LEY PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA DISCRIMINACION EN EL ESTADO DE NAYARIT

TEXTO ORIGINAL.

Ley publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el sábado 10 de diciembre de 2005.

Al margen un Sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo.- Nayarit

LIC. NEY GONZALEZ SANCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nayarit, a los habitantes del mismo, sabed:

Que el H. Congreso Local, se ha servido dirigirme para su promulgación, el siguiente:

DECRETO

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, representado por su XXVIII Legislatura, decreta:


LEY PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA DISCRIMINACION EN EL ESTADO DE NAYARIT


CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público, de interés social y de observancia obligatoria en la entidad, sin perjuicio de la aplicación, en su caso; de las leyes generales expedidas por el Congreso de la Unión en la materia.

Artículo 2. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 3. El objeto de esta Ley (sic) establecer medidas para garantizar y hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas, por lo que se habrá de prevenir y erradicar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos de la Constitución Política Federal, la del Estado Libre y Soberano de Nayarit y los Tratados en que el Estado Mexicano es parte.

A estos efectos, se entiende por igualdad de oportunidades la ausencia de discriminación, directa o indirecta, motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 4. Corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas. Los poderes públicos estatales deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas así como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del Estado y promoverán la participación de las autoridades de los demás órdenes de Gobierno y de los particulares en la eliminación de dichos obstáculos.

Artículo 5. Cada una de las autoridades y de los órganos públicos estatales adoptará las medidas que estén a su alcance, tanto por separado como coordinadamente, de conformidad con la disponibilidad de recursos que se haya determinado para tal fin en el Presupuesto de Egresos del Estado, para que toda persona goce, sin discriminación alguna, de todos los derechos y libertades consagrados en la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Nayarit y en los Tratados Internacionales de los que México sea parte y la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por discriminación, toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico, nacional o regional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social o económica, las condiciones de salud, el embarazo, la lengua, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil, el trabajo desempeñado, las costumbres, la raza, las ideologías o creencias, o cualquier otra, que tenga por efecto impedir, menoscabar o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las personas, y la igualdad real de oportunidades de los individuos.

Artículo 7. No se considerarán conductas discriminatorias las siguientes:

I. Las acciones legislativas, educativas o de políticas públicas positivas o compensatorias que sin afectar derechos de terceros establezcan tratos diferenciados con el objeto de promover la igualdad real de oportunidades;

II. Las distinciones basadas en capacidades o conocimientos especializados para desempeñar una actividad determinada y, en el ámbito educativo, los requisitos académicos, de evaluación y, tratándose de educación preescolar, los límites por razón de edad.

III. La distinción establecida por las instituciones públicas de seguridad social entre sus asegurados y la población en general;

IV. El trato diferenciado que en su beneficio reciba una persona que padezca alguna enfermedad mental;

V. Las distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias que se hagan entre ciudadanos y no ciudadanos, y

VI. En general, todas las que no tengan el propósito de anular o menoscabar los derechos, y libertades o la igualdad de oportunidades de las personas ni de atentar contra la dignidad humana.

Artículo 8. La interpretación del contenido de esta Ley, así como la actuación de las autoridades estatales y municipales será congruente con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la Constitución Política del Estado de Nayarit y tomará en cuenta los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano.

Artículo 9. Para los efectos del Artículo anterior, cuando se presenten diferentes interpretaciones, se deberá preferir aquella que proteja con mayor eficacia a las personas o a los grupos que sean afectados por conductas discriminatorias.

Artículo 10. En la aplicación de la presente Ley intervendrán las autoridades y los órganos públicos estatales y municipales, así como la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, en el ámbito de sus respectivas competencias.


TITULO SEGUNDO (SIC)


CAPITULO I

MEDIDAS PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN

Artículo 11. La presente Ley protege a toda persona o grupo, que resida o transite en el territorio estatal, que pudiera sufrir cualquier tipo de discriminación proveniente de autoridades, órganos públicos, servidores públicos o de algún particular, sea éste, una persona física o moral.

