LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA EN EL ESTADO DE NAYARIT

TEXTO ORIGINAL.

Ley publicada en la Sección Segunda del Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el sábado 27 de agosto de 2005.

C.P. ANTONIO ECHEVARRÍA DOMÍNGUEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nayarit, a los habitantes del mismo, sabed:

Que el H. Congreso Local, se ha servido dirigirme para su promulgación, el siguiente:

DECRETO NUMERO 8674

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit representado por su XXVII Legislatura

DECRETA:

LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA EN EL ESTADO DE NAYARIT

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto la prevención y sanción de la tortura. Se aplicará en el territorio del Estado en materia de fuero común.

Artículo 2.- Los órganos de la administración pública del Estado y de sus municipios relacionados con la procuración de justicia y la seguridad pública, llevarán a cabo programas permanentes y establecerán los procedimientos, que se harán del conocimiento público por los medios de comunicación masiva idóneos, para:

I. La orientación y asistencia a la población con la finalidad de vigilar la exacta observancia de las garantías individuales de aquellas personas involucradas en la comisión de algún ilícito penal.

II. La organización de cursos de capacitación de su personal para que conozca y fomente el respeto a los derechos humanos, primordialmente los relativos a la vida, la dignidad, la libertad y la seguridad de las personas. El seguimiento y la aprobación de estos cursos son requisitos que deben cumplir previamente quienes pretenden ingresar a cualquiera de los cuerpos policíacos.

III. La profesionalización de los cuerpos policiales, y

IV. La profesionalización de los servidores públicos que participen en la custodia y tratamiento de toda persona sometida a aprehensión, arresto o prisión.

La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, en el ámbito de su competencia, participará en la ejecución de los programas que se mencionan en este artículo, previo convenio de colaboración suscrito con el Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos del Estado.

Artículo 3.- Comete el delito de tortura el servidor público estatal o municipal que, con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos, sean físicos o psíquicos, lo prive de alimentos o agua, con el fin de obtener del torturado o de un tercero, información o confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido o coaccionarla física, mental o moralmente para que realice o deje de realizar una conducta determinada, para obtener placer que sí o para algún tercero, o por cualquier otra razón basada en algún tipo de discriminación.

La tortura en ningún caso se justificará, ni por la peligrosidad de la persona privada de su libertad, ni por la inseguridad del establecimiento carcelario o penitenciario.

No se considerarán como tortura, las molestias o penalidades que sean consecuencia únicamente de sanciones legales, que sean inherentes o incidentales a éstas, o derivadas de un acto legítimo de autoridad, siempre que no incluyan la realización de los actos o la aplicación de los métodos a que se refiere este artículo.

Artículo 4.- Son responsables del delito de tortura:

a) Los miembros del misterio público, de la policía judicial y los de cualquier otra corporación policíaca del Estado o de sus municipios;

b) Los servidores públicos que ordenen, instiguen, compelan o induzcan a su comisión, la cometan directa o indirectamente o pudiendo impedirla no lo hagan;

c) Los terceros instigados o autorizados implícita o explícitamente por alguno de los servidores públicos señalados en los incisos anteriores; y,

d) Todos los que participen en la comisión del delito de tortura, ya sea en su planeación, ejecución o consentimiento.

Para todos los efectos legales se califica como grave el delito de tortura a que se refiere el artículo 3 de esta Ley.

Artículo 5.- A quien cometa el delito de tortura se le sancionará con pena privativa de libertad de los dos a diez años y de doscientos a quinientos días de salario mínimo general vigente en el Estado, en el momento de aplicar la multa e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo, comisión o servicio público, hasta por dos tantos del lapso de privación de libertad impuesta.

Artículo 6.- Las penas previstas en el artículo anterior se aplicarán al servidor público que, con motivo del ejercicio de su cargo, con cualesquiera que las finalidades señaladas en el artículo 3, instigue, compela, o autorice a un tercero o se sirva de él para infringir a una persona dolores o sufrimientos, sean físicos, psíquicos o morales, o no evite que se inflijan dichos dolores o sufrimientos a una persona que esté bajo su custodia.

Se aplicarán las mismas penas al tercero que, con cualquier finalidad, instigado o autorizado, explícita o imparcialmente por un servidor público, inflija dolores o sufrimientos sean físicos, psíquicos o morales a un detenido.

Artículo 7.- Para la imposición de penas deberá tomarse en cuenta:

I. El grado del daño o lesión infligido al torturado; y

II. En caso de corresponsabilidad, el grado de participación en la comisión del mismo.

Artículo 8.- No son causas de justificación ni circunstancias atenuantes de las penas el que se invoquen o existan, situaciones excepcionales, como:

I. Inestabilidad política;

II. Urgencia en la investigación;

III. Repudio social de la comunidad por el delito cometido;

IV. La supuesta peligrosidad atribuida a la persona privada de su libertad;

Inseguridad del establecimiento carcelario o penitenciario;

V. Haber recibido la orden para aplicar la tortura de un superior jerárquico o de otra autoridad; y

VI. Ni circunstancia de naturaleza similar.

Artículo 9.- En el momento que lo solicite cualquier detenido o reo deberá ser reconocido por perito médico legista; a falta de éste, o si además lo requiere, por un médico de su elección o a petición expresa de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. El que practique el reconocimiento queda obligado a expedir inmediatamente el certificado correspondiente y, en caso de apreciar que se han inflingido dolores o sufrimientos, lo hará del conocimiento de la autoridad competente.

La solicitud de reconocimiento médico puede formularla el defensor o persona de confianza del detenido o reo, la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, o un tercero.

Artículo 10.- El responsable del delito previsto en esta ley estará obligado a cubrir los gastos de asesoría legal, atención médica, psiquiátrica y hospitalarios, gastos funerarios, de rehabilitación o de cualquier otra índole erogados por la víctima, sus familiares o terceros, como consecuencia del delito.

Asimismo, estará obligado a reparar el daño y a indemnizar por los perjuicios causados a la víctima o a sus dependientes económicos en los siguientes casos:

I. Pérdida de la vida;

II. Alteración de la salud;

III. Pérdida de la libertad;

IV. Incapacidad laboral;

V. Pérdida de ingresos económicos;

VI. Pérdida o daño a la propiedad;

VI. Menoscabo en la reputación.

Para fijar los montos correspondientes, el juez tomará en cuenta la magnitud del daño causado. Para los efectos de la reparación del daño se estará a lo previsto en el Código Penal de la entidad y de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit.

El Estado y los municipios estarán obligados subsidiariamente a la reparación de los daños y perjuicios, en los términos del Código Civil del Estado de Nayarit.

Artículo 11.- El Servidor público o la persona que conozca de la comisión del delito de tortura, deberá hacerlo inmediatamente del conocimiento del ministerio público y en caso de no cumplir esta disposición, se le sancionará con las penas del delito de encubrimiento y, en su caso, con la suspensión del cargo.

El agente del ministerio público que en ejercicio de sus funciones tenga conocimiento por sí o por denuncia, de la comisión de hechos que constituyan o presuman el delito de tortura deberá de iniciar inmediatamente y de oficio, la averiguación previa correspondiente para determinar lo ocurrido y en su caso ejercitar la acción penal en contra de quien o quienes resulten responsables; si no lo hiciere se le impondrán las sanciones referidas en el párrafo anterior, independientemente de las sanciones que se deriven de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Artículo 12.- Los servidores públicos que participen en la custodia y tratamiento de toda persona sometida a investigación, arresto, detención o prisión, deberán asegurar la plena protección de su salud e integridad física y en particular tomarán medidas inmediatas para proporcionarle atención médica cuando sea necesario.

Artículo 13.- Ninguna declaración que haya sido obtenida mediante tortura podrá invocarse como prueba en un proceso penal, salvo que la misma se ofrezca en contra de funcionario o servidor público acusado de tortura, como prueba de que dicha declaración fue dada bajo presión.

Artículo 14.- No tendrá valor probatorio alguno la confesión rendida ante una autoridad policíaca; ni la rendida ante el Ministerio Público o autoridad judicial, sin la presencia del defensor o persona de confianza del inculpado y, en su caso, del traductor.

Artículo 15.- Toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura, tendrá derecho a presentar su queja y ésta deberá tramitarse de manera pronta e imparcial por las autoridades competentes.

Artículo 16.- En todo lo no previsto en esta ley serán aplicables supletoriamente las disposiciones del Código Penal y del Código de Procedimientos Penales vigentes en el Estado de Nayarit.


TRANSITORIOS:

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a esta ley.

DADO en la sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez” de este Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los veintisiete días del mes de julio del año dos mil cinco,

Dip. Presidente, Yolanda del Real Ureña.- Rubrica.- Dip. Secretario, Everardo Sánchez Parra.- Rubrica.- Dip. Secretario, Juan Manuel Mier Pecina.- Rubrica.

Y en cumplimiento a lo dispuesto de la fracción II del artículo 69 de la Constitución Política del Estado y para su debida observancia, promulgo el presente decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo de Nayarit, en Tepic su capital, a los veintidós días del mes de agosto del año dos mil cinco.- C.P. ANTONIO ECHEVARRIA DOMINGUEZ.- Rubrica.- El Secretario General de Gobierno, Lic. Adán Meza Barajas.- Rubrica.