorgado al infractor para subsanar las deficiencias e irregularidades observadas, éste deberá comunicar por escrito y en forma detallada a la autoridad ordenadora, haber dado cumplimiento a las medidas ordenadas en los términos del requerimiento respectivo.

Cuando se trate de segunda o posterior inspección para verificar el cumplimiento de un requerimiento o requerimientos anteriores, y del acta correspondiente se desprenda que no se ha dado cumplimiento a las medidas previamente ordenadas, la autoridad competente podrá imponer además de la sanción o sanciones que procedan conforme a esta Ley, una multa adicional que no exceda de los límites máximos señalados en dicho precepto.

En los casos en que el infractor realice las medidas correctivas o de urgente aplicación o subsane las irregularidades detectadas, en los plazos ordenados, siempre y cuando el infractor no sea reincidente, y no se hubiera actualizado alguno de los supuestos que ameritan la imposición de una medida de seguridad en términos de esta Ley, se podrá revocar o modificar la sanción o sanciones impuestas.

En los casos en que proceda, la autoridad hará del conocimiento del Ministerio Público la realización de actos u omisiones constatados en el ejercicio de sus facultades que pudieran configurar uno o más delitos.


CAPÍTULO I

Medidas de Seguridad

Artículo 251.- Cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico, o de daño o deterioro grave a los recursos naturales, casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o para la salud pública, la autoridad competente, fundada y motivadamente, podrá ordenar alguna o algunas de las siguientes medidas de seguridad:

I.- La clausura temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes, así como de las instalaciones en que se manejen o almacenen especímenes, productos o subproductos de especies de flora o de fauna silvestre, recursos forestales, o se desarrollen las actividades que den lugar a los supuestos a que se refiere el primer párrafo de este artículo;

II.- El aseguramiento precautorio de materiales y residuos peligrosos, así como de especímenes, productos o subproductos de especies de flora o de fauna silvestre o su material genético, recursos forestales, además de los bienes, vehículos, utensilios e instrumentos directamente relacionados con la conducta que da lugar a la imposición de la medida de seguridad, o

III.- La neutralización o cualquier acción análoga que impida que materiales o residuos peligrosos generen los efectos previstos en el primer párrafo de este artículo.

Asimismo, la autoridad que conozca del asunto podrá promover ante la autoridad competente, la ejecución de alguna o algunas de las medidas de seguridad que se establezcan en otros ordenamientos.

Artículo 252.- Cuando se ordene alguna de las medidas de seguridad previstas en esta Ley, indicará al interesado, cuando proceda, las acciones que debe llevar a cabo para subsanar las irregularidades que motivaron la imposición de dichas medidas, así como los plazos para su realización, a fin de que una vez cumplidas éstas, se ordene el retiro de la medida de seguridad impuesta.


CAPÍTULO II

Sanciones Administrativas

Artículo 253.- Las violaciones a los preceptos de esta Ley, su reglamento y las disposiciones que de ella emanen serán sancionadas administrativamente con una o más de las siguientes sanciones:

I.- Multa por el equivalente de veinte a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en el Estado de Nayarit en el momento de imponer la sanción;

II.- Clausura temporal o definitiva, total o parcial, cuando:

A) El infractor no hubiere cumplido en los plazos y condiciones impuestos por la autoridad, con las medidas correctivas o de urgente aplicación ordenadas;

B) En casos de reincidencia cuando las infracciones generen efectos negativos al ambiente, o

C) Se trate de desobediencia reiterada, en tres o más ocasiones, al cumplimiento de alguna o algunas medidas correctivas o de urgente aplicación impuestas por la autoridad.

III.- Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas.

IV.- La suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones correspondientes, y

V.- El decomiso de los instrumentos, ejemplares, productos o subproductos, especies de flora o fauna silvestre o recursos genéticos.

Si una vez vencido el plazo concedido por la autoridad para subsanar la o las infracciones que se hubieren cometido, resultare que dicha infracción o infracciones aún subsisten, podrán imponerse multas por cada día que transcurra sin obedecer el mandato, sin que el total de las multas exceda del monto máximo permitido, conforme a la fracción I de este artículo.

En el caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta por dos veces del monto originalmente impuesto, sin exceder del doble del máximo permitido, así como la clausura definitiva.

Se considera reincidente al infractor que incurra más de una vez en conductas que impliquen infracciones a un mismo precepto, en un periodo de dos años, contados a partir de la fecha en que se levante el acta en que se hizo constar la primera infracción, siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada.

Artículo 254.- Cuando la gravedad de la infracción lo amerite, la autoridad, solicitará a quien los hubiere otorgado, la suspensión, revocación o cancelación de la concesión, permiso, licencia y en general de toda autorización otorgada para la realización de actividades comerciales, industriales o de servicios, o para el aprovechamiento de recursos naturales que haya dado lugar a la infracción.

Artículo 255.- Para la imposición de las sanciones por infracciones a esta Ley, se tomará en cuenta:

I.- La gravedad de la infracción, considerando principalmente los siguientes criterios: impacto en la salud pública; generación de desequilibrios ecológicos; la afectación de recursos naturales o de la biodiversidad; y, en su caso, los niveles en que se hubieran rebasado los límites establecidos en la norma oficial mexicana aplicable;

II.- Las condiciones económicas del infractor en los términos que dispone el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

III.- La reincidencia, si la hubiere;

IV.- El carácter intencional o negligente de la acción u omisión constitutiva de la infracción, y

V.- El beneficio directamente obtenido por el infractor por los actos que motiven la sanción.

En el caso en que el infractor realice las medidas correctivas o de urgente aplicación o subsane las irregularidades en que hubiere incurrido, previamente a que la autoridad competente imponga una sanción, deberá considerar tal situación como atenuante de la infracción cometida.

La autoridad correspondiente podrá otorgar al infractor, la opción para pagar la multa o realizar inversiones equivalentes en la adquisición e instalación de equipo para evitar contaminación o en la protección, preservación o restauración del ambiente y los recursos naturales, siempre y cuando se garanticen las obligaciones del infractor, no se trate de alguno de los supuestos previstos en el artículo de esta Ley y la autoridad justifique plenamente su decisión.

Artículo 256.- Cuando proceda como sanción el decomiso o la clausura temporal o definitiva, total o parcial, el personal comisionado para ejecutarla procederá a levantar acta detallada de la diligencia, observando las disposiciones aplicables a la realización de inspecciones.

En los casos en que se imponga como sanción la clausura temporal, la autoridad competente deberá indicar al infractor las medidas correctivas y acciones que debe llevar a cabo para subsanar las irregularidades que motivaron dicha sanción, así como los plazos para su realización.

Artículo 257.- La autoridad correspondiente dará a los bienes decomisados alguno de los siguientes destinos:

I.- Venta directa en aquellos casos en que el valor de lo decomisado no exceda de 5,000 veces el salario mínimo general vigente en el Estado de Nayarit al momento de imponer la sanción;

II.- Remate en subasta pública cuando el valor de lo decomisado exceda de 5,000 veces el salario diario mínimo general vigente en el Estado de Nayarit al momento de imponer la sanción; y

III.- Donación a organismos públicos e instituciones científicas o de enseñanza superior o de beneficencia pública, según la naturaleza del bien decomisado y de acuerdo a las funciones y actividades que realice el donatario, siempre y cuando no sean lucrativas. Tratándose de especies y subespecies de flora y fauna silvestre, éstas podrán ser donadas a zoológicos públicos siempre que se garantice la existencia de condiciones adecuadas para su desarrollo o

IV.- Destrucción cuando se trate de productos o subproductos de flora o fauna silvestre plagados o enfermos o instrumentos de caza prohibidos.

Artículo 258.- Para efectos de lo previsto en las fracciones I y II del artículo anterior, únicamente serán procedentes dichos supuestos, cuando los bienes decomisados sean susceptibles de apropiación conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

En la determinación del valor de los bienes sujetos a remate o venta, la autoridad considerará el precio que respecto de dichos bienes corra en el mercado, al momento de realizarse la operación.

En ningún caso, los responsables de la infracción que hubiera dado lugar al decomiso podrán participar ni beneficiarse de los actos señalados en el artículo anterior de esta Ley, mediante los cuales se lleve a cabo la enajenación de los bienes decomisados.

Artículo 259.- El Instituto podrá promover ante las autoridades federales o locales competentes, con base en los estudios que haga para ese efecto, la limitación o suspensión de la instalación o funcionamiento de industrias, comercios, servicios, desarrollos urbanos, turísticos o cualquier actividad que afecte o pueda afectar el ambiente, los recursos naturales, o causar desequilibrio ecológico o pérdida de la biodiversidad.

Artículo 260.- Los ingresos que se obtengan de las multas por infracciones a lo dispuesto en esta Ley, su reglamento y demás disposiciones que de ella se deriven, así como los que se obtengan del remate en subasta pública o la venta directa de los bienes decomisados, se destinarán a la integración de fondos para desarrollar programas vinculados con la inspección y la vigilancia en las materias a que se refiere esta Ley.


CAPÍTULO III

Recurso de Revisión

ARTÍCULO 261.- (DEROGADO POR ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE APRUEBA LA LEY DE JUSTICIA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE NAYARIT, P.O. 17 DE AGOSTO DE 2002)

ARTÍCULO 262.- (DEROGADO POR ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO QUE APRUEBA LA LEY DE JUSTICIA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE NAYARIT, P.O. 17 DE AGOSTO DE 2002)

(REFORMADO, P.O. 17 DE AGOSTO DE 2002)
ARTÍCULO 263.- Contra las resoluciones y actos administrativos de las autoridades que contravengan lo previsto en este ordenamiento, podrá interponerse el recurso administrativo de inconformidad o el juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa, en términos de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit.

Artículo 264.- En caso de que se expidan licencias, permisos, autorizaciones o concesiones contraviniendo esta Ley, serán nulas y no producirán efecto legal alguno, y los servidores públicos responsables serán sancionados conforme a lo dispuesto en la legislación en la materia. Dicha nulidad podrá ser exigida por medio del recurso a que se refiere el artículo anterior.


CAPÍTULO IV

De la Denuncia Popular

Artículo 265.- Toda persona física o moral, grupos sociales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones y sociedades podrán denunciar ante el Instituto o ante los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, las conductas o hechos u omisiones que produzcan o puedan producir desequilibrios ecológicos o daños al ambiente, que hayan contravenido las disposiciones de la presente Ley y de los demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con la protección al ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico.

Las autoridades estatales y municipales, remitirán las denuncias que reciban y no sean de su competencia. Las denuncias de carácter federal deberán remitirse a la Delegación en el Estado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Artículo 266.- Para que se dé curso a una denuncia, deberá contener los siguientes requisitos:

I.- El nombre y domicilio del denunciante, o de quien lo represente legalmente.

II.- Las conductas, hechos u omisiones denunciados.

III.- Los datos que permitan localizar la fuente contaminante o la actividad que este infringiendo la Ley.

IV.- Las pruebas que en su caso, ofrezca el denunciante.

Asimismo, podrá formularse la denuncia por vía telefónica, en cuyo supuesto el servidor público que la reciba, levantará acta circunstanciada, y el denunciante deberá ratificarla por escrito, cumpliendo con los requisitos establecidos en el presente artículo, en un término de tres días hábiles siguientes a la formulación de la denuncia, sin perjuicio de que el Ministerio Público investigue de oficio los hechos constitutivos de la denuncia cuando estos sean de su competencia.

No se admitirán denuncias notoriamente improcedentes o infundadas, aquellas en las que se advierta mala fe, carencia de fundamento o inexistencia de petición, lo cual se notificará al denunciante.

Si el denunciante solicita a la autoridad que recibe la denuncia, guardar secreto respecto de su identidad por razones de seguridad e interés particular, ésta llevará a cabo el seguimiento de la denuncia conforme a las atribuciones que la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables le otorgan.

Artículo 267.- La autoridad competente que reciba la denuncia, acusará recibo de su recepción, le asignará un número de expediente y la registrará.

En caso de recibirse dos o más denuncias por los mismos hechos, actos u omisiones, se acordará la acumulación en un solo expediente, debiéndose notificar a los denunciantes el acuerdo respectivo.

Dentro de los diez días siguientes a la presentación de la denuncia, la autoridad notificará al denunciante el acuerdo de calificación correspondiente, señalando el trámite que se le ha dado a la misma.

Una vez admitida la denuncia, la autoridad la hará del conocimiento de las personas o autoridades a quienes se les imputen los hechos denunciados o a quienes puede afectar el resultado de la acción emprendida, a fin de que presenten los documentos y pruebas que a su derecho convengan en un plazo máximo de 15 días hábiles, a partir de la notificación respectiva.

La autoridad efectuará las diligencias necesarias con el propósito de determinar la existencia de los actos, hechos u omisiones constitutivos de la denuncia.

Asimismo, en los casos previstos en esta Ley, podrá iniciar los procedimientos de inspección y vigilancia que fueran procedentes, en cuyo caso se observarán las disposiciones correspondientes.

El denunciante podrá coadyuvar con la autoridad, aportándole las pruebas, documentación e información que estime pertinentes; y la autoridad deberá manifestar las consideraciones adoptadas al respecto, al momento de resolver la denuncia.

La autoridad podrá solicitar a las instituciones académicas, centros de investigación y organismos del sector público, social y privado, la elaboración de estudios, dictámenes o peritajes sobre cuestiones planteadas en las denuncias que le sean presentadas.

Cuando una denuncia popular no implique violaciones a la normatividad ambiental, ni afecte cuestiones de orden público e interés social, la autoridad podrá sujetar la misma a un procedimiento de conciliación. En todo caso, deberá escuchar a las partes involucradas.

En caso de que no se compruebe que los actos, hechos u omisiones denunciadas producen o pueden producir daños al ambiente o a los recursos naturales o contravengan las disposiciones de la presente Ley, la autoridad lo hará del conocimiento del denunciante, a efecto de que éste emita las observaciones que juzgue convenientes.

Artículo 268.- Si en la localidad no existiere representante del Instituto, la denuncia podrá presentarse ante la autoridad municipal que corresponda, debiéndose remitir con la mayor brevedad para su atención y tramite a la autoridad competente.

Artículo 269.- El Instituto en el ámbito de sus atribuciones, estará legitimado para iniciar las acciones que procedan ante las autoridades judiciales competentes, cuando conozcan de actos, hechos u omisiones que constituyan violaciones a la legislación administrativa o penal que corresponda. Independientemente de que se trate de tutelar un interés jurídico directo o difuso.

Artículo 270.- Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que procedan, toda persona que contamine o deteriore el ambiente o afecte los recursos naturales o la biodiversidad, será responsable y estará obligada a reparar los daños causados, de conformidad con esta Ley y con la legislación civil aplicable en el Estado.

El término para demandar la responsabilidad ambiental, será de dos años contados a partir del momento en que el afectado tenga conocimiento de la existencia del daño o existan razones suficientes para que pueda conocer de él

Artículo 271.- Cuando por infracción a las disposiciones de esta Ley se hubieren ocasionado daños o perjuicios, él o los interesados, podrán solicitar al Instituto, la formulación de un dictamen técnico el cual tendrá valor de prueba plena en caso de ser presentado en juicio.


TRANSITORIOS

Artículo Primero.- Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Artículo Segundo.- Se abroga la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Nayarit, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 29 de enero de 1992.

Artículo Tercero.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley.

Artículo Cuarto.- Las autorizaciones, permisos, licencias y concesiones otorgadas con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, seguirán vigentes por el término en que fueron otorgados, su prorroga se sujetará a las disposiciones de la presente Ley.

Artículo Quinto.- En un plazo no mayor de tres meses, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, se deberá crear el Instituto Nayarita para el Desarrollo Sustentable, así como la creación del Consejo Estatal y Comisiones Municipales de Ecología, esta última a cargo de los Ayuntamientos.

Artículo Sexto.- El Instituto en coordinación con los Ayuntamientos formulará los planes de manejo de áreas naturales protegidas de competencia de las municipalidades del Estado de Nayarit, hasta que las mismas hayan fortalecido sus estructuras y cuenten con recursos suficientes y estén en condiciones de hacerlo en forma autónoma

Artículo Séptimo.- Todos los procedimientos y recursos administrativos relacionados con las materias de esta Ley, que se hubieren iniciado bajo la vigencia de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se tramitarán y resolverán conforme a las disposiciones de dicha Ley que se abroga.

Artículo Octavo.- Hasta en tanto los municipios no cuenten con la capacidad técnica instalada para realizar la evaluación del impacto ambiental, esta se realizará por el Estado.

Artículo Noveno.- En un plazo no mayor de seis meses a partir de la entrada en vigor de la presente ley, se deberá elaborar el Reglamento respectivo por la autoridad correspondiente.

D A D O en la Sala de Sesiones "Lic. Benito Juárez" de este Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los tres días del mes de abril de dos mil uno.

Dip. Presidente
JUAN ALFREDO CASTAÑEDA VAZQUEZ

Dip. Secretario Dip. Secretario
CARLOS ENRIQUE GARCIA CAMBERO MARGARITA BASTO PAREDES

Y en cumplimiento de lo dispuesto en la Fracción II del Artículo 69 de la Constitución Política del Estado y para su debida observancia promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo de Nayarit, en Tepic, su Capital a los veinticuatro días del mes de Abril del año dos mil uno.

El Secretario General de Gobierno
Lic. Adán Meza Barajas





P.O. 17 DE AGOSTO DE 2002

(REFORMADO, P.O. 28 DE SEPTIEMBRE DE 2002)
Primero.- El presente decreto entrará en vigor a los cuarenta y cinco días siguientes al de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, con excepción del Título Cuarto del ARTICULO PRIMERO de este decreto, el cual entrará en vigor el tres de marzo del año 2003.

El artículo 71 a que se refiere el ARTICULO PRIMERO del presente decreto, iniciará su vigencia el tres de marzo del año 2003, a fin de que tanto el Poder Ejecutivo del estado como los Ayuntamientos expidan, antes de esta fecha, sus correspondientes reglamentos para el cobro y aplicación de gastos de ejecución, de conformidad con lo establecido en dicho artículo.

(REFORMADO, P.O. 28 DE SEPTIEMBRE DE 2002)
Segundo.- El Gobernador dentro de los primeros diez días del mes de noviembre siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, en los términos a que hace referencia el artículo 135 de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos, someterá a la consideración del Congreso la lista de candidatos a magistrados, a fin de que el Congreso proceda a su designación.

(REFORMADO, P.O. 28 DE SEPTIEMBRE DE 2002)
Tercero.- Los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit a más tardar el día quince del mes de febrero del año 2003 preverán lo conducente a efecto de elegir a su presidente; elaborar y aprobar su reglamento interior; convocar a los procesos de selección y contratación del demás personal; aprobar el calendario laboral del Tribunal y, prevenir todo lo conducente para el inicio de su funcionamiento.

En todo caso, la primera sesión de la sala del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Nayarit se llevará a cabo el día tres de marzo del año 2003, en la cual se habrán de ratificar sus acuerdos previos.

El Reglamento Interior y el calendario laboral del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit, una vez aprobados por los magistrados, deberán publicarse debiendo iniciar su vigencia el día tres de marzo del año 2003.

(REFORMADO, P.O. 28 DE SEPTIEMBRE DE 2002)
Cuarto.- El Gobernador del Estado y el Congreso del Estado preverán lo conducente a efecto de incluir dentro del presupuesto de egresos del año 2003 las partidas suficientes que garanticen el adecuado funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit a partir de la fecha en que este mismo decreto se señalan

Quinto.- Los procedimientos y recursos administrativos que se encuentren en trámite al entrar en vigor esta resolución, se substanciarán de conformidad a las disposiciones legales anteriores al mismo.

Sexto.- El Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos del estado deberán prever que sus respectivos proyectos de leyes de ingresos del año 2003 y siguientes; se ajusten a lo establecido en el en el artículo 71 del ARTÍCULO PRIMERO de este decreto, en tanto no se modifique su contenido.

Asimismo, realizarán las acciones necesarias para que en sus respectivos presupuestos de egresos se considere, a partir del año 2003, una partida específica para el pago de la responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios en que pudieren incurrir sus servidores públicos.

Igualmente, en un plazo no mayor de 120 días contados a partir de la entrada en vigor de esta resolución, adecuarán sus reglamentos y demás ordenamientos a fin de que sean acordes a lo establecido por el mismo.

Séptimo.- El Congreso del Estado, en coordinación con el Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos del estado, dispondrán los recursos humanos y financieros para que a partir de la publicación de este decreto, su contenido se difunda ampliamente entre los servidores públicos estatales y municipales, así como entre la población en general de toda la entidad.

En cualquier caso, el Ejecutivo del Estado deberá realizar la publicación por conducto del Periódico Oficial de al menos 2000 ejemplares para que se difundan entre todas las dependencias de la administración pública estatal, los Ayuntamientos y la población en general.



P.O. 28 DE SEPTIEMBRE DE 2002

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Organo de Gobierno del Estado.