Artículo 12. Se consideran medidas contra la discriminación aquellas que tengan como finalidad prevenir y corregir la situación de vulnerabilidad que haga que una persona sea discriminada o tratada de una manera directa o indirecta menos favorablemente que otra que no lo sea, en una situación análoga o comparable.

Artículo 13. Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades.

A efecto de lo anterior, se consideran como conductas discriminatorias:

I. Impedir el acceso a la educación pública o privada, así como a becas e incentivos para la permanencia en los centros educativos, en los términos de las disposiciones aplicables;

II. Establecer contenidos, métodos o instrumentos pedagógicos en que se asignen papeles contrarios a la igualdad o que difundan una condición de subordinación;

III. Prohibir la libre elección de empleo, o restringir las oportunidades de acceso, permanencia y ascenso en el mismo. En el caso de las mujeres, condicionar las oportunidades referidas a la realización en cualquier momento de pruebas de gravidez o embarazo;

IV. Establecer diferencias en la remuneración, las prestaciones y las condiciones laborales para trabajos iguales;

V. Limitar el acceso a los programas de capacitación y de formación profesional;

VI. Negar o limitar información sobre derechos reproductivos o impedir el libre ejercicio de la determinación del número y espaciamiento de los hijos e hijas;

VII. Negar o condicionar los servicios de atención médica, o impedir la participación en las decisiones sobre su tratamiento médico o terapéutico dentro de sus posibilidades y medios;

VIII. Restringir o negar información al interesado o, en su caso, a sus padres o tutores, sobre algún padecimiento, sus consecuencias, alternativas, posibles tratamientos a los que pueda acceder, riesgos y pronósticos, así como su historial médico. Éste se deberá manejar en forma confidencial;

IX. Efectuar o exigir pruebas de detección de cualquier tipo de enfermedad, en particular de VIH, sin previa información de su contenido y significado en forma explícita y comprensible y sin el previo consentimiento de la persona interesada o, en su caso, de los padres o tutores;

X. Impedir o evitar que como usuarios de servicios de salud se conozcan los procedimientos para presentar queja o recurso ante cualquier irregularidad en su prestación; establecidos por las instituciones encargadas de otorgarlos;

XI. Impedir la participación en condiciones equitativas en asociaciones civiles, políticas o de cualquier otra índole;

XII. Negar o condicionar el derecho de participación política y, específicamente, el derecho al sufragio activo o pasivo, la elegibilidad y el acceso a todos los cargos públicos, así como la participación en el desarrollo y ejecución de políticas y programas de gobierno, en los casos y bajo los términos que establezcan las disposiciones aplicables;

XIII. Impedir el ejercicio de los derechos de propiedad, administración y disposición de bienes de cualquier otro tipo;

XIV. Impedir el acceso a la procuración e impartición de justicia;

XV. Impedir que se les escuche en todo procedimiento judicial o administrativo en que se vean involucrados, incluyendo a las niñas y los niños en los casos que la Ley así lo disponga, así como negar la asistencia de intérpretes en procedimientos administrativos o judiciales, de conformidad con las normas aplicables;

XVI. Negar el derecho a ser atendido correctamente, sin vejaciones o majos tratos cuando sean víctimas de un delito;

XVII. Cometer o incitar actos de violencia, maltrato, tortura o detención arbitraria;

XVIII. Aplicar cualquier tipo de uso o costumbre que atente contra la dignidad e integridad humana;

XIX. Impedir la libre elección de cónyuge o pareja;

XX. Ofender, ridiculizar o promover la violencia en los supuestos a que se refiere el Artículo 6 de esta Ley a través de mensajes e imágenes en los medios de comunicación;

XXI. Limitar la libre expresión de las ideas, impedir la libertad de pensamiento, conciencia o religión, o de prácticas o costumbres religiosas, siempre que estas no atenten contra el orden público.

XXII. Negar asistencia religiosa a personas privadas de la libertad o que estén internadas en instituciones de salud o asistencia;

XXIII. Restringir el acceso a la información, salvo en aquellos supuestos que sean establecidos por las leyes aplicables;

XXIV. Obstaculizar las condiciones mínimas necesarias para el crecimiento y desarrollo saludable, especialmente de las niñas y los niños;

XXV. Impedir el acceso a la seguridad social y a sus beneficios o establecer limitaciones para la contratación de seguros médicos, salvo en los casos que la Ley así lo disponga;

XXVI. Limitar el derecho a la alimentación, la vivienda, el recreo y los servicios de atención médica adecuados, en los casos que la Ley así lo prevea;

XXVII. Impedir el acceso a cualquier servicio público o institución privada que preste servicios al público, así como limitar el acceso y libre desplazamiento en los espacios públicos;

XXVIII. Explotar o dar un trato abusivo o degradante;

XXIX. Restringir la participación en actividades deportivas, recreativas o culturales; así como establecer diferencias en las remuneraciones, apoyos, estímulos y compensaciones entre los atletas y los atletas paralímpicos.

XXX. Restringir o limitar el uso de su lengua, usos, costumbres y cultura, en actividades públicas o privadas, en términos de las disposiciones aplicables;

XXXI. Limitar o negar el otorgamiento de concesiones, permisos o autorizaciones para el aprovechamiento, administración o usufructo de recursos naturales, una vez satisfechos los requisitos establecidos en la legislación aplicable;

XXXII. Incitar al odio, violencia, rechazo, burla, difamación, injuria, persecución o la exclusión;

XXXIII. Realizar o promover el maltrato físico o psicológico por la apariencia física, forma de vestir, hablar o por asumir públicamente su preferencia sexual, y

XXXIV. En general cualquier otra conducta discriminatoria en términos del Articulo 6 de esta Ley.


CAPITULO II

MEDIDAS POSITIVAS Y COMPENSATORIAS A FAVOR DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Artículo 14. Los órganos públicos y las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, entre otras, las siguientes medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades para las mujeres:

I. Incentivar la educación mixta, fomentando la permanencia en el sistema educativo de las niñas y las mujeres en todos los niveles escolares;

II. Crear mecanismos que fomenten la participación política de las mujeres y que aseguren la presencia equitativa en los puestos administrativos y de elección popular;

III. Ofrecer información completa y actualizada, así como asesoramiento personalizado sobre salud reproductiva y métodos anticonceptivos;

IV. Garantizar el derecho a decidir sobre el número y espaciamiento de sus hijas e hijos, estableciendo en las instituciones de salud y seguridad social las condiciones para la atención obligatoria de las mujeres que lo soliciten;

V. Otorgar un trato fiscal favorable a las empresas que tengan entre su personal por lo menos un 40% de mujeres en puestos de supervisión y dirección; y

VI. Procurar la creación de centros de desarrollo infantil y guarderías asegurando el acceso a los mismos para sus hijas e hijos cuando ellas lo soliciten.

Artículo 15. Los órganos públicos y las autoridades estatales, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, entre otras, las siguientes medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades de las niñas y los niños:

I. Instrumentar programas de atención médica y sanitaria para combatir la mortalidad y la desnutrición infantil;

II. Impartir educación para la preservación de la salud, el conocimiento integral de la sexualidad, la planificación familiar, la paternidad responsable y el respeto a los derechos humanos;

III. Garantizar el acceso a centros de desarrollo infantil, incluyendo a menores con discapacidad;

IV. Promover el acceso a centros de desarrollo infantil, incluyendo a menores con discapacidad;

V. Promover las condiciones necesarias para que los menores puedan convivir con sus padres o tutores, incluyendo políticas públicas de reunificación familiar para migrantes y personas privadas de la libertad;

VI. Preferir, en igualdad de circunstancias, a las personas que tengan a su cargo menores de edad en el otorgamiento de becas, créditos u otros beneficios;

VII. Alentar la producción y difusión de libros para niños y niñas;

VIII. Promover la creación de instituciones que tutelen a los menores privados de su medio familiar, incluyendo hogares de guarda y albergues para estancias temporales;

IX. Promover la recuperación física, psicológica y la integración social de todo menor víctima de abandono, explotación o malos tratos;

X. Proporcionar, en los términos de la legislación en la materia, asistencia legal y psicológica gratuita e intérprete en los procedimientos judiciales o administrativos, en que sea procedente;

XI. Crear espacios públicos de calidad para la recreación y esparcimiento infantil, así como, instalaciones para la práctica deportiva; y

XII. Promover la cultura de protección a los niños y niñas a través de los distintos medios con los que cuenta el Estado.

Artículo 16. Los órganos públicos y las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, entre otras, las siguientes medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades para las personas mayores de sesenta años:

I. Garantizar el acceso a los servicios de atención médica y seguridad social, según lo dispuesto en la normatividad en la materia;

II. Crear los centros gerontológicos suficientes de acuerdo con la densidad poblacional y personal capacitado para la atención de este grupo social, con áreas especializadas de atención física, psicológica y emocional de calidad, con particular atención a ancianos demenciales;

III. Gestionar ante las instancias correspondientes el otorgamiento de descuentos en el pago por suministro o servicios públicos;

IV. Diseñar, instrumentar y ejecutar programas de apoyo financiero para la construcción de estancias y albergues suficientes y adecuados a su realidad, con equipo y personal especializado;

V. Garantizar la aplicación de la Norma Oficial Mexicana para los Centros de Atención de Personas Adultas Mayores, tanto en el sector público como en el privado, con programas de supervisión constante y por personal capacitado;

VI. Diseñar, instrumentar y ejecutar programas de recreación y cultura adecuados a este grupo;

VII. Procurar un nivel mínimo y decoroso de ingresos a través de programas, conforme a las reglas de operación que al efecto se establezcan:

a) De apoyo financiero directo y ayudas en especie; y

b) De capacitación para el trabajo y de fomento a la creación de empleos; y

VIII. Garantizar, conforme a la legislación aplicable, asesoría jurídica gratuita así como la asistencia de un representante legal cuando el afectado lo requiera.

Artículo 17. Los órganos públicos y las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, entre otras, las siguientes medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad:

I. Propiciar un entorno que permita el libre acceso y desplazamiento;

II. Garantizar su incorporación, permanencia y participación en las actividades educativas regulares en todos los niveles;

III. Propiciar el otorgamiento, en los niveles de educación obligatoria, de las ayudas técnicas necesarias para cada discapacidad;

IV. Establecer mecanismos que promuevan su incorporación en la administración pública y como candidatos a cargos de elección popular, así como los que aseguren su participación en la construcción de políticas públicas;

V. Crear programas permanentes de capacitación para el empleo y fomento a la integración laboral;

VI. Apoyar fiscalmente las actividades de quienes los capaciten;

VII. Otorgar un trato fiscal favorable por parte del Gobierno de Nayarit a las empresas que tengan entre su personal a personas con discapacidad;

VIII. Crear espacios de recreación adecuados;

IX. Propiciar la accesibilidad en los medios de transporte público de uso general;

X. Promover que todos los espacios e inmuebles públicos o que presten servicios al público, tengan las adecuaciones físicas y de señalización para su acceso, libre desplazamiento y uso;

XI. Propiciar que las vías públicas cuenten con señalamientos adecuados para permitirles el libre tránsito;

XII. Informar y asesorar a los profesionales de la construcción acerca de los requisitos para facilitar el acceso y uso de inmuebles;

XIII. Asignar recursos para la capacitación especializada, la investigación y el desarrollo tecnológico en instituciones de educación superior dirigidos a la creación de aparatos prototipos y de sistemas para mejorar el desempeño de las actividades diarias de la población con algún tipo de discapacidad; y

XIV. Garantizar que en las unidades del sistema de salud y de seguridad social reciban regularmente el tratamiento y medicamentos necesarios para mantener y aumentar su capacidad funcional y su calidad de vida.

Artículo 18. Los órganos públicos y las autoridades estatales, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, entre otras, las siguientes medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades para la población indígena:

I. Establecer programas educativos bilingües y que promuevan el intercambio cultural;

II. Crear un sistema de becas que fomente la alfabetización, la conclusión de la educación en todos los niveles y la capacitación para el empleo;

III. Crear programas permanentes de capacitación y actualización para los funcionarios públicos sobre la diversidad cultural;

IV. Diseñar, instrumentar y ejecutar programas que impulsen el conocimiento, protección, desarrollo y utilización de la medicina tradicional;

V. Establecer los mecanismos adecuados que garanticen su participación en los cambios legislativos, así como en la toma de decisiones respecto de las políticas públicas susceptibles de afectarles;

VI. Emprender campañas permanentes de información en los medios de comunicación que promuevan el respeto a las culturas indígenas en el marco de los derechos humanos y las garantías individuales;

VII. En el marco de las leyes aplicables, cuando se fijen sanciones penales a indígenas, procurar que tratándose de penas alternativas, se imponga aquella distinta a la privativa de la libertad, así como promover la aplicación de sustitutivos penales y beneficios de preliberación, de conformidad con las normas aplicables;

VIII. Garantizar que en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se tomen en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, respetando los preceptos de la Constitución; y

IX. Garantizar, a lo largo de cualquier proceso legal, el derecho a ser asistidos, si así lo solicitan, por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua.

Artículo 19. Los órganos públicos y autoridades estatales, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, entre otras, las siguientes medidas positivas y compensatorias a favor de las personas privadas de su libertad:

I. Establecer las medidas necesarias a efecto de que las personas sujetas a proceso, tengan derecho al mismo trato dado a los sentenciados respecto al trabajo, capacitación para el mismo, educación, instrucción y la individualización del tratamiento;

II. El Ejecutivo del Estado, a través de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social deberá garantizar la cercanía de los internos con sus familiares, para una mejor readaptación.

Artículo 20. Los órganos públicos y las autoridades estatales y municipales adoptarán las medidas que tiendan a favorecer la igualdad real de oportunidades y a prevenir y erradicar las formas de discriminación de las personas a que se refiere el Artículo 6 de esta Ley.


TITULO TERCERO

COMISIÓN DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA EL ESTADO DE NAYARIT


CAPÍTULO I

DE LA DENOMINACIÓN

Artículo 21. Corresponde a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, en adelante la "Comisión", prevenir y erradicar toda forma de discriminación e intolerancia; así como dictar las resoluciones que en términos de la presente Ley se formulen en los procedimientos de reclamación o queja, no estará subordinada a autoridad alguna y adoptará sus decisiones con plena independencia.

Artículo 21. Corresponde a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, en adelante la "Comisión", prevenir y erradicar toda forma de discriminación e intolerancia; así como dictar las resoluciones que en términos de la presente Ley se formulen en los procedimientos de reclamación o queja, no estará subordinada a autoridad alguna y adoptará sus decisiones con plena independencia.


CAPÍTULO II

DE LAS ATRIBUCIONES

Artículo 22. Para el cumplimiento de su objeto, la Comisión tendrá las atribuciones siguientes:

I. Diseñar estrategias e instrumentos, así como promover programas, proyectos y acciones para prevenir y eliminar la discriminación;

II. Verificar la adopción de medidas y programas para prevenir y eliminar la discriminación en las instituciones y organizaciones públicas y privadas, así como expedir los reconocimientos respectivos;

III. Desarrollar, fomentar y difundir estudios sobre las prácticas discriminatorias en los ámbitos político, económico, social y cultural;

IV. Realizar estudios sobre los ordenamientos jurídicos y administrativos vigentes en la materia, y proponer, en su caso, de conformidad con las disposiciones aplicables, las modificaciones que correspondan;

V. Investigar presuntos actos y prácticas discriminatorias, en el ámbito de su competencia;

VI. Tutelar los derechos de los individuos o grupos objeto de discriminación mediante asesoría y orientación, en los términos de este ordenamiento;

VII. Conocer y resolver los procedimientos de queja y reclamación señalados en esta Ley;

VIII. Solicitar a las instituciones públicas o a particulares, la información para verificar el cumplimiento de este ordenamiento, en el ámbito de su competencia, con las excepciones previstas por la legislación; y

IX. Aplicar las medidas administrativas establecidas en esta Ley.

Artículo 23. La Comisión difundirá periódicamente los avances, resultados e impactos de las políticas, programas y acciones en materia de prevención y eliminación de la discriminación, a fin de mantener informada a la sociedad.


CAPITULO III

PREVENCIONES GENERALES

Articulo 24. La Comisión se regirá en esta materia por lo dispuesto en esta Ley y las que le son propias.

Articulo 25. Queda reservado a los Tribunales Estatales el conocimiento y resolución de todas las controversias en que sea parte la Comisión.


CAPITULO IV

DE LOS PROCEDIMIENTOS


SECCIÓN PRIMERA

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 26. Toda persona podrá denunciar presuntas conductas discriminatorias y presentar ante la Comisión reclamaciones o quejas respecto a dichas conductas, ya sea directamente o por medio de su representante.

Las organizaciones de la sociedad civil podrán presentar reclamaciones o quejas en los términos de esta Ley, designando un representante.

Artículo 27. Los procedimientos para el cumplimiento de la presente Ley se ceñirán a los establecidos para la actuación de la Comisión en el ordenamiento que la rige.

Articulo 28. La Comisión proporcionará a las personas que presuntamente hayan sido discriminadas, asesoría respecto a los derechos que les asisten y los medios para hacerlos valer.

Artículo 29. Los interesados en un procedimiento tendrán derecho de conocer en cualquier momento el estado de su tramitación, recabando la oportuna información en el área que conozca del asunto. También podrán solicitar les sea expedida copia de los documentos contenidos en el expediente correspondiente salvo que a juicio de la Comisión, atendiendo a la naturaleza del caso, algún documento deba guardar el carácter de confidencial.

Artículo 30. Cuando la reclamación o queja no sea competencia de la Comisión, se proporcionará al interesado la orientación para que acuda a la autoridad o servidor público que deba conocer del asunto.

Artículo 31. En caso de que la reclamación o queja presentada ante la Comisión involucre tanto a servidores públicos o autoridades como a particulares, se procederá a efectuar la separación correspondiente, de manera que las conductas presuntamente discriminatorias cometidas por los primeros, se sigan, a través del procedimiento de reclamación. Las cometidas por los particulares serán atendidas conforme al procedimiento de queja.

Artículo 32. Cuando de los hechos narrados en el escrito de queja o reclamación, se desprenda que el presunto agente discriminador es un servidor público, pero durante la investigación resulte que se trata de un particular, o a la inversa, quien conozca del procedimiento, mediante acuerdo debidamente fundado y motivado, remitirá el expediente al área competente, notificando su resolución a ambas partes involucradas en el procedimiento.


SECCIÓN SEGUNDA

DE LA RECLAMACIÓN

Artículo 33. La reclamación es el procedimiento que se sigue ante la Comisión por conductas presuntamente discriminatorias cometidas por los servidores públicos estatales en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas.


SECCIÓN TERCERA

DE LA CONCILIACIÓN

Artículo 34. La conciliación es la etapa por medio de la cual la Comisión buscará avenir a las partes involucradas a resolverla, a través de alguna de las soluciones que les presente.

Artículo 35. El conciliador, en la audiencia de conciliación, expondrá a las partes un resumen de la reclamación y de los elementos de juicio que se hayan integrado y los exhortará a resolver sus diferencias, para cuyo efecto propondrá opciones de solución.

Artículo 36. La audiencia de conciliación que se celebre, podrá ser suspendida por el conciliador o por las partes de común acuerdo hasta en una ocasión, debiéndose reanudar, en su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes.

Artículo 37. Cuando las partes lleguen a un acuerdo, se celebrará el convenio respectivo, que será revisado por el área competente de la Comisión; si está apegado a derecho, lo aprobará y dictará el acuerdo correspondiente sin que sea admisible recurso alguno.

Artículo 38. El convenio suscrito por las partes ante la Comisión, deja a salvo los derechos de los particulares para promover lo que a su interés legal convenga ante los tribunales competentes.

Artículo 39. En caso de que el servidor público no acepte la conciliación, o de que las partes no lleguen a acuerdo alguno, la Comisión hará de su conocimiento que investigará, los hechos motivo de la reclamación.


SECCIÓN CUARTA

DE LA QUEJA Y DEL PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO ENTRE PARTICULARES

Artículo 40. La queja es el procedimiento que se sigue ante la Comisión por conductas presuntamente discriminatorias cometidas por particulares.

Artículo 41. La Comisión notificará a las partes la admisión de la queja; les hará saber que podrán optar por someter la tramitación de la misma al procedimiento conciliatorio, y les requerirá para que expresen su decisión sobre la opción aceptada. En caso de que las partes acepten la conciliación, se les citará a una audiencia que deberá celebrarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se realizó la notificación.

Si cualquiera de las partes o ambas no aceptan el procedimiento conciliatorio, la Comisión atenderá la queja correspondiente y se pronunciará sobre la existencia o no del presunto acto discriminatorio, en caso afirmativo, brindará orientación al quejoso para que acuda ante las instancias judiciales o administrativas correspondientes.

Artículo 42. Se entenderá que el particular presuntamente responsable no desea someterse al procedimiento conciliatorio cuando, a pesar de estar debidamente notificado y haber aceptado someterse al mismo, adopte conductas evasivas para atender la audiencia correspondiente.


SECCIÓN QUINTA

DE LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

Artículo 43. La Comisión de Defensa de las Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, dispondrá la adopción de las siguientes medidas administrativas para prevenir y eliminar la discriminación:

I. La impartición, a las personas o a las instituciones que sean objeto de una recomendación, de cursos o seminarios que promuevan la igualdad de oportunidades;

II. La presencia del personal de la Comisión para promover y verificar la adopción de medidas a favor de la igualdad de oportunidades y la eliminación de toda forma de discriminación en cualquier establecimiento de quienes sean objeto de una disposición, por el tiempo que disponga la determinación correspondiente;

III. La publicación íntegra de la recomendación emitida en el órgano de difusión de la Comisión; y

IV. La publicación o difusión de una síntesis de la recomendación en los medios impresos o electrónicos de comunicación.

Artículo 44. Para determinar el alcance y la forma de adopción de las medidas administrativas dispuestas por la Comisión, se tendrán en consideración:

I. El carácter intencional de la conducta discriminatoria;

II. La gravedad del hecho, el acto, la práctica o el fenómeno discriminatorio; y

III. La reincidencia.

Se entiende que existe reincidencia cuando la misma persona incurra en dos o más actos discriminatorios en el transcurso de un año. El plazo se contará a partir del día de la publicación de la recomendación correspondiente.

Artículo 45. La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, podrá otorgar un reconocimiento a las instituciones públicas o privadas, así como a los particulares que se distingan por llevar a cabo programas y medidas para prevenir la discriminación en sus prácticas, instrumentos organizativos y presupuestos.

El reconocimiento será otorgado previa solicitud de la organización o la institución interesada.

El reconocimiento será de carácter honorífico y tendrá una vigencia de un año.


TRANSITORIOS

Artículo Único. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado.

Dado en la Sala de Sesiones "Lic. Benito Juárez" del H. Congreso del Estado, en Tepic su Capital, a los seis días del mes de diciembre del año dos mil cinco.

Dip. Presidente, José Lucas Vallarta Chan.- Rúbrica.- Dip. Secretario, Blanca Yessenia Jiménez Cedano.- Rúbrica.- Dip. Secretario, Angélica Cristina del Real Chávez.- Rúbrica.

Y en cumplimiento a lo dispuesto en la Fracción II del Artículo 69 de la Constitución Política del Estado y para su debida observancia, promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo de Nayarit, en Tepic su capital, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil cinco.- Lic. Ney González Sánchez.- Rúbrica.- La Secretaria General de Gobierno, Profa. Cora Cecilia Pineda Alonso.- Rúbrica